La pandemia de coronavirus desbarató no solo los sistemas de salud de todo el mundo sino también las formas de relacionarse, moverse, trabajar. Además, profundizó una problemática que crece día a día: los patrones de la violencia machista se acentúan durante el período de aislamiento social y las víctimas se ven impedidas de denunciar.  Luego del trágico incendio que se produjo en Paraná el viernes pasado donde una mujer y sus cuatro hijos resultaron gravemente heridos, un informe de Cuestión de Fondo dialogó con referentes de distintas áreas para conocer las estadísticas y acciones que se llevan adelante en la provincia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), referente indiscutible para la pandemia de coronavirus, advertía en 2013 que la violencia de género es un “problema de salud global de proporciones epidémicas” y que el 30% de las mujeres del planeta la sufrirán en algún momento de sus vidas.

En este tiempo en que el Covid-19 obligó a las personas al aislamiento, esa violencia se agravó ya que muchas mujeres quedaron encerradas con sus maltratadores y el hogar se volvió un lugar aún más peligroso. “El encierro hace que se incremente el riesgo de violencia en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se generan más conflictos por cuestiones domésticas y familiares; la violencia en el ámbito privado se prolonga sin que sea interrumpida; y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor”, explica el escritor Miguel Lorente Acosta en su texto “Confinamiento y violencia”.

Asimismo, el “quedate en casa” significó una disminución de las denuncias, pero no porque no hay casos sino por el temor que tienen las mujeres a denunciar cuando no pueden salir del mismo espacio que comparten con la persona que las violenta, o porque se vieron impedidas por las distancias y las dificultades para usar el transporte público.

Durante los seis meses de aislamiento social, en Argentina se registraron 127 femicidios, lo que supone una muerte cada 34 horas, según datos del Observatorio  Nacional de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).

De los femicidios cometidos entre el 20 de marzo en que empezó la cuarentena y el 20 de septiembre, 114 fueron directos –mujeres asesinadas-, 11 indirectos –niños y niñas relacionados con la mujer que sufrió violencia machista-, y otros dos fueron travesticidios. Además hubo 124 intentos de femicidio y tres intentos de travesticidio.

En el 65% de los casos el femicidio fue cometido por la pareja o la expareja de la víctima, y el 71% ocurrió en la vivienda de la víctima o compartida con su agresor.

Al respecto, la coordinadora nacional de la entidad, Silvia Ferreyra, analizó que la cifra en este medio año fue “similar” a la de años anteriores, aunque en los cuatro primeros meses de pandemia se notó “una diferencia superior” en cuanto a víctimas de la violencia machista y en los dos últimos meses la situación se estabilizó. Además, remarcó que las cifras de femicidios son “constantes” en el país y aunque altas, las estadísticas de la pandemia “no son significativamente distintas a las del año pasado”.

El trabajo de la justicia entrerriana

En la Fiscalía de Género, en el primer semestre de 2020 el número de causas bajó por la pandemia y las restricciones a la circulación. No obstante, después volvieron al mismo número de entre 30 y 40 semanales y eso sigue sostenido desde 2019, sólo en el Departamento Paraná.

Desde la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) se realizan articulaciones con organismos que integran el Poder Judicial y de otros poderes del Estado en procura de garantizar el efectivo acceso a justicia de todas las personas y especialmente de las mujeres en materia de violencia, con el objetivo de superar viejos estereotipos de género.

En el ámbito de la OVG, funciona el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) de Entre Ríos. Consiste en la sistematización de la información que cada organismo del Poder Judicial de Entre Ríos ingresa diariamente en el software jurídico referida a causas de violencia familiar y contra la mujer, así como de delitos cometidos en razón de dichas clases de violencia.

La totalidad de los organismos que integran el Poder Judicial en los distintos fueros: de Familia, de Paz, Laboral y Penales –OGAs y Fiscalías- en todas sus instancias, ingresan datos obtenidos de los expedientes al Sistema REJUCAV. De ello resulta que la carga es efectuada por Juzgados de Paz, Juzgados de Familia, Juzgados de Garantías y OGAs, Fiscalías, Juzgados Civiles y Comerciales, Salas y Cámaras, Juzgados Laborales, Salas del STJER, Juzgado Penales de Niños y Adolescentes, Cámaras en lo Contencioso Administrativo, Juzgados de Ejecución de Penas y Mesa de Información Permanente (en Paraná y Concordia).

