Un histórico conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja resurgió en los últimos días.
Un histórico conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja resurgió en los últimos días y tiene como trasfondo una disputa de intereses que incluyen la explotación de recursos turísticos y de minería de alta montaña. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, anunció que acudirá a la competencia originaria de Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la revisión de los límites entre La Rioja y San Juan, y sostuvo que parte del territorio del departamento Iglesia fue “sustraído ilegítimamente” en 1968, por un decreto-ley impuesto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece”, replicó el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego..
Disputa legal
La Cámara de Diputados de La Rioja reavivó el conflicto al aprobar un proyecto que declara la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante la dictadura militar que encabezaba Onganía. Entre los argumentos sostienen que esa delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en perjuicio de su territorio provincial.
Al tiempo que establece la creación de la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial e instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo judicial inmediato es solicitar medidas cautelares que impidan el avance de actividades o la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que el tribunal resuelva el fondo de la controversia.
Mientras que el Poder Ejecutivo de San Juan rechazó la validez de la ley riojana y sostuvo que los límites geográficos de su provincia están consolidados legalmente. Las autoridades manifestaron que las fronteras interprovinciales no pueden modificarse de forma unilateral mediante normativas locales, ya que cualquier alteración territorial requiere la intervención y aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución Argentina. Y adelantaron que responderán formalmente ante las instancias judiciales correspondientes para mantener el control de las áreas cuestionadas.
Zona de conflicto
La controversia que tiene mas de 150 años, siempre estuvo latente para La Rioja mientras que San Juan lo considera saldado, resurgió con fuerza en los últimos años por un factor que no existía a fines de la década del ’60 cuando Onganía definió de facto los límites entre ambos estados provincias: la renta minera que se originó a partir que la reforma constitucional del ’94 le otorgó a las provincias el “dominio originario” y la explotación de sus recursos naturales por encima de la Nación.
La zona bajo disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna. El área afectada reviste una importancia estratégica sustancial para ambas economías debido a dos factores principales: el turismo y la minería de alta montaña.
El reclamo riojano comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, un territorio administrado por San Juan que cuenta con la declaración de Patrimonio de la Humanidad y recibe un flujo continuo de turismo internacional. Y la traza pretendida alcanza a los yacimientos mineros de Gualcamayo y áreas de influencia del Proyecto Vicuña, una serie de emprendimientos de cobre y oro en la cordillera que representan inversiones multimillonarias para la provincia de San Juan.
Por tratarse de un diferendo entre dos Estados provinciales, la resolución final de la frontera común dependerá de los acuerdos políticos que se logren en el Congreso de la Nación o, en su defecto, del fallo definitivo que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Página 12
