La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) viene haciendo un seguimiento de las consecuencias económicas de la pandemia de la enfermedad de Covid-19 desde su comienzo. Desde su Observatorio para monitorear la situación viene haciendo un análisis de la caída de la economía. Acaba de publicar su último informe, con datos que brindan algunas claves para entender los efectos del virus sobre la salud económica de los países.

Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región registran importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes (mipymes). Se estima que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región -de las cuales 2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.

La situación de las Pymes y microempresas está en el eje de una situación social que ya era comprometida previamente. La Cepal señala que ante la situación los “gobiernos hicieron esfuerzos, pero éstos resultan insuficientes”.

Desde distintos sectores, economistas y especialistas en la cuestión social vienen señalando el avance de la pobreza y la necesidad de aplicar urgentes estrategias, como la aplicación de una renta básica universal.

El informe presentado se enfoca esencialmente en la situación de las empresas. El informe brinda un detallado cuadro de situación, país por país.

La gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades: tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

Hasta la primera semana de junio de 2020, información recopilada por las cámaras empresariales resaltaba que:

• En Colombia, el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas (el 75% registró una disminución superior al 50%); el 82% de las empresas formales podrían subsistir solo entre uno y dos meses con sus propios recursos (CONFECAMARAS, 2020).

• En el Brasil, el 76% de las empresas industriales redujeron o paralizaron su producción y el 55% ha tenido dificultades para acceder a crédito para capital de trabajo (CNI, 2020).

• En la Argentina, el 44% de las empresas industriales no tenían liquidez para pagar el 50% de los salarios de abril (un 12,3% no pudo pagar la nómina); el 38% no pudo pagar servicios públicos; el 48% no pudo pagar a sus proveedores, y el 57% no pagó los impuestos (UIA, 2020).

• En Chile, el 37,5% de las empresas redujeron su personal entre abril y mayo, y el 44% de las empresas están en un estado financiero malo o crítico, cifra que aumenta al 51% entre las microempresas (CNC, 2020).

• En el Uruguay, el 59,4% de las empresas de comercio y servicios han enviado a sus empleados al seguro de desempleo, y destacan entre ellas las empresas de alojamiento y servicios de comida (81,5%). Entre las empresas que enviaron empleados al seguro de desempleo, el 41,2% envió a más del 75% de la planilla (CNCS, 2020).

• En Panamá, los sectores que registraron las mayores caídas de sus ingresos fueron los de hoteles (-99,4%), construcción (-86,4%), restaurantes (-85,0%), comercio al por menor (-83,8%) y servicios turísticos (-78,7%) (CCIAP, 2020).

• En Centroamérica, el 50% de las empresas necesitarían entre cuatro y nueve meses para recuperar el nivel de facturación previo a la crisis. Esta situación se agrava entre las microempresas, que necesitarían un período que va de siete meses a más de un año para lograr este objetivo (FECAMCO, 2020).

La CEPAL recomienda a los gobiernos estrategias expansivas para aplicar ante el contexto complejo. Primero, ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas. Reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis. Esto sucede en un contexto en el que el gobierno argentino muestra señales voluntaristas. Mientras hay demoras sobre la efectivización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El informe concluye poniendo particular énfasis en la sostenibilidad de las estrategias que se encaren en el pospandemia. Poner el eje en lo ambiental y en el desarrollo puede ser camino para el futuro.

“Es indispensable, ya en la etapa de reactivación, poner en marcha acciones para superar las debilidades estructurales de las economías de la región. En este sentido, la CEPAL ha propuesto una estrategia de gran impulso a la sostenibilidad que permitiría establecer una hoja de ruta con medidas para construir un nuevo modelo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad. En el plano sectorial y empresarial, esto implica poner en marcha políticas industriales para el desarrollo de sectores que permitan realizar un cambio estructural hacia una mayor productividad e innovación, una mayor generación de empleos de calidad y una mayor sostenibilidad ambiental”, afirma.