Sueño entrerriano: el viernes 6 iniciará el control de prueba para la elevación a juicio

Legajo judicial

El legajo judicial acumula tres casos particulares en los que se investiga el supuesto direccionamiento de partidas presupuestarias para promover la figura del ex gobernador. (Fotos: ANÁLISIS)

De ANÁLISIS

La audiencia de este viernes comenzó a las 9.10. Las defensas de los imputados en los tres expedientes que componen la causa “Sueño entrerriano”, hicieron planteos preliminares. Hasta aproximadamente las 11 argumentaron pedidos de sobreseimiento para Sergio Urribarri, Pedro Báez, Hugo Marsó, Hugo Céspedes, Gustavo Tórtul, Corina Cargniel y Gerardo Caruso. Para el caso de Juan Pablo Aguilera, además de pedir la nulidad se requirió la reformulación de la imputación, con hechos precisos, para que el cuñado del ex gobernador pueda defenderse en una nueva indagatoria.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Cecilia Goyeneche, rechazó los planteos, repasó la investigación y las imputaciones y reclamó llegar a juicio. “Nos está costando muchísimo trabajo llegar a juicio. No nos está costando mostrar la ilicitud de los hechos, sino llegar a juicio”, subrayó. “Queremos demostrar probatoriamente en juicio”, acotó.

El viernes que viene, desde las 9 el juez Ricardo Bonazzola dará a conocer su resolución sobre los puntos atacados por las defensas. Recién entonces se podrá comenzar con el control de prueba, la instancia propia de la elevación a juicio.

Ricardo Bonazzola, juez de Garantías.

Preliminares de las defensas  

El primero en exponer fue Raúl Barrandeguy, defensor junto a Candelario Pérez del ex gobernador Sergio Urribarri. El abogado refirió al planteo de excepción por falta de acción que hicieron en instancias anteriores y por lo cual esperaban lograr los sobreseimientos. Nuca hicieron un pedido de sobreseimiento en sí, sino que se apoyaron en ese planteo que, si era admitido por los jueces, decantaba en el sobreseimiento de los imputados.

Precisamente, el defensor se concentró en alegar sobre la imposibilidad de sustracción de partidas presupuestarias para utilizarlas con un fin que no es debido. “Es imposible sustraer algo del presupuesto, porque el presupuesto es ideal, no tiene plano material, es una entelequia”, manifestó. También dijo que los fiscales no han podido demostrar cómo los funcionarios imputados se interesaron en hacer contrataciones irregulares.

Continuó Ignacio Díaz. Se centró en atacar la imputación por presunto peculado y desarrolló lo que significa la excepción por falta de acción. A través de este planteo, los abogados sostienen que los actos administrativos que pasaron por organismos de control (Contaduría General, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado) sin observaciones, no pueden constituir delitos y mucho menos, que esos delitos se imputen a funcionarios políticos. En todo caso, consideran, debería haberse imputado a los integrantes de los organismos de control.  

Rodríguez Allende y Barrandeguy se saludan, al ingresar a la sala de audiencias.

“Los primeros y tal vez los únicos responsables son funcionarios de los organismos de control que aprobaron sin observaciones los gastos. Sólo se puede responsabilizar a los funcionarios políticos si, aun habiendo observaciones de los organismos de control, hubiesen emitido decretos de insistencia. Acá no están imputados los responsables únicos, que son especialistas en contralor e independientes”, reiteró Díaz.

Guillermo Vartorelli, en representación de Céspedes, Tórtul y Cargniel, se quejó de las imputaciones. Aseguró que no conoce en detalle los hechos atribuidos, lo cual imposibilita el ejercicio de defensa.

Al mismo argumento se sumó Emilio Fouces, en representación de Marsó y Caruso. “Endilgan conductas que no se condicen con los hechos. Dicen que Marsó interesó a Urribarri en instalar un parador en Mar del Plata para promover el turismo de la provincia. Lo acusan de cumplir con su función”, pronunció y se plegó a las tesis defensivas de los otros abogados.

Por último, Marcos Rodríguez Allende habló por Aguilera. “La acusación debería ser clara y específica. Por eso pedimos la nulidad de la imputación, o una reformulación que permita una nueva indagatoria”.

Abogados defensores.

La respuesta fiscal       

Goyeneche fue acompañada por los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Recordó que en la investigación se acumularon tres expedientes porque entienden que todos los hechos tuvieron un fin común: “La promoción de la figura personal de Urribarri”.

Contestó a los planteos generales de las defensas. “Hablaron de atipicidad e indeterminación de las imputaciones. Nadie habló de hechos en particular sino de hechos generales”, consideró y sostuvo la inconveniencia de un sobreseimiento en esta instancia. Reafirmó que en los tres casos investigados hubo “sustracción con el fin de promover la figura de Urribarri”. “Surgen elementos de incompatibilidad con la función pública y peculado”, dijo la fiscal.

Respecto del planteo de excepción por falta de acción, Goyeneche consideró que se trata de “una falacia argumental porque dicen ‘si esta persona fue, esta otra también’”, por los cuestionamientos en cuanto a que no están imputados los integrantes de organismos de control.  

A lo largo de su exposición, recordó que cuando se hizo un allanamiento en la imprenta de Juan Pablo Aguilera, alguien tiró un disco rígido al domicilio lindero.    

“Los defensores se agravian de tramos de la imputación. Dicen que no conocen los hechos porque sólo leyeron la parte de su defendido”, atacó. “Sin embargo se contradicen de su propia actividad porque han ofrecido prueba en esta investigación”.
 

Expedientes

- Por un lado se encuentra la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14.561.870 pesos.

- Se suma la investigación por la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, propiedad del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014, por 28 millones de pesos

- Y la difusión de una solicitada contra los Fondos Buitre en junio de 2014 y que costó 4.308.500,23 pesos.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos investigados van desde negociaciones incompatibles con la función pública, direccionamiento de publicidad oficial a peculado.

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