Por Gabriel Michi

Nada es casual. El refrán señala que quien siembra tormentas, cosecha tempestades. O también se podría decir que quien siembra gérmenes, cosecha enfermedades. Y eso parece haberse hecho carne en Brasil tras cuatro años de gobierno de Jaír Bolsonaro donde los discursos del odio y de la violencia parecen tuvieron un impulso irresponsable desde lo más alto del poder político. Donde la sociedad se armó como nunca antes había ocurrido. Y donde las prédicas que ponían en duda las instituciones democráticas fueron una constante. El resultado se pudo ver reflejado en la misma noche en que se supo que Bolsonaro había perdido el ballotage contra Luis Inacio Lula Da Silva.  Fue entonces cuando miles de sus seguidores que no aceptaron el resultado electoral -y apoyados en el silencio oficial ante la derrota y la negativa a reconocerla- cortaron rutas y fueron a manifestarse a las puertas de los cuarteles para pedir a los militares que dieran un Golpe de Estado. Esos reclamos se mantuvieron -en menor volumen- incluso hasta que Lula asumió la Presidencia el 1 de enero. Pero faltaba un capítulo más a esta saga de actitudes antidemocráticas. El más grave. El más violento. El más fascista. Y eso llegó el domingo 8 de enero de 2023, apenas una semana después del inicio de la tercera Presidencia de Lula: cientos de fanáticos bolsonaristas se congregaron en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y después de eso tomaron los edificios del Planalto (sede del Ejecutivo), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.  Y en esa aventura terrorista produjeron todo tipo de destrozos en las instalaciones públicas, con pérdidas inconmensurables de valores históricos. Finalmente fueron reducidos y detenidos -al menos 200- por la Policía Militar. Y en el medio quedó flotando la sensación de muchas complicidades y apoyos -hasta financieros- desde las sombras.

Lula dio un duro mensaje contra quienes asaltaron los edificios del Estado y ordenó la intervención federal de Brasilia, además de advertir que van a meter presos a todos los responsables de la barbarie. Y obviamente responsabilizó al clima antidemocrático gestado por Bolsonaro. El presidente estaba visitando la ciudad de Araraquara, afectada por las inundaciones, en el Estado de San Pablo, cuando se inició la serie de ataques a las sedes del poder en la capital del país. Por eso regresó rápidamente a Brasilia y comprobar los innumerables daños que los violentos, a los que llamó “fascistas”, habían provocado en las instalaciones. El presidente había señalado horas antes sus sospechas de cierta complicidad por parte de la Policía local, algo que quedó en evidencia cuando se conocieron imágenes de patrulleros prácticamente escoltando a los manifestantes que marchaban hacia los edificios públicos y otros que hablaban amablemente con otros.  Además llamó la atención que las autoridades policiales no hayan notado la gran afluencia de ómnibus a Brasilia llenos de fanáticos de Bolsonaro en las horas previas al asalto.

En tanto, el ex presidente Jair Bolsonaro -quien se encuentra en EEUU desde fin de año y que no estuvo presente para entregarle la banda presidencial a Lula- se pronunció recién siete horas después de los incidentes. Y lo hizo apenas con tres tuits: "Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", señaló en el primero, despegándose del tema. En el segundo, siguió en el mismo tono: "A lo largo de mi mandato siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad". Pero en el tercero aprovechó para enfrentarse con Lula: " Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil".

Por su parte, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia Ibaneis Rocha -aliado político del  Bolsonaro-,  pidió disculpas por lo sucedido en su distrito pero no alcanzó. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alexandre de Moraes, lo destituyó de su cargo por 90 días. Sobre Rocha pesa la responsabilidad política por no haber anticipado lo que podía suceder teniendo en cuenta los movimientos que se notaban en el DF desde horas antes y también el accionar -o el no accionar- de su Policía. Además de la sospecha sobre su flamante secretario de Seguridad, Anderson Torres, a quien había echado horas antes. Torres -que fue ministro de Justicia durante los dos últimos años del gobierno de Bolsonaro- había sido apuntado por Lula por su potencial responsabilidad en los hechos y llamativamente se encuentra en Orlando, EE.UU., el mismo lugar donde está el ex presidente brasileño.

Los líderes de toda América Latina, como la Unión Europea (UE) y EE.UU. repudiaron el intento de Golpe de Estado en Brasil. Joe Biden señaló: “Condeno el asalto a la democracia y al traspaso pacífico del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y no debe socavarse la voluntad del pueblo brasileño. Espero seguir trabajando con Lula”. Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell dijo estar “consternado” por “las acciones de violencia y la ocupación ilegal” de instituciones a manos de miles de “extremistas”. “La democracia brasileña prevalecerá sobre la violencia y el extremismo”, manifestó Borrell.

En tanto, el presidente argentino Alberto Fernández sostuvo: "Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia. Mi incondicional apoyo y el del pueblo argentino a  Lula frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando. Como presidente de la CELAC y del Mercosur, pongo en alerta a los países miembros para que nos unamos en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil. Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente Lula. Estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir Nunca Más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve". La posición de Fernández fue la misma que tuvieron el resto de los presidentes de la región, como también -con matices- líderes opositores, salvo algunos representantes de la derecha más extrema.

Brasil no había tenido un ataque semejante a las instituciones democráticas desde el Golpe de Estado de 1964 que inauguró un período muy prolongado de oscuridad de dictaduras militares que gobernaron por 21 años (hasta 1985). Los hechos desatados este 8 de enero en Brasilia tuvieron muchos paralelismo con lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en EE.UU. cuando un grupo de fanáticos ultraderechistas violentos, seguidores de Donald Trump, tomaron el Capitolio en una jornada que se saldó con 5 muertos. Como en el caso de los bolsonaristas, esos trumpistas tampoco reconocían el resultado de las urnas y denunciaban un fraude electoral por parte del ganador, Joe Biden. Sin embargo, lo sucedido en Brasil puede ser considerado aún más grave porque los terroristas tomaron las sedes de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Algo que sorprendió a todos. O no tanto. Porque el germen del golpismo se venía cultivando desde hace tiempo. En las calles pero, sobre todo, desde la cima de poder.