Patrimonio narco
En Paraná, el mapa del narcotráfico ha ido cambiando en los últimos años. Un clan familiar que se dedica a este delito hace al menos 20 años, pasó de ser un grupo narco marginal y violento del barrio Consejo a convertirse en uno de los más poderosos de la ciudad, que provee droga a diferentes bandas.
No abandonaron la violencia que viene marcando ese territorio, sino que la tercerizaron a un ejército de soldaditos cada vez más grande, con chicos menores de edad y más fiel, con armamento de sobra. Según las pruebas reunidas en diferentes expedientes e investigaciones en curso, tuvieron un crecimiento económico impactante: pasaron de una esquina y algunas viviendas del barrio, a adquirir decenas de propiedades en ese territorio y en otros puntos de la ciudad, a construir edificios y a comprar lotes y levantar casas enormes en localidades cercanas a la capital provincial. Ni hablar de vehículos. Y se afirmaron en su línea de abastecimiento y transporte de la droga: el río Paraná. También evidencian algo fundamental para este negocio: finos contactos en fuerzas de seguridad, con quienes intercambian información y dinero por protección. “No puede ser que no lo vea nadie”, expresó alguien que los observa de cerca hace años.
Los llaman “los Latorre”, una gran familia encabezada por un hombre de más de unos 75 años, el patrón del clan: Hugo Alberto Latorre, el jefe que mantiene los códigos del ambiente delictivo, a diferencia de sus herederos. Tres de sus hijos son los que hicieron explotar el negocio de la droga con mucha violencia: Carlos Rubén Latorre, de 57 años, Mario Raúl Latorre, de 60, y Hugo Javier, de 45. El primero tiene cinco hijos, de los cuales al menos tres han tenido causas judiciales por drogas y otros delitos graves: Carlos Esteban, Maximiliano Rubén y Diego Andrés. El segundo tiene un hijo que es quien aparecía como el principal jefe del negocio narco en los últimos tiempos, Mario Gabriel, alias “Marito”; y además tiene dos hijas.Son nacidos y criados en el barrio Consejo, con domicilio principal en calle Vicente del Castillo 253, entre Sudamérica y Soler, aunque también en viviendas de los alrededores.
El barrio Consejo tiene más de 80 años. Son unas cinco manzanas con límites no muy claros, pero que podrían plantearse al oeste en calle Sudamérica, al norte en Fraternidad, al sur en Pringles, mientras que al este en el barrio 1° de julio y el Club Don Bosco. Hay distintos barrios en este sector de Paraná que conforman todos una zona amplia y popular en los alrededores de la Escuela Hogar Eva Perón, así como también estratégica por su cercanía al Túnel Subfluvial y a Avenida Ramírez. Sus habitantes son en general laburantes de todo tipo: empleados públicos provinciales y nacionales, de la construcción, del comercio, de la salud, cuentapropistas, changarines, policías, etcétera.
Cuando los Latorre se iniciaron en el negocio de la droga, en la década del ’90, eran apenas unos soldaditos de “Tato” Arriondo, un hombre que vendía drogas a la vuelta de su domicilio en el barrio Consejo. Se trataba de uno de los primeros narcos que vendía cocaína en Paraná: se la enviaban en colectivo desde Salta o Jujuy y tenía contactos entre los maleteros de la Terminal de Ómnibus que le facilitaban la descarga y el transporte de la sustancia. Además, se las rebuscaban vendiendo pastelitos y miel en un auto Renault 12 gris. Con el tiempo se apoderaron ellos de la venta de drogas en esta zona, donde también crecieron otros clanes familiares dedicados al narcomenudeo: los “Monitos” Aguilar, los Morales, los Calzone y los Rodríguez en el barrio Villa Yatay, Martín Burdino, entre otros. Hubo alianzas pasajeras, violentos enfrentamientos, nuevos acuerdos y más balaceras que llegan hasta la actualidad. Las disputas a balazos son una marca registrada de la zona hace mucho tiempo. Hubo algunos periodos de tranquilidad, pero la gente sabe que son pasajeros. Han ocurrido muchas muertes en las calles del barrio, donde el nombre de los Latorre, si no figuró en los expedientes, resonó detrás de quienes empuñaron las armas.
