El presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados.

Según fuentes del oficialismo, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, convocará el lunes a los líderes de los bloques para comenzar a analizar el texto. Sin embargo, descartan que puede ser tratado durante la próxima semana.

En la actualidad, estos regímenes especiales alcanzan a más de 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre $235.000 y $335.000 por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de $14.067.

Según informaron fuentes oficiales, a pesar de que representan un 3% del total de los jubilados, el Estado gasta en estos regímenes especiales más de $25 mil millones anuales.

Tal como explicita la norma en sus fundamentos, esta reforma es parte de un conjunto de iniciativas que buscan “reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”.

Además, el proyecto señala que el déficit del sistema previsional ha alcanzado en los últimos años valores cercanos a los 2 puntos porcentuales del PBI, situación que impone “tomar medidas conducentes a la corrección de tales desequilibrios”.

Entre los cambios propuestos al régimen previsional especial para el Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se destaca en primer lugar el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años.

A su vez, aumentarán los aportes adicionales en un 7%, por lo alcanzará el 18% de los salarios; se limitará el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales) y se incrementarán los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio.

El proyecto plantea que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.

Entre las correcciones propuestas al régimen especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación cabe mencionar la reducción de la tasa de sustitución de la jubilación ordinaria y por invalidez y el incremento de los aportes personales adicionales.

Además, los funcionarios que sean designados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley “estarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen Previsional General” por lo cual queda “derogado el régimen previsional especial instituido por la Ley N° 22.731”.

Al igual que con los judiciales, para los haberes se calculará el 82% del promedio de los salarios de los últimos 10 años.

Por otro lado, se propone incluir obligatoriamente en el régimen público previsional general a los nuevos funcionarios de carrera que ingresen al Servicio Exterior de la Nación, iniciando así la paulatina integración de los funcionarios al régimen general.

Fuentes parlamentarias adelantaron a Infobae que también buscarán introducir un congelamiento por 180 días de los aumentos de jubilaciones de jueces y embajadores, hasta tanto se resuelva el sistema general de movilidad jubilatoria.

La cuestión de las jubilaciones de privilegio había generado polémica durante el debate de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se discutió en el Congreso durante diciembre.

Allí, la oposición, e incluso algunos oficialistas, se quejaron porque jueces y diplomáticos quedaban al margen de la suspensión de la aplicación de la ley de movilidad previsional, que alcanzaba a la mayoría de los beneficiarios del sistema.