Por Natalia Buiatti
(de ANALISIS)
“Se ha puesto en riesgo todos los edificios, ya que nuestro sistema contra incendio está construido y probado con la red de agua termal. Si hay incendio no podemos hacer nada, por no tener el agua”.
Eso fue escrito por el empresario Jorge Aguirre, pocos días antes de su muerte. La advertencia es parte de un “borrador” que el empresario facilitó a Cuestión de Fondo y a este sitio web, donde cuenta cómo nació el Hotel Itakú en Villa Zorraquín (Concordia) y detalla las presiones a las que fue sometido. Aguirre estaba devastado por el remate de las instalaciones, previsto para esta semana. El domingo 15 fue encontrado su cuerpo con un disparo de arma de fuego. Se estaba incendiando en el interior de su dormitorio.
Origen
En 2006 Jorge Aguirre y Hugo Anselmi (fallecido, extitular de Prodinta) firmaron una carta de intención para construir un hotel en sociedad. Al tiempo, el empresario Sian Zon Li, un hombre de origen chino taiwanés se sumó al proyecto. La sociedad estaba constituida por los tres: Aguirre, Anselmi y Li. Los tres comprometieron aportes de dinero. Aguirre también tendría a cargo la elaboración del proyecto y la dirección de obra; y Anselmi debía poner maquinaria para la construcción.
Según un borrador que el propio Aguirre facilitó a Cuestión de Fondo días antes de fallecer, “Li y él fueron entregando aportes a Carlos Anselmi” que tenía a su cargo la administración. “Siendo yo el encargado de la obra, le solicitaba enviara los pagos para cumplimentar con los avances de obra. Un día, ante mi requerimiento me dijo que no había plata. Le dije que sí había, me dijo que no porque ellos no habían hecho sus aportes. Les pedí que los hagan y me respondió que no, porque no tenían dinero. Nos encontramos con mucho dinero invertido en un terreno que no era de la empresa porque todavía, gracias a la dilación provocada intencionalmente por ellos como administradores a cargo de la inscripción de la SRL. No había sido escriturado”, contó y agregó: “Para conseguir la escritura tuvimos que aceptar que ellos dejaran la sociedad y asumir, sólo nosotros dos (o sea Li y Aguirre), compromisos no programados”.
La ejecución de un documento contra Itakú
Aguirre escribió varios puntos del “primer compromiso” que les impusieron tras la salida de Anselmi como inversionista. Según el documento que facilitó, debían:
Aguirre sintetizó en esos puntos por qué, a su criterio, no era posible que los herederos de Anselmi ejecuten los documentos conservados en la Escribanía en contra del hotel Itakú. “Prodinta y sus socios, sin tener derecho o mandato del beneficiario del documento, ignorando las cláusulas del contrato, retiraron los documentos; falsificaron el plazo del vencimiento (fueron retirados de la Escribanía en 2012 y lo llenaron con fecha de vencimiento 2010); y agregaron un firmante que no existía (Itakú). Ejecutaron el documento, embargaron la propiedad y consiguieron una sentencia favorable”, subrayó.
El empresario fallecido contó que al trabar un embargo sobre la propiedad, “se impidió a la sociedad Itakú acceder a un crédito blando para terminar y abrir el hotel”.
Los golpes al proyecto y la imposibilidad de acceder al agua termal
Según relató Aguirre en más de una ocasión, el proyecto de hotel Itakú recibió golpes a poco de ponerse en marcha y durante toda su existencia. El empresario ahora fallecido marcó:
Este último punto es clave en toda la historia, porque Aguirre reconocía el impedimento al agua termal en el lote como un golpe letal, del cual el proyecto de hotel nunca se pudo recuperar.
“Anselmi dijo que no tenía plata para extender la cañería a nuestro lote y nos pidió que hagamos la obra nosotros. Accedimos. Compramos un medidor. Ellos nos pidieron que pusiéramos dos medidores para instalar uno en el lote y otro al inicio de la cañería. Le recordé a Anselmi que por contrato, los responsables del mantenimiento de cañería eran ellos, si se rompía ¿quién pagaría? Me contestó ‘alguien tiene que pagar’. Le dije ‘Hugo, también pensás estafarnos con esto? Cuando colocamos nuestra cañería, Anselmi me pidió pasar su cañería por la misma zanja. Le dijimos que sí. Nos pidieron permiso para acortar su recorrido pasando por nuestro lote. También dijimos que sí. Un día el gerente de los Anselmi me dijo que había recibido la orden de cortarnos el agua. Le conté la historia. Me contestó que el jardinero de Itakú podía romper sin querer el caño cuando pusiera una planta. Le respondí que nunca permitiría eso. Finalmente hicieron su cañería por fuera del lote y cuando la pusieron en funcionamiento, nos cortaron el agua”, aseguró.