En los últimos años, los Latorre se impusieron sobre sus competidores. Al tiempo que fueron cayendo otros narcos de relevancia en la capital provincial, como Daniel “Tavi” Celis (preso), Gustavo “Petaco” Barrientos (asesinado), Gonzalo Caudana (preso), entre otros, ellos fueron avanzando más allá de los límites del barrio que los vio nacer. Dominan la venta de droga en un importante sector de la zona este de la ciudad, mientras que en el oeste tienen como principales socios al clan narco que denominan “los Fierro”, que es de apellido González, pero les pusieron ese apodo por el padre de esa familia, Fabián, apodado “Cabeza de Fierro”. Hoy es su hijo, Marcos, quien comanda el negocio de la venta de drogas, tal como se observó en causas llevadas adelante por la Policía Federal, en la Fiscalía de Paraná. Afirman que los Latorre son sus proveedores.
Si antes amasaban fortunas, hoy este numeroso clan familiar no sabe qué hacer con tanto dinero. En el barrio Consejo y alrededores, casa que se vende es casa que compran, y la que aparece desocupada, la utilizan para poner un búnker de venta de drogas o como aguantadero de la mercancía y de armas de fuego. Por ejemplo, a mediados de mayo de este año, policías de la comisaría cuarta entraron a una casa semi abandonada en busca de un perro que había mordido a una vecina. En un sector encontraron ocultas tres armas (una 9 mm., una 22 y una carabina) y cocaína. Fue en Soler y Vicente del Castillo, justo frente a la casa principal de los Latorre. “En ese barrio deben tener entre 20 y 30 casas”, calculó un investigador que los viene siguiendo hace muchos años.
Hace unos años construyeron un edificio en esa misma esquina, en diagonal a la parroquia San Roque. Tiene tres pisos con seis departamentos y tres locales comerciales que alquilan en la planta baja, con una entrada para estacionamiento al costado. Además, señalaron a ANÁLISIS que son dueños de un galpón en calle Sudamérica, donde antes funcionó un pelotero para fiestas infantiles y salón de eventos, y hace poco, en una vigilancia policial, vieron guardados allí camiones de la Municipalidad.
Sin dudas, la inversión más llamativa es la que realizaron en Villa Urquiza, localidad ribereña ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Paraná. Es algo que se sabe hace mucho tiempo, y hay información precisa y fotografías recabada por Prefectura sobre esta propiedad en un expediente de la Justicia provincial que luego pasó al fuero Federal. Se indica que la familia Latorre compró un lote de importantes dimensiones ubicado sobre la ruta de acceso a la localidad, a tres kilómetros y medio del acceso desde la entrada por la ruta nacional 12. En 2022 comenzaron a levantar una construcción fastuosa: cuenta con un pabellón central de unos 28 metros por 12; tiene dos alas laterales de unos 35 metros de largo por 10 de ancho cada una, aproximadamente, con 12 habitaciones con aires acondicionados y televisión satelital (seis de cada lado). Si bien cada una tiene puerta de ingreso desde afuera, todas comunican a un gran patio central con piscina y césped impecable. En la parte posterior hay aún en construcción dos pabellones enormes más, similares al del ingreso. El terreno es mucho más amplio y más atrás se pueden observar maquinarias y camiones que realizan algún tipo de trabajo. Si bien las investigaciones judiciales no lo profundizaron, quienes han estado trabajando en esto creen que los campos de los alrededores a esta propiedad también serían de los Latorre.
El lugar se parece a un alojamiento para alquiler de fin de semana o para quien quiera ir a “la Villa” unos días a descansar. Sin embargo, las habitaciones pequeñas y los lugares que se entiende que son espacios comunes, confirman lo que vecinos de la zona contaron acerca de los movimientos que se ven en el lugar: la utilizan como casa quinta porque son muchos familiares y todos tienen donde alojarse. En la localidad ya son conocidos, aunque mantienen un perfil muy bajo. Las mujeres de los Latorre mayores son quienes tienen un poco más de contacto con la gente y los comerciantes. Carlos y Mario son callados, casi no se muestran y no abren la boca cada vez que acompañan a sus parejas a hacer algún mandado. Todos saben que son narcos, les tienen miedo y por eso nadie quiere hablar, pero a su vez la convivencia viene siendo pacífica, hasta ahora nunca tuvieron problemas con nadie, al menos que se haya hecho público.
