La jurista Carmen Argibay pasó hoy sin sobresaltos en el Senado la audiencia pública para defender su postulación a la Corte Suprema de Justicia, y así quedó a un paso de convertirse en jueza del máximo Tribunal, ya que su pliego será analizado en el recinto de la Cámara Alta el próximo 7 de julio. La magistrada, propuesta por el gobierno para ocupar la vacante que dejó Guillermo López, respondió -durante más de dos horas- más de 100 preguntas, entre las que le formularon los legisladores y las que acompañaron las 29 impugnaciones que habían sido presentadas en su contra.
El titular de la Comisión de Acuerdos, el senador justicialista Jorge Yoma, adelantó que "ya comenzó a circular el dictamen" de Argibay y dijo que su pliego "será tratado el próximo 7 de julio en el recinto" del Senado. Argibay, quien actualmente cumple funciones en el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, recibió 29 impugnaciones, relacionadas en su mayoría con sus declaraciones sobre el aborto y su condición -que había sido hecha pública por ella misma- de "atea militante".
Al momento de responder sobre el aborto, la jueza aclaró que sus opiniones personales "no tienen nada que ver" con lo que resuelva en el máximo Tribunal de Justicia, y aclaró que su "único compromiso" es con la Constitución y las leyes. "Toda mi actuación judicial parte de la Constitución Nacional y la leyes, mis opiniones personales no tiene nada que ver con lo que dicte. Puede que no me guste una ley, pero si esa es la ley vigente, la voy a cumplir" aseguró la magistrada.
"En la Constitución se respeta la vida desde la concepción, y por tanto voy a aplicar lo que dice la Constitución", agregó Argibay. Asimismo, la jurista negó ser una "atea militante" como se definió en una entrevista periodística, y aclaró que la frase fue una "ironía" para explicar que no cree en Dios.
"Que no crea en Dios, no quiere decir que tenga que imponer a nadie que deje de creer. Nunca hice actividad militante de ninguna especie" afirmó. La penalista destacó además: "jamás le impuse criterios a nadie", y enfatizó que respeta "todas las religiones", incluida la Católica. Precisamente sectores de la Iglesia Católica se oponen fuertemente a su designación en la Corte.
Por otro lado, la penalista se mostró a favor de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y se sometan a la ley de Etica Publica, de la cual están actualmente excluídos. La sesión pública es el último trámite antes de que la Comisión de Acuerdos se pronuncie sobre la conveniencia o no de designar a Argibay, cuyo pliego ingresó al Senado el último 31 de marzo. El bloque justicialista -mayoría en la Cámara- votará a favor de Argibay, mientras que la UCR estaría analizando dejar en libertad a sus integrantes para que "voten a conciencia", según sostuvo hoy Norberto Massoni (Chubut).
Igualmente, al interior de la bancada oficialista hay algunas disidencias como la de Liliana Negre de Alonso (San Luis) y Antonio Cafiero (Buenos Aires), que votarían en contra de la designación de la magistrada, según aseguraron fuentes del bloque. Por su parte, el titular de la bancada de partidos provinciales, Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta), ambién adelantó hoy su voto negativo, al que se sumaría la representante de San Juan Nancy Avelín (Cruzada Renovadora).
Si el cuerpo le presta acuerdo a la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo, el presidente Néstor Kirchner contará con tres jueces designados durante su gestión, que se inició hace poco más de un año. Argibay se sumaría de esa manera a Eugenio Zaffaroni (designado el 16 de octubre de 2003) y Elena Highton de Nolasco, cuyo pliego fue aprobado por la Cámara Alta el 9 de este mes. La sesión pública de hoy duro más de dos horas y contó con la presencia de Zaffaroni, una veintena de senadores y otras 150 personas, algunas de ellas pertenecientes a diversas instituciones.
De las presentaciones en contra de Argibay, tres son impugnaciones "en cadena", una de las cuales tiene 2.321 carillas, todas escritas igual, pero firmadas por diferentes personas. Por otro lado, la candidata recibió 19 adhesiones que resaltan su calidad profesional, su trayectoria y su postura a favor de la defensa de los derechos humanos. Las obligaciones de la magistrada, quien integra el Tribunal Internacional que juzga los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia, hicieron que la audiencia pública tuviera que posponerse casi un mes. Por esto, Higthon fue designada antes que la penalista, aunque su pliego había ingresado al Senado varias semanas después.
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