Más adelante, en su borrador advirtió: “Tengo que agregar que se ha puesto en riesgo todos los edificios, ya que nuestro sistema contra incendio está construido y probado con la red de agua termal. Si hay incendio no podemos hacer nada, por no tener el agua”.
El empresario afirmó que a lo largo de estos años, sólo usaron una mínima parte de agua termal, antes que le impidan el acceso al recurso. Contó que utilizaron una porción para probar las cañerías y piletas. “Es tan grande el ensañamiento de esta gente que nos cortaron el agua aun sabiendo que pierden de facturar una cifra enorme. Pero tienen un plan: hacer que la empresa quiebre y tratar de quedarse ellos como dueños”, escribió.
Los episodios conflictivos contados por Aguirre antes de su muerte son numerosos. Habló de robo de materiales, de criadero de langostas que no estaría habilitado, de uso exclusivo por parte de los Anselmi de instalaciones societarias, entre otros.
“Todas las acciones de los Anselmi fueron programadas y ejecutadas para producir daños y desgaste en la sociedad, a fin de quedarse con la propiedad. Al quedarnos sin su aporte, más todas las acciones en contra de la empresa, el esfuerzo económico necesario para continuar con las obras produjo grandes tensiones entre los socios que quedamos y familias de cada uno. Hasta llegar a un punto de virtual ruptura. Yo estoy abocado a la tarea de recuperar esta empresa y poner este lote en marcha, ayudado por el señor Antonio Mainez. Y un punto crucial para lograrlo es tener el agua termal. Desde mi ignorancia me cuesta comprender cómo es posible que, pese a tener firmado un contrato de provisión de servicio, no lo cumplan impunemente. El paso del tiempo sólo agrava el problema”, dijo, apenas unos días antes de su muerte.
¿Por qué convienen los hoteles en Villa Zorraquín? Porque allí hay un pozo termal. En 2003 el gobierno provincial convino con Prodinta la explotación del recurso termal en esa zona de Concordia, de ahí la proliferación de instalaciones hoteleras en el lugar.
En 2012, Prodinta cortó el suministro de agua termal al hotel Itakú. Ese corte se mantuvo, según las declaraciones de Aguirre hasta 2015. “Fue un golpe arbitrario e injustificado, imposible de resistir ya que estábamos a sólo dos o tres meses de abrir, con personal contratado. Tuvimos que desistir la apertura porque no podíamos prestar el servicio central del hotel: el agua termal”, dijo.
¿Cómo se llega al remate?
Estas no fueron las únicas páginas que escribió el empresario sobre el hotel Itakú de Villa Zorraquín. En el ámbito judicial ahora hay una causa penal que investiga las circunstancias en las que murió el empresario. Pero también hay una causa en el ámbito de competencia Civil y Comercial, en el Juzgado 5 de Concursos y Quiebras que está a cargo de Agustín González, donde antes estuvo la jueza Flavia Pasqualini.
En el marco de ese legajo judicial, se había pedido la quiebra del hotel Itakú y estaba próximo a subastarse. De hecho la fecha para esa instancia era esta semana.
“Personalmente me tocó asumir en el Juzgado hace 4 meses y la subasta del inmueble había sido decretada por la Sala Civil de Concordia. Por lo tanto, el trámite de remate estaba ordenado hace más de 6 meses. En el trámite se procedió a realizar medidas previas y fijar fechas de acuerdo a los protocolos que establecía el Superior Tribunal de Justicia (STJ), atento a los protocolos de pandemia, con plataforma digital y proceder a preinscripción de oferentes. se adecuó la modalidad de subasta, según disposición de la Sala Civil”, contó González.
De inmediato señaló que la discusión estuvo dada sobre “la base” de la subasta. “La subasta del inmueble había sido ordenada en primera instancia por la doctora Pasqualini, se recurrió por parte de la sindicatura en algunos términos, por la modalidad de la subasta y resolvió la Sala, en marzo de este año, proceder de determinada forma. Llevamos adelante, adecuándolo al procedimiento establecido por el STJ, adecuándolo a plataforma digital donde los oferentes se preinscriben antes de la subasta”, manifestó González.