Por el mismo ingreso a Villa Urquiza, pero más cerca de la ruta 12, los Latorre compraron más terrenos en el Loteo Mi Ilusión de Colonia Nueva. Allí tienen algunas propiedades más: la primera que compraron en esta zona y dos casas más, todas enormes y con pileta. También sobre la misma ruta, hay una vivienda que hoy utilizan sus socios del barrio Paraná XVI: la familia González (los Fierro). Es una casa de dos plantas con fondo y pileta, el frente pintado de amarillo y cochera para estacionar varios vehículos. Este otro clan narco concurre asiduamente, hacen alguna que otra fiesta y publican fotos en este lugar en las redes sociales, aunque con cuentas de perfiles falsos.
Los Latorre no eligieron este lugar solo para tener una especie de finca de Pablo Escobar, ni solo por la tranquilidad que ofrece para descansar de unos días de campo luego del ajetreo que implica llevar adelante el negocio en el barrio Consejo. La inversión que realizaron es estratégica para las operaciones de narcotráfico en uno de los aspectos más sensibles, que es el transporte y provisión de droga en grandes cantidades. La familia ha tenido pocas causas penales (los hermanos mayores nunca fueron presos) en parte porque evitaron las rutas terrestres para hacerse de los cargamentos. “Siempre se manejaron por el río”, contó a ANÁLISIS un investigador que supo seguirlos desde hace un par de décadas. Las propiedades que compraron se encuentran cerca del paraje costero El Chapetón, el lugar más profundo del río Paraná en toda la zona, ubicado en el kilómetro 630 sobre la margen izquierda, por donde pasan todas las barcazas que viajan desde Paraguay. Se puede llegar en vehículo y en general es un sitio elegido por familias o amigos para ir a pescar, pasar el día o incluso acampar. La construcción enorme que tiene la familia paranaense se encuentra a aproximadamente 15 kilómetros de este sitio, con caminos de ripio relativamente en buen estado para circular. En la entrada de la gran casa quinta dejaron a la vista una lancha blanca y roja.
Además, según dejó plasmado en un expediente que tramitó en la Justicia Federal un integrante de la Prefectura Naval Argentina, en cercanías de El Chapetón “se verificó que a 50 metros aproximadamente de la costa se encuentra una división perimetral tipo alambrado, la cual cuenta con un ingreso tipo tranquera, asegurada con cadena y candado, desde donde se observa un acceso, siendo a un camino que presumiblemente se conecta con la propiedad de la familia investigada Latorre”. El investigador de la fuerza federal adjuntó fotografías del lugar para sostener su testimonio.
Los Latorre han tenido siempre buenos vínculos en Paraguay para proveerse de drogas, fundamentalmente cocaína. Además, viajan asiduamente a Ciudad del Este para comprarse todo lo que quieran. Una anécdota que cuenta una persona cercana a la familia recuerda un episodio en el cual compraron un producto que se ofertaba en la vidriera del shopping Alfonso, ubicado sobre avenida San Blas. Luego de pagar, advirtieron que les habían dado una réplica. Carlos Latorre padre, su hijo Carlos Esteban y el sobrino Marito se enojaron, reclamaron que les devolvieran el dinero, el dueño se negó y todo terminó a las trompadas dentro del negocio, con la intervención de la Policía local.
Además, investigadores policiales informaron que Hugo Javier Latorre (hijo del jefe del clan) fue empleado durante 12 años, desde 2006 hasta 2018, del Hotel Provincial (Raitorc S.R.L.), propiedad de los hermanos Raiteri, recientemente cerrado, a la vez que trabajaba como cuidador en la casa quinta del dueño, ubicada en un terreno de grandes dimensiones en la zona norte de la ciudad, cerca del río. Efectivos de la División Homicidios recuerdan que en este lugar fue detenido, en marzo de 2013, el chico de los Latorre que asesinó a tiros a un adolescente integrante de la familia enemiga Aguilar. Evidentemente la relación laboral finalizó cuando fue detenido por drogas junto a dos sobrinos (ver más adelante). Hugo vive en otra quinta ubicada a unas cuadras de esta propiedad, y se dedica al alquiler de un salón para eventos y donde suele tener caballos de carrera.
Carlos Esteban Latorre, de 34 años, figura inscripto en ARCA en la categoría “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”, sin que se le conozca actividad legal alguna, aunque podría tratarse de una maniobra para explicar las construcciones que tiene la familia.
