Antonio Tardelli
A un dirigente extranjero que visitó la Argentina durante los años setenta le preguntaron qué era lo que más le había sorprendido del país. Respondió: “La cantidad de armas que ví adentro de los sindicatos”. Lo que le llamaba la atención, en realidad, era el nivel de militarización de la política; su paso por una sede gremial le vino de perillas para graficarlo. A la luz de las recientes investigaciones en torno de la llamada mafia de los medicamentos, y de sus vínculos con determinadas obras sociales, la pregunta es con qué cosas se toparía hoy en una sede sindical argentina un visitante debidamente politizado. Seguramente con órdenes, facturas, historias clínicas, recibos, burocracia. Es un tiempo de barones sindicales mercantilizados, de dirigentes que se exponen como hombres de negocios sin que nadie les pida la fórmula.
En 1982 no había nacido Juan Martín Del Potro y Guillermo Vilas seguía jugando al tenis. Diego Maradona se ocupaba de convertir goles para la Selección Argentina y no de complicarle su llegada a Campeonato Mundial alguno. Por entonces, tramo final de la dictadura, Juan José Zanola iniciaba su mandato eterno al frente de la Asociación Bancaria. Todavía permanece allí. Después de mucho tiempo, debe ahora empezar a contestar preguntas. Zanola ha quedado en el ojo de la tormenta a partir de una pesquisa judicial. Marca registrada, frente al escándalo la cúpula cegetista sólo atina a denunciar una campaña de desprestigio.
En pleno período de amor despechado, inexorable fase que deben atravesar los ángeles kirchneristas caídos en desgracia, la ex ministra Graciela Ocaña se encarga de enumerar ejemplos que ligan a los popes de la Confederación General del Trabajo (CGT) con los negocios de la salud. Su accionar, recordó la ex funcionaria, fue torpedeado desde las estructuras sindicales. Su desempeño en el PAMI fue obstaculizado desde las entrañas mismas del gremialismo ortodoxo. A poco de alejarse de la cartera sanitaria, denunció el reino de “moyanolandia”, en alusión a la mayúscula influencia del sindicalista camionero en las decisiones gubernamentales.
Sería un error pensar que los procedimientos de los popes sindicales enrolados en la CGT se diferencian de acuerdo con sus alineamientos internos. No se trata de gordos ni de flacos; no es un problema de balanza. El Poder Judicial y los organismos que controlan al Poder Ejecutivo –por ejemplo los que deben auditar los reintegros y los sistemas de subsidios a las obras sociales– podrán determinar responsabilidades penales o administrativas, pero el problema es y seguirá siendo esencialmente político. Lo que a gritos pide un cambio, un giro de sentido básicamente democratizador, es la organización de una estructura que tiene poco de obrera.
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