Más adelante subrayó que no le tocó entender en las cuestiones que determinaron la quiebra. “La misma ley de procedimiento permite tanto al juez que es el director del proceso así como siempre con intervención de sindicatura en representación de acreedores, llegar a la realización de bienes por diferentes medios. En una primera instancia siempre la subasta pública de bienes es la recomendada por el proceso concursal a los fines de la publicidad. ahora bien, la publicidad puede tomarla el resto de la masa de acreedores que entiende beneficioso para la masa concursal, otros medios que no son la subasta. En este caso, en otro momento hubo un interesado en la compra directa y se puso de manifiesto y había una base o precio en conjunto por una masa de bienes inmuebles como muebles. En ese caso se puso de manifiesto. Hubo objeciones de la sindicatura, se impugnó y llevó a que resuelva la Sala que confirma la resolución de doctora Pasqualini que había mandado una subasta pública con una determinada base. La sala mandó a modificar la base, en tanto ya había un postor por una determinada suma. Se tomó como base esa suma en la que ya se tenía certeza respecto de una posición de oferentes. Se lo toma como base y se manda a llevar adelante la subasta con esa base”, relató González.
“La impugnación de la sindicatura fue respecto de la modalidad”, subrayó. “Si era por subasta pública o compra y adjudicación directa de los oferentes que se presentaron al concurso realizando ofertas. En ese caso, Pasqualini ordena la subasta y la sala confirma la modalidad mandado a rectificar la base, entendiendo que la subasta es el medio de mayor publicidad”, acotó.
La base de la subasta se fijó de acuerdo a la oferta de ese postor. “se toma como base la oferta y el resto de los oferentes se podrán inscribir para mejorar esa oferta y en caso que ese postor decline su inicial intención de adquirir el inmueble por esa suma o una suma superior, teníamos fijada la posibilidad de una segunda subasta con reducción de base o pasado un plazo sin que haya oferta, una tercer subasta sin base”.
Denuncia penal por falsificación de cheque y estafa procesal
El abogado Antonio Mianez, representante de Jorge Aguirre, contó a Cuestión de Fondo que la denuncia por falsificación de documento privado y estafa procesal fue un desprendimiento del proceso en el fuero civil, a raíz del pedido de por parte de Anselmi para llevar el hotel a un concurso de acreedores y/o la quiebra. Mainez dijo que presentaron tres veces la denuncia en el Ministerio Público Fiscal pero no consiguieron que prospere.
“A la denuncia la hicimos con Aguirre por él y por Itakú, porque a pesar de esta en quiebra es gerente de la SRL”, marcó. “Cuando Anselmi presenta el pagaré para demandar a Aguirre, además de la falsificación porque le agregan la palabra ‘Itakú’ al pagaré le pusieron fecha de 2012”, señaló el abogado.
Agregó que se hizo la denuncia “porque al inicio eran tres socios Amselmi, Li y Aguirre. Anselmi se desvinculó cuando estaba en construcción del hotel. Los otros dos socios decidieron seguir adelante y acordaron pagarle una suma importante de dinero. Esa cifra, más de 381.500 dólares estaba en un convenio firmado por la escribana. Li y Agurre constituyen ese mismo día Itakú y acuerdan que a la indemnización de Aguirre la pagaría Itakú y que ellos serían los garantes. El acuerdo establece que la deuda se pagaría en tres cuotas: una de 76.300 dólares y otras dos de 152.600 dólares para llegar a los más de 381.500 dólares. Los tres pagarés fueron creados y entregados a la escribana. Esos tres pagarés quedaron guardados por 5 años porque en el convenio de desvinculación acordaron que si en 5 años el avance de obra no llegaba para cubrir los documentos, se tenía que pagar el monto acordado. A los 5 años, cuando Anselmi ya había muerto, su hijo y retiró de la Escribanía los tres pagarés, firmó un recibo y se los llevó”, detalló.
Contó después que “al mes, en septiembre promovieron el juicio por el pagaré de más de 76.000 dólares que estaba creado en blanco, con fecha y monto. Le agregaron en la parte izquierda, donde firmaron Aguirre y Li por sí ‘y por Itakú’. Eso permitió que Prodinta pueda hacer el juicio ejecutivo. Se presentó la sociedad, Aguirre y Li plantearon que ese documento no es hábil para la sociedad porque no estaba firmado por la sociedad, sino que fue agregado en contra de convenios acordados. La sociedad no podía ser sujeto de una demanda ejecutiva. Esa defensa no prosperó en primera ni segunda instancia, a punto tal que llevaron el hotel a remate. Cuando eso pasó, un acreedor pidió la quiebra porque el único activo de la sociedad es el hotel”.