En cuanto a los vehículos, suelen conducirse en camionetas 4x4 nuevas y otros de alta gama, que están a nombre de integrantes de la comunidad gitana y radicados en pueblos de la provincia de Corrientes.
En la Policía entrerriana saben que el abuelo de los Latorre, Hugo, es quien tiene la voz de mando, y a su vez quien mantiene códigos, ya que mantiene buen diálogo con todos, trata de evitar la violencia y no ostenta nada: se sienta cada día en la puerta de su casa, imposibilitado de moverse demasiado porque le falta una pierna. Los hijos y los nietos son el principal dolor de cabeza, aunque pasan a verlo todas las semanas para rendirle cuentas y pedirle consejos. Esperan que goce de buena salud y le desean larga vida, porque de lo contrario nadie sabe hasta dónde podría llegar la violencia de los herederos. Son muchachos que no tienen miedo a nada y enfrentan a cualquiera: hace unos años, efectivos de la Policía Federal de Paraná los estaban siguiendo hacia Villa Urquiza, los Latorre se dieron cuenta, retrocedieron el vehículo, se bajaron y los encararon: “¿Qué andan haciendo ustedes acá?”, los apretaron.
Podría tratarse de un caso modelo para la aplicación de la Ley nacional de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, sancionada en marzo de 2025. Esta banda reúne todos los componentes que describe la flamante norma, que permitiría la creación de una unidad especial, la intervención de la Procuración de Narcotráfico (PROCUNAR), reunir a la Fiscalía Federal y la provincial de Paraná, el decomiso anticipado de bienes, entre otras cuestiones. La provincia de Entre Ríos aún no adhirió con una Ley propia.
Causas complejas
Algunos de los integrantes de esta banda tuvieron causas por narcotráfico, pero en ninguna se los desbarató y nunca cayeron los jefes del clan. Otras investigaciones reunieron elementos importantes y terminaron cayendo en saco roto en el ámbito judicial. No hubo decisión política del Estado en su conjunto de ir contra una organización criminal que ha explotado tanto el negocio de la droga como el de la muerte. Quizás porque los Latorre supieron mantener un perfil bajo, nunca buscaron construir poder más allá de los márgenes de la ciudad, ni vincularse a la política, ni les interesa mostrarse como los que mandan. Están relativamente cerca del centro de la ciudad, pero si las balas no cruzan avenida Ramírez hacia el oeste, los hechos no se convierten en un problema político. Los patrones de esta familia narco aprendieron de las caídas de Daniel Celis y Gustavo Barrientos, quienes comenzaron a perder cuando se transformaron en hombres públicos, expuestos por sus vínculos políticos.
La primera causa por drogas fue a principio de los años 2000, cuando los Latorre eran todavía un grupo marginal del barrio Consejo. Los detenidos y condenados fueron Tania, una joven trans, junto al expolicía “Pacú” Ríos.
Entre 2018 y 2023 hubo distintas investigaciones contra esta organización que se fueron superponiendo y terminaron acumuladas en la Justicia Federal y, finalmente, en una condena dictada el 18 de marzo de este año por la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros. Pero no fue contra todos los Latorre sino contra Marito, que por entonces aparentemente ya dirigía el negocio junto a su pareja, Brenda Rodríguez, integrante de otro clan familiar narco, “los Calzone-Rodríguez” del barrio Villa Yatay, ubicado a pocas cuadras del Consejo. En esta trama aparece Marito (hoy de 35 años) como el jefe de la banda, con numerosos puntos de venta de drogas en ambos barrios, con un proveedor en el barrio El Morro y con mucha violencia armada y amenazas a vecinos. Lo que no terminó de quedar claro es si Marito se abrió del negocio de su padre y su tío, o si ahora él comandaba todo el emprendimiento familiar.
En 2018 comenzó una investigación en la Fiscalía de Paraná (ante la Justicia provincial), donde las pruebas reunidas por efectivos de la Dirección Toxicología iban marcando que se trataba de una banda cuya actividad excedía el narcomenudeo. Se fueron reuniendo pruebas sobre la gran cantidad de propiedades que tenían y finalmente se enviaron las actuaciones a la Fiscalía Federal para que el caso se investigue como lavado de activos. Posteriormente, se sumó a la pesquisa la Prefectura Naval Argentina, fuerza que finalmente concentró las tareas de investigación y los procedimientos finales.