De lo anterior emerge que todas las instancias judiciales en las que el expediente se tramite, subirán al sistema las resoluciones dictadas. Es dable aclarar que, entre los Juzgados Civiles y Comerciales, los que cargan al sistema son los que tienen competencia en materia de Familia y/o Laboral (San Salvador, Paranacito y Federación).

El REJUCAV tiene por objeto la recolección y sistematización de datos de las causas de violencia – civiles, laborales y penales- de la provincia de Entre Ríos, a fin de contar con un banco de información que permita proporcionar antecedentes durante el proceso judicial, así como generar estadísticas que brinden indicadores concretos para la elaboración de políticas públicas en materia de abordaje y seguimiento de situaciones de violencia familiar y contra la mujer. Además, el Registro permite recopilar y analizar sentencias y resoluciones, optimizando de esta forma el servicio de justicia.

En un informe que comprende el primer año de pandemia, entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de marzo de 2021 se registraron en REJUCAV un total de 11576 expedientes tramitados. De ellos, el 41.85 % corresponden a violencia familiar (Ley 9198), el 40.45 % violencia contra la mujer (Ley 10058) y el 17.7 % a delitos vinculados a dichos tipos de procesos (Expedientes Penales).

En los gráficos a continuación elaborados por el área de Estadísticas del STJ, a cargo de Sebastián Castillo, se puede ver la cantidad de procesos judiciales que se tramitaron entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en materia de violencia en los Juzgados de Paz, de Familia y los Juzgados Civiles con competencia en Familia. 

Políticas públicas

Está claro que el aislamiento agrava la vulnerabilidad de las mujeres y favorece el contexto de violencia. Ante ello, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi explicó a Cuestión de Fondo qué se hace desde el Estado y aclaró en primer lugar que el organismo no es receptor de denuncias.

Sobre las acciones concretas, definió que “cuando se dice que no fue muy grande el crecimiento de las denuncias, lo decimos en este contexto de pandemia, por eso fue importante la decisión que se tomó a nivel nacional de generar algunos mecanismos que faciliten el acceso para que las mujeres y familias en situación de violencia puedan hacerlo”.

Informó además que “la Justicia de Entre Ríos puso a disposición un formulario on line para la denuncia y en momentos de 2020 donde era más estricto el aislamiento y la restricción de la circulación hubo una resolución por la cual a la mujer se le permitía movilizarse para hacer una denuncia, y también hacia el interior de los organismos hubo que redefinir la modalidad de atención”.   

Acotó que “se redoblaron los esfuerzos para estar mucho más cerca en relación a los seguimientos, porque lo que se hace desde los equipos técnicos es estar cerca, para ver si hubo incumplimientos” y admitió: “Hay una sensación que tenemos quienes trabajamos en esto, que se carga mucho la responsabilidad sobre la mujer que debe denunciar el incumplimiento, entonces en este organizar la respuesta del Estado y tomar acciones concretas tiene que ver con esto, con poder seguir cada caso y comprobar si esas restricciones se incumplen”.

Respecto de la cantidad de intervenciones del organismo, detalló que “desde que comenzó el año hasta hoy, hubo unos 100 casos por equipo, y estamos llegando a unos 500 casos”.

Consultada por lo que falta, la funcionaria explicitó: “Siempre vemos qué falta pero también es justo ver todo lo que se avanzó en este tema. Desde 2012 se avanzó con la creación del Consejo de Prevención de las Violencias, donde se tomó la decisión de que los tres poderes del Estado puedan estar en una mesa elaborando un protocolo de actuación para evitar superposición de recursos, y de intervenciones, y evitar la re victimización de la mujer. Mirando para atrás es mucho lo que se ha hecho, hay equipos que hace mucho que están trabajando en esto, por supuesto que reforzar y apostar a más tiene que ver con los objetivos que vamos planteando, pero también esto en el contexto de pandemia nos obligó a redefinir algunas de estas cuestiones”.

En cuanto a la eficacia del accionar judicial, dijo que “el vínculo y el diálogo con la Justicia es permanente, tal vez muchas veces pensamos que tendría que ser de otra manera, más rápido o más inmediato, pero muchas de las cosas que trabajamos desde el Ministerio de Mujeres nacional, la provincia y todo lo que se garantice tiene que ver con el principio de inmediatez”.

