El pasado 30 de noviembre se presentó en la Cámara Baja entrerriana el borrador de la denominada “Ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos”. Toma forma así nuevamente un postergado debate en torno a la regulación de las pulverizaciones con agroquímicos que ha tenido como epicentro la discusión de las distancias de las aplicaciones alrededores de las escuelas y poblados rurales. Una discusión que llegó a la Justicia y ha no logrado encausar en acuerdos básicos respecto a las problemáticas que entrañan para la salud y el ambiente el uso de estos pesticidas para la producción a escala. La falta de consensos se ha visto en los frustrados pasos que han dado las sucesivas propuestas legislativas.

Ahora, tal como lo venía anunciando el gobernador Gustavo Bordet, y se había visto fogoneado intensamente por las entidades rurales, se presentó un nuevo proyecto que plantea en la letra “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”, tal como dice en sus primeros artículos el documento.

En lo resolutivo y concreto, la normativa plantea en su artículo 4º que “El Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos, o el organismo que en el futuro lo reemplace, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, garantizando la intervención de la Secretaría de Ambiente, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley”. Es así que se vislumbran de entrada las desavenencias. “La ley es regresiva, porque sigue siendo autoridad de aplicación Producción, cuando sí o sí debe intervenir Ambiente y Salud”, planteó una abogada especializada en la materia al portal Era Verde. Y en este orden desnudó las flaquezas de la ley al señalar que la norma plantea regular los “domisanitarios” (producto de limpieza y desinfección) cuya regulación están bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), “que es del área de Salud”, apuntó.

Cuestionado

La ausencia de la intervención del área de Salud es el aspecto más relevante que hicieron notar desde la Coordinadora provincial por una vida sin agrotóxicos: Basta es Basta. En un documento crítico a la propuesta parlamentaria. “Mientras la genta está entretenida en el Mundial nuevamente se presenta un proyecto regresivo, tramposo y contradictorio que busca legitimizar la utilización de venenos en la producción agroindustrial, en perjuicio del cuidado de la salud y el ambiente. Postergado este debate desde el inicio de la gestión, el Gobernador Bordet elige el momento más difícil del año tratando de evitar el análisis y debate que corresponde. La postura de la ‘mesa de Buenas prácticas agrícolas’; no responde al sentir del conjunto social entrerriano”, apuntaron.

En este sentido hicieron saber que la iniciativa “para las supuestas Buenas Prácticas Agrícolas que propone Bordet, no cumple con los requisitos del Acuerdo de Escazú, que establece acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales; no se ajusta a los principios del Derecho Ambiental, no reconoce al Uso de Agrotóxicos como una actividad peligrosa para el Ambiente y la Salud. No involucra al Ministerio de Salud cuando se trata prioritariamente un tema de salud pública”.

Desde el Basta es Basta consideran que se “pretende actualizar el cuestionado y judicializado marco legal vigente para el uso de Agrotóxicos en Entre Ríos; La ley Provincial de Plaguicidas N° 9780 del año 1980; y propone un proyecto laxo y regresivo que no corresponde a nuestro actual escenario ambiental y sanitario en la provincia; menospreciando los datos duros publicados por el mismo estado. La agroindustria es la única industria que está exceptuada de tener controles ambientales cómo las demás actividades contaminantes. Siendo que además es la principal causa de contaminación de ríos, arroyos y humedales”.

Finalmente, interpelando a diputados y senadores apelan “a que nuestra Legislatura provincial no sean meros operadores que representen intereses empresariales concentrados; y que livianamente impulsen normativas permisivas que sigan lesionando la salud pública y sigan sosteniendo un modelo concentrado; extractivo; que agota la fertilidad del suelo y carga de tóxicos nuestros cursos de agua. Un modelo que ha dejado excluidos a un tendal de pequeños productores; y que arraso nuestro monte nativo (quedando solo un 4% del mismo); monte que nos garantizaba el ciclo del agua y que nos protegía del calentamiento global”, y en este orden exigen “a las y los Legisladores que cumplan con su deber de legislar para la salud de las generaciones presentes y futuras. Basta de política extractivista. Otras formas de producir son posibles, urgentes y necesarias”, concluyeron.