En el medio se presentaron dos denuncias anónimas contra los Rodríguez-Calzone-Latorre por narcotráfico y amenazas de muerte. “Venden cocaína, marihuana, se mueven impunemente con pistolas, revólveres, apañados y protegidos por la comisaría octava. Cuando llamo, la Policía me dice que con ese papel se limpian el culo riéndose. Venden droga frente a un jardín de infantes y también frente a la Capilla del barrio Yatay”, señalaba una de ellas, a las que accedió ANÁLISIS. También se refería que vivían amenazados y que el que hablara con la Policía se tenía que ir del barrio. Tenían un sistema de seguridad cerrado con cámaras por las que controlaban los ingresos y todos los movimientos del territorio. Otro denunciante apuntaba directamente contra Mario Latorre, con detalles más finos y precisos de su actividad delictiva: que se encargaba de cobrar en los kioscos de venta de drogas todos los días a partir de las 10, aprovechando también para distribuir, que se movía en una camioneta Ford Eco Sport verde claro, que tenía un vendedor apodado “Pomelo” en calle Taucarí, otro lugar de venta en la casa de Martín Burdino (condenado por narcotráfico), en calle Vicente Del Castillo y en el barrio Macarone. También tenía un vendedor en Colonia Avellaneda, a dos cuadras de la comisaría. Señalaba el salón de fiestas propiedad de la familia donde guardarían todos los autos de la organización (camionetas 0 km., lanchas), la quinta en Villa Urquiza, y hasta el proveedor de drogas del barrio El Morro, apodado “Luncho”, quien además le conseguía las armas de fuego.
Una de estas denuncias dio origen a una causa por narcomenudeo en la Fiscalía provincial, a cargo de Mercedes Nin, llevada adelante por investigadores de la Policía Federal Argentina, en agosto de 2022. Pese a las dificultades que presentaba el territorio del barrio Yatay, donde la banda tenía vigilancia permanente por cámaras y soldaditos, se reunieron pruebas que permitieron, en febrero de 2022, llevar adelante allanamientos donde secuestraron ocho ladrillos de marihuana, uno de cocaína (con 45,71% de pureza, del que sacaban unas 3.000 dosis), dinero, armas y detuvieron a siete personas. La droga la tenía una señora mayor a la que presionaban o pagaban para oficiar de aguantadero de la banda. La fiscal se declaró incompetente por la envergadura del hallazgo y envió las actuaciones al Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos. Entre aquellos detenidos no se encontraban el principal organizador y su mano derecha, Marito Latorre y Kevin Bergamasco, quienes fueron capturados finalmente en marzo de 2023 y enviados a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva.
Mientras todo esto sucedía, la Prefectura estaba paralelamente investigando al mismo grupo narco. Es algo que viene sucediendo desde 2018, cuando se aprobó la Ley de Narcomenudeo en la provincia, que en general termina obstruyendo causas federales por narcotráfico. En este caso, la Fiscalía Federal, a cargo de Leandro Ardoy, continuó con la investigación debido a que los investigadores de la fuerza federal advertían que el negocio narco seguía funcionando. Mediante escuchas telefónicas y otras medidas, comprobaron que Latorre y Bergamasco organizaban y dirigían la banda desde la cárcel, impartiendo órdenes por celular a sus parejas, Brenda y Tamara Rodríguez, así como de otra hermana de éstas, Débora, junto a su concubino, Julio López. En esta causa se pudo saber que Marito se comunicaba con un proveedor llamado Jesús, pero no se pudo saber quién era ni dónde estaba. El 1° de noviembre de 2023 se llevaron adelante nuevos allanamientos contra la banda, tanto en Yatay como en calle O’Higgins del barrio Paraná I.
El personal de Prefectura pudo ver el gran movimiento económico de la banda, por ejemplo, con Brenda y Tamara contando y guardando grandes sumas de dinero en efectivo, o a bordo de los vehículos que tenían, como autos y motos. Algunos están a nombres de Mario, otros tienen como titulares a familiares o allegados. También observaron a una hermana de Marito haciendo transferencias de dinero a través de Western Union, que se utiliza para movimientos internacionales. Asimismo, otra forma en la que ponían en circulación las ganancias del narcotráfico era a través de prestamos personales en efectivo a personas que no pueden acceder a líneas de crédito de forma legal.