Entonces hicieron la denuncia. “Decimos que hay un documento privado adulterado. A su vez que esa adulteración causa perjuicios y al ser utilizado ese documento en un juicio ejecutivo, entendemos hay concurso real de delitos y por eso hacemos esta denuncia”, apuntó Mainez.
Agregó que se trata de la “tercera vez que hacemos esta denuncia”. “La primera el fiscal la desistió por entender que es una deuda comercial. Pedimos al coordinador que nombre un nuevo fiscal y volvió a pasar lo mismo. Cuando desestimó el segundo fiscal ya éramos querellantes, pedimos que se convierta la acción pública en privada y seguimos adelante. Generamos prueba pero luego hubo caducidad de la instancia en sede penal y la causa se cayó porque se declaró caduco el proceso, pero no que están sobreseídos, ni prescripta la acción”.
Cuando eso ocurrió, la justicia penal ya no abrió la puerta a la demanda de Aguirre. “Es un incordio importante -consideró el abogado Mainez-, si no hay una causa abierta, no te permiten ser querellante”.
Más adelante subrayó: “Nos presentamos para ser querellantes. La justicia nos dijo que no podemos ser querellantes porque la Fiscalía no nos abre la causa. Esto es importante porque es un vacío legal. Si el fiscal decide no hacer nada, no tengo poder. Es si el fiscal decide o no abrirme la puerta. Me presenté y expliqué y aporté lo que puede interpretarse como nueva prueba. Conseguimos todos los libros contables y sociales de Prodinta, que no tiene ningún registro la deuda. Y conseguimos los otros dos pagarés que están como dice el convenio, firmados por Li y Aguirre, el monto y nada más. Tienen fecha de creación y no tienen fecha de vencimiento ni nada”, subrayó. Marcó después que “hay otro elemento en el pagaré que fue adulterado”. “Además de agregarle Itakú le cambiaron la fecha, algo que difiere a lo que está acordado. Se le colocó como fecha de vencimiento 2 años antes de los 5”.
“Queremos que por favor nos abran la causa, no importa si la sigue o no porque puedo seguir solo como querellante. Me quiero presentar ante la quiebra para pedir que se suspenda subasta. La estafa procesal que se realiza mediante juicio ejecutivo –que el juez no advierte el documento adulterado y le da trámite-, coloca como víctima al juez y como perjudicado a Itakú y Aguirre. Como ellos no cobraron, la estafa no está consumada, está en grado de tentativa. El cobro va a consumar el delito de estafa. Ellos sólo pueden cobrar si la quiebra se realiza y hay plata para distribuir sea a prorateo o crédito total. El proceso civil viene siendo un vehículo para consumar la estafa”, acotó.
El abogado consideró que “las expectativas son escasas porque se puede plantear quiebra independiente de aquel acto por más que se haya pedido subasta en juicio ejecutivo. Pero ese es el planteo de fondo que vamos a hacer, teniendo no la denuncia presentada caratulada, sino que tenemos que esperar que Fiscalía nos abra la IPP y con eso ir a sede civil con suerte escasa de que justicia advierta que no puede ser usada como tal para consumar un delito”.
Muerte violenta y causa penal
Agobiado por la situación y sin respuestas, Jorge Aguirre fue encontrado muerto el domingo de mañana.
En principio se sabe que su cuerpo fue hallado con un disparo de arma de fuego. La fiscal a cargo del caso, Julia Rivoira, confirmó que el proyectil entró por la boca. Dijo también que al lado de su cuerpo encontraron un revolver 9 milímetros. Un arma que no tenía pedido de secuestro. Además, fuentes judiciales precisaron a este medio que la pistola apareció al costado de Aguirre, en el dormitorio que él ocupaba en el primer piso. La hipótesis principal de la muerte es el suicidio.
Se remarcó que cuando los bomberos fueron alertados por el humo en las inmediaciones, para entrar al hotel debieron romper la puerta. Las instalaciones, principalmente de madera tomaron fuego rápidamente. Aún no se sabe cuál fue el elemento acelerante del incendio.
Del interior de hotel extrajeron el cuerpo de Aguirre. Además secuestraron un teléfono celular y una laptop que están siendo peritadas. En el lugar hay cámaras de seguridad y las imágenes, según subrayó extraoficialmente personal que trabaja en la investigación, reforzarían la teoría del suicidio.
Datos de la quiebra
El pedido que no cesa con la muerte de Aguirre
Datos de la causa penal por la muerte de Aguirre
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