Por último, recalcó que “toda mujer puede realizar la denuncia por violencia en la comisaría más cercana, en la Justicia y también en los organismos de toda la provincia, las áreas locales dispuestas por los 0-800, las líneas de WhatsApp”. “Muchas veces las mujeres no se deciden a denunciar en el momento pero para eso estamos los organismos del Estado, para acompañar también esos procesos”, concluyó.

Lo que falta

Es claro que falta mucho por hacer porque la violencia está inmersa en el ser humano y en la sociedad, fuertemente atravesada por prácticas machistas. En ese contexto, ¿es suficiente y eficiente el trabajo del Estado? ¿Qué falta? La abogada especialista en violencia de género, Fernanda Vázquez Pinasco reflexionó al respecto en Cuestión de Fondo.

“Creo que hay un cambio de paradigma respecto de esto y que hay políticas con perspectiva de género y podemos contar con algunos recursos de tipo económico y de otro tipo que nos brinda el Estado provincial a aquellas mujeres que están en situación de violencia; en situaciones graves el Estado acude. Pero hay que bajarlo a la realidad… ¿qué nos pasa a diario? ¿Qué pasa cuando una mujer decide denunciar, decide contar lo que le pasa en su casa, cuando hay un intento de femicidio? ¿qué pasa cuando hay lesiones?. Es allí donde tenemos que seguir haciendo foco y hablar de la prevención”, analizó la profesional.

Y agregó que “ningún Estado de ningún país de este Planeta puede asegurarte que no sucedan hechos desafortunados e ilícitos en el contexto de violencia de género pero sí se puede buscar medios para prevenir, y si el hecho ocurrió –porque el derecho penal actúa cuando el hecho ya ocurrió- debe haber una coordinación de intervenciones para que no seamos inadecuados al dar las respuestas. Y quien puede dar respuestas es el derecho civil, desde una política pública importante como la reforma judicial feminista, porque con esta mirada de derechos humanos que tenemos las feministas podemos dar cuenta de lo que sucede dentro del ámbito judicial”.

En cuanto a las cosas que faltan por hacer, advirtió que “no alcanza con que tengamos las medidas de prohibición, las restricciones, los límites de acercamiento. No alcanza porque dejamos solas a las mujeres. Lo que hace falta es el acompañamiento con equipos técnicos especializados, con presupuesto para las mujeres, porque seguimos siendo invisibilidades. Necesitamos reglas claras, con intervenciones claras y con el tiempo: la tutela judicial efectiva que significa el tiempo porque si no, no hay justicia; y la debida diligencia que debe estar al servicio de las personas. Debe entenderse que la justicia es un servicio público y por tanto es exigible, y por tanto las mujeres tenemos que exigir protección, pero antes tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos”.

Asimismo, remarcó que “la mujer tiene derecho a denunciar, y su palabra vale mucho, porque quien se anima a hablar traspasó una barrera muy importante que es su vida privada; y tener que contarle a alguien que n conoces, que nunca antes viste, es bien importante, y es bien valiente. Entender que una vez que la mujer logra surcar esa primera etapa que es denunciar, hay que activar una red de contención que tiene que ver con diferentes aristas”.

Consultada por lo que hace falta para lograr una reforma judicial feminista, aseguró que “voluntad política, no solamente hacer un curso de la ley Micaela”. “Esta mirada que no suple un curso, que lo dicta cualquiera, no es leer una ley sino es el cambio social, y eso se va a dar en parte por medio de una reforma judicial donde se concientice –que es mucho más que tomar conciencia- de que esto ocurre y ocurre porque se da en un contexto de una sociedad patriarcal asegurada por el machismo y que refuerza la violencia y la discriminación”.

“Podes tener un botón antipánico pero si no llegás a apretarlo a tiempo, en definitiva sos vos las que te cuidás; a la vez tenés la medida de protección pero si hay alguien en el camino de responsabilidades que facilita o no hace lo que tiene que hacer, sea la policía, sea un juez o jueza de garantías, sea el Ministerio Público Fiscal, un empleado o empleada que no cree lo que estás diciendo, ahí sucede que llegamos tarde”, concluyó.

 Conclusión

Más que nunca en este contexto, es necesario actuar contra la pandemia de la violencia de género y evitar sus consecuencias y muertes. Ya es tiempo de adoptar medidas preventivas, y en esta materia, lo único que no podemos hacer es lavarnos las manos y mirar para otro lado.