El presidente Mauricio Macri modificará la actual ley de semillas con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), según pudo confirmar un medio nacional de fuentes oficiales. Para este jueves, a las 13.45 en el salón blanco de la Casa Rosada, están convocadas las empresas semilleras y entidades del sector y allí se hará el anuncio de la modificación de la ley.

El 5 del actual, La Nación anticipó que el jefe de Estado había ordenado un decreto luego de que en el Congreso no se avanzara en el tratamiento de una nueva ley.

El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país.

El oficialismo alcanzó un dictamen que limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultura familiar y productores que no superan $4,8 millones de facturación. Además, estableció que por 5 años las empresas debían contemplar en la bolsa de semilla el valor que pretendían cobrar por regalías.

Para este jueves fueron convocadas tanto las empresas como las entidades ruralistas, según señalaron en el sector.

Pese al dictamen, el gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quórum.

Fuentes consultadas por el medio señalaron que el decreto de Macri tomará como base el dictamen de Diputados.

Según informó el mismo medio, la industria semillera ha venido reclamando una nueva ley para poder seguir trayendo tecnologías al país. Hoy la venta de semillas fiscalizadas en soja, sin contar los acuerdos de regalías privadas entre las empresas y productores, ronda el 20%, un porcentaje que en el sector consideran bajo. El resto del mercado se divide entre el uso propio y el circuito ilegal.

En valor el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que si se formalizara todo podría ascender a unos US$1000 millones.

Semillas ha sido un tema complicado para el gobierno. Apenas asumió en diciembre de 2015, tuvo que convencer a la multinacional Monsanto, hoy controlada por Bayer, que desistiera de controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos.

Con una resolución prohibiendo cualquier control privado no autorizado y ordenando que pasen por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas. Otras empresas también tienen frenadas nuevas tecnologías para el país hasta que se presente un nuevo marco para la propiedad intelectual.

Previo al dictamen del año pasado en el Congreso, que ahora servirá de base para el decreto, el ruralismo había avanzado en puntos de consenso para que se trabaje en torno de una nueva ley.