Finalmente, con ambos expedientes acumulados, los seis acusados (tres parejas) firmaron un acuerdo de juicio abreviado y fueron condenados: Marito y Kevin Bergamasco, a seis años de prisión, y Tamara, Brenda, Débora y Julio, a cinco años de cárcel. Además, les decomisaron dos autos y dos motos.
La única causa federal donde estuvo imputado Mario Raúl Latorre (el padre) terminó con sobreseimiento por extinción de la acción penal debido al paso del tiempo. Es que les habían encontrado tan poca droga, a él, a su hermano Antonio y a una vecina que era empleada municipal, que los terminaron acusando por tenencia simple de estupefacientes y, seis años después de que la causa ingresara al Tribunal (en 2017), la cerraron en 2023 con un acuerdo de reparación integral, donde donaron 30.000 pesos cada uno a la Fundación Neonatología del Hospital San Roque.
En 2018, tres muchachos Latorre inauguraron la Ley de Narcomenudeo en la provincia. Cuando entró en vigencia la norma, en la Policía competían quién agarraba al primero que iba a ser condenado por drogas en la Justicia provincial. El 14 de mayo en horas de la noche, un patrullero del 911 de Paraná interceptó a Diego Andres Latorre a bordo de un Chevrolet Prisma Joy nuevito, y sus hermanos Maximiliano y Hugo (hijos de Carlos Rubén, primos de Marito), quienes iban en una Toyota Hilux doble cabina también casi 0 kilómetro, junto a un desconocido que se fugó. El primer vehículo circulaba por avenida Almafuerte y al ver al móvil policial el conductor intentó fugarse, pero lo detuvieron frente a la fábrica Johnson Acero. Llegaron sus parientes al rescate en la camioneta, intentaron agredir a los policías y el desconocido sacó una bolsa con droga del asiento trasero del auto, pero al escapar se le cayeron unos envoltorios con 25 gramos de cocaína. Hugo Latorre aceleró la camioneta para buscar al que salió corriendo, y luego lo alcanzaron y detuvieron a unas 10 cuadras. Diego recibió cuatro años de prisión y sus hermanos, dos años condicional.
Diego tenía entonces 22 años y se encontraba cumpliendo la condena de cinco años y tres meses de prisión que le impuso el juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto por un homicidio que cometió cuando tenía 16. Se trató de unos de los hechos de sangre que precedió una ola de violencia armada en la zona del barrio Consejo, de venganza tras venganza. La víctima fue Ulises Ronaldo Aguilar, quien también tenía 16 años. Había sido una especie de bautismo o debut en el mundo criminal: el padre y el tío le dieron una pistola y lo incitaron a ir a matar a uno de “los Monitos”, con los que venían enfrentados desde hacía un tiempo. Aquella tarde del 25 de marzo de 2013, el chico se encontraba sentado en las escaleras de la vereda de Vicente del Castillo y Sudamérica, donde había un kiosco. Diego Latorre lo emboscó y le disparó: seis tiros por la espalda y otros tantos para rematarlo de frente. Siguieron amenazas a testigos del crimen y una serie de ajustes de cuentas. Uno de los hermanos de “Nani” Aguilar disparó contra la vivienda de los Latorre, hirió a Mario (padre) y terminó condenado a cuatro años de prisión.
La violencia fue y es parte del negocio de los Latorre. La lista de crímenes cometidos por ellos o sus soldaditos es larga y sigue hasta la actualidad. Por ejemplo, este año sucedió el homicidio de Yolanda, en el barrio 1° de julio: una bala entró por la ventana de su casa y terminó con su vida, en el marco de la disputa de los Latorre con “la Vero” Aguilar, una rama narco de esa familia. El primer homicidio de 2025 en Paraná fue en el barrio Consejo, por la disputa de los Latorre con los Morales. A Brian “Pachi” Lencina, de 24 años, lo mató de un disparo Fernando Villarroel, de 27. En la audiencia del juicio abreviado, el “Negro Fer” aseguró que no formaba parte de ninguna banda, pero que mató a la víctima porque soldados de los Morales lo venían hostigando y temía por su vida. No dijo cómo consiguió el revólver. Se encuentra cumpliendo la condena en el pabellón de la Unidad Penal 1 de Paraná donde están los Latorre, porque ahí está más protegido.
(Esta nota fue publicada en la edición gráfica de la revista ANÁLISIS, edición 1163, del día 21 de agosto de 2025)
