La jueza del Tribunal Oral Federal Nº1, Laura Cosidoy, espera que esta vez la Justicia de Santa Fe investigue las amenazas que recibió recientemente. Hace diez días, un comisario inspector retirado le hizo llegar un mensaje de neto corte mafioso a través de un amigo de su familia y le dijo que ella podía correr la misma suerte que el ex jefe de Drogas Peligrosas, Alfredo De Félix, quien murió el 6 de agosto pasado en un dudoso accidente de tránsito cuando viajaba desde Santa Fe hacia Reconquista. La magistrada denunció esa intimidación ante la Fiscalía Federal Nº 3 en turno y se esperan actuaciones judiciales al respecto. Estos aprietes no son nuevos para Cosidoy y su familia. En 1993 fue baleado el frente de su casa custodiada por la policía y el ataque jamás fue esclarecido.
Todo se inició hace 15 años cuando desde su despacho en el Juzgado Federal Nº 3 empezó a hurgar para desarticular las redes del narcotráfico. Primero desbarató una banda encabezada por Jorge Halford.
Luego, en marzo de 1993 y tras minuciosas tareas de inteligencia junto con personal de la división Drogas Peligrosas de la provincia —por ese entonces a cargo del comisario mayor De Félix— se detuvo en el bufé del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria a José Luis Salerno. El hombre de 40 años era uno de los cabecillas de otra banda de narcos. Días después cayó en Gálvez un socio de Salerno: José Luis Salazar.
La investigación no concluyó allí y en Pinamar arrestaron a Sergio Bonfiglio, la tercera pata de la banda. Pero el grupo de narcotraficantes tenía conexiones muy diversas. Por eso se hicieron allanamientos en el hipódromo Independencia y en varios haras. Parte del dinero de la droga era lavado a través de la compra de caballos de carrera, por lo que siguieron los arrestos y los allanamientos.
Giro
Hasta ese momento, la jueza y los efectivos de Drogas Peligrosas no habían sufrido ningún tipo de intimidación. Todo cambió cuando Cosidoy empezó a investigar a integrantes de la policía provincial por su presunta vinculación con la banda.
El 18 de mayo de 1993 quedaron detenidos el subcomisario César Peralta, y los sargentos Aldo Rey y Miguel Masiello. El 25 de ese mismo mes fueron arrestados los comisarios principales Jorge Daniel Benítez y Angel Roberto Cuello y el subcomisario Miguel Feldman.
“Los riesgos no comenzaron con la detención de los cabecillas de la banda, sino con las derivaciones que tuvo la investigación”, dijo Cosidoy, en la edición del 26 de mayo de 1993 de este diario y añadió entonces: “Para la policía, los riesgos comenzaron cuando fueron implicados en la causa tres oficiales de seguridad de esa fuerza y un político”.
El dirigente al que aludía la jueza era Jorge Lelli. El líder justicialista —ahora fallecido— era íntimo amigo del entonces presidente Carlos Menem. Es más, poco antes de que la jueza lo pusiera bajo la lupa, el mandatario había visitado Rosario para dejar inaugurada las instalaciones del Parque España. En esa oportunidad, acompañado por el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, Menem le regaló a Lelli su Rolex, como muestra de amistad.
El punto más álgido llegó cuando la jueza citó a declarar al entonces subjefe de la Unidad Regional San Martín, comisario inspector Raúl Romero, y él no compareció. Al día siguiente, Cosidoy recibió una amenaza telefónica mientras participaba del programa “Los Notables” que se emitía por LT 3.
“No se meta en esta guerra, doctora. Usted tiene esposo e hijos. Sabe qué le quiero decir con esto. Aléjese de la causa”, le dijo una voz anónima que luego aclaró: “Pertenezco a los servicios”.
Coincidencias
El 1 de junio, Romero quedó detenido, imputado de asociación ilícita, encubrimiento, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Llegó a tribunales federales rodeado por una decena de uniformados que salieron a respaldarlo. Y luego de que la jueza le tomara declaración, el entonces subjefe de la Unidad Regional II, Rubén Funes, lo acompañó hasta su lugar de detención. “No me voy a dejar aplastar como una cucaracha”, le dijo Romero a Cosidoy durante su indagatoria.
El día que este policía quedó arrestado, la jueza —que sospechaba que el entonces subjefe de la Unidad Regional San Martín estaba vinculado con la banda de narcotraficantes de Salazar, Salerno y Bonfiglio—, sufrió un atentado.
En horas de la madrugada, los vecinos de Walt Disney al 1100 vieron alterada la tranquilidad. Desde dos vehículos, tirotearon el frente de la casa de la magistrada, a pesar de que la custodia estaba apostada frente a la vivienda. Si bien persiguieron a los malvivientes, no lograron alcanzarlos y desaparecieron en las calles del barrio Parquefield.
“La gente que se pone a luchar contra la droga toca muchísimos intereses. Es un juego pesado, pesado, pesado. Nosotros lo vamos a investigar a fondo para que las cosas queden bien aclaradas”, prometió el mismo día del atentado el entonces gobernador de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann.
Esa promesa no se cumplió. Pasados 14 años, 1 mes y 14 días, el hecho aún no se esclareció. Es más, Cosidoy jamás fue citada por la Justicia provincial para dar detalles del ataque. Durante estos 5.154 días los responsables no fueron arrestados.
A mediados de junio de 1993, la Cámara Federal de Apelaciones —integrada por Hugo Del Pozo, Jorge Bruno y Esther Hernández— excarceló a los policías. Mientras tanto, los cabecillas civiles de la banda y otros integrantes de la red permanecían detenidos en Coronda.
El 16 de junio de aquel año, Cosidoy firmó su última resolución como jueza de Instrucción. En ella dictó el procesamiento de 24 personas, entre las que figuraban Salazar, Salerno, Bonfiglio y los policías Romero, Benítez, Cuello, Feldman, Peralta, Masiello, Rey y Jorge Perfetto. Al día siguiente, la jueza asumió como integrante del Tribunal Oral y debió alejarse de la causa.
Pocos días después se descubrió que misteriosamente desaparecieron del archivo de la Unidad Regional II los prontuarios de Salazar y Salerno. Ese episodio tampoco fue esclarecido, aunque el entonces jefe de la Unidad Regional II, Mariano Savia, también prometió “investigar hasta las últimas consecuencias”.
Tiempo después, la Cámara de Apelaciones no confirmó los procesamientos de los policías y el juez Hernán Carrillo —que reemplazó a Cosidoy— debió sobreseerlos. Los defensores de los uniformados esgrimieron que la jueza no había respetado garantías constitucionales ni los había impuesto de todas las pruebas. Estas “formalidades procesales” sirvieron a los abogados para conseguir el sobreseimiento de sus clientes.
Si bien algunos representantes legales de los civiles vinculados a la banda intentaron lograr el mismo efecto con los mismos argumentos, no lo consiguieron y sus defendidos quedaron tras las rejas.
Desde entonces Cosidoy sufre periódicamente amenazas. Las autoridades provinciales siempre prometieron “investigar hasta las últimas consecuencias”. Pero nunca se logró establecer de dónde llegan los aprietes.
