Muntes adelantó que analizan medidas de fuerza por las recategorizaciones.
El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó el incumplimiento del gobierno provincial al acuerdo paritario sobre recategorizaciones y adelantó que preparan medidas de lucha. También anunció que esperan la convocatoria a la paritaria salarial para discutir el último trimestre del año.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Muntes sostuvo que “en el acuerdo paritario, por acta paritaria, se decidió recategorizar a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial con fecha de aplicación a partir del 1 de enero de 2026 y hasta ahí estábamos todos de acuerdo y empezamos a trabajar en el instructivo. El problema ahora es que no podemos avanzar porque el gobierno no ha presentado una alternativa como presentó ATE con más de 21 puntos”.
En este marco, planteó que “el punto principal es que se tomó el instructivo de 2022 para mejorarlo y que los trabajadores del Estado tengamos las recategorizaciones como se había acordado, pero ahora nos encontramos con que el gobierno provincial no tomó ningún punto de los que planteó ATE, no podemos avanzar, no hay propuesta, pero a su vez está planteando que no va a tomar el instructivo 2022 para la mejora del salario de los trabajadores en la recategorización”.
“Es un problema complejo, no podemos avanzar, no hay propuesta del gobierno con el artilugio de que dicen que no hay plata en el gobierno provincial. Esto fue acordado en paritaria y se trata de la carrera de los trabajadores y trabajadoras, y no podemos hablar de introducir la capacitación en este instructivo porque no la hemos tenido. Nosotros decimos que todos los trabajadores del Estado debemos capacitarnos, debemos tener como horizonte la capacitación para ir mejorando nuestra carrera, pero también planteamos convenio colectivo de trabajo, la reglamentación del régimen jurídico básico, que no lo hacen”, definió el dirigente.
“Nosotros planteamos un esquema, según lo que dice el instructivo, que cada determinados años el empleado va ascendiendo. Según el instructivo que nosotros planteamos, cada cuatro años tiene que haber un cambio de categoría. Por ejemplo, todos iniciamos con la categoría 10 y cada cuatro años se va ascendiendo, y luego hay tramos técnicos que tiene que ver con la capacitación y formación, y a su vez están las responsabilidades funcionales. Todo esto tiene que ver con la carrera del empleado, pero no lo tenemos implementado porque no tenemos la reglamentación del régimen jurídico básico que duerme el sueño de los justos desde hace décadas. Por eso es que recurrimos a los instructivos y con eso tenemos que buscar la mejor manera para que sea más o menos equitativo, porque tomamos como punto principal la antigüedad”, explicó.
Al respecto, agregó: “Necesitamos que de una vez por todas se reglamente la carrera del trabajador del Estado, que de una vez por todas sepamos cuándo ingresamos, cómo ingresamos, de qué forma vamos a ascender y qué tiene que ver la formación y la capacitación, y hoy no lo tenemos. No se puede inventar un artilugio de plantear una capacitación si no la tenemos, entonces ¿quiénes son los que van a tener derecho a la recateogrización? ¿los que se capacitaron, dónde? Nosotros tenemos un programa democrático que plantea que, de aquí a un año, nos formamos y capacitamos en UADER, en UNER, en el CGE, y a partir de ahí tener un norte, pero no nos pueden plantear una capacitación que es algo que no se hizo”.
Reiteró que “todo esto se acordó en paritaria y el gobierno se comprometió a hacerlo, y planteamos que se tome como base el instructivo 2022 porque es muy bueno para todos los trabajadores y trabajadoras porque garantiza la antigüedad, y a partir de ahí que trabajemos en la capacitación, pero tiene que ser a largo plazo, dándole la herramienta y el tiempo necesario a cada uno de los trabajadores para que se vayan formando y capacitando, poniendo como norte el convenio colectivo de trabajo o la reglamentación para mejorar la 9755. A esto lo tiene que hacer el Estado, nosotros como ATE llevamos 20 puntos de propuesta y no tomaron ninguno diciendo que la situación económica es difícil. Resulta que siempre para nosotros la situación económica es difícil”.
Ante este panorama, Muntes adelantó que “se analiza asamblea, movilización y toda la lucha que tengamos que hacer. El lunes de la semana que viene se inicia con reuniones de comisión ejecutiva, con un parámetro muy claro: que en la próxima reunión tiene que haber con claridad el proyecto que lleva adelante el Poder Ejecutivo y si no ATE se va a declarar en estado de asamblea permanente en defensa no solamente del salario –que se viene la paritaria que en estos días nos tienen que convocar- sino también por las recategorizaciones que era algo totalmente acordado”. “Los trabajadores nunca conseguimos nada si no es luchando, y tenemos claro que se viene la calle, lucha, asamblea, si no conseguimos lo que ya hemos acordado”, sentenció.
En cuanto a la paritaria salarial, sostuvo que “se tiene que convocar la última semana de septiembre, y suponiendo que se tomaron esa semana para ir acomodando la convocatoria, tendría que concretarse en la primera semana de octubre que ya estamos transitando para ir viendo el último trimestre del año, donde tiene que venir la propuesta del Poder Ejecutivo”.
“Este trimestre fue muy difícil para nosotros de cobrar tres cuotas de 50.000 pesos y 150.000 pesos para cada trabajador en actividad y 25.000 pesos para los jubilados. Ahora tiene que convocar a paritaria y a partir de ahí vamos a transitar el último trimestre, y nuestro planteo sin dudas es que ningún trabajador debe cobrar menos de la canasta familiar que es de más de 1.210.000 pesos. El 85% de los trabajadores que representamos no llega a ese número ni cerca, ni hablar de los trabajadores municipales que están todos por debajo de esa media”, planteó.
Explicó que desde el sindicato “planteamos que el monto de la canasta es lo que necesitamos como familia para vivir medianamente, pero entiendo el contexto y que el salario mínimo garantizado es de 790.000, 800.000 y 810.000 pesos según la categoría, los adicionales y las asignaciones que cada uno tenga, ya estamos por lo menos 400.000 pesos por debajo de lo que se necesita para vivir dignamente. A partir de ahí es que esperamos la propuesta del Poder Ejecutivo para poder recuperar salarios. Todavía no pudimos recuperar la brutal devaluación de diciembre de 2023 y siempre va a seguir siendo nuestro norte recuperar el poder de compra”, concluyó.
