Fuentes judiciales informaron sobre el avance de la investigación a la comisión directiva del Club Juventud Unida de Gualeguaychú, respecto a la presunta violación del Decreto presidencial 677/20 -en vigencia desde el 16 de agosto hasta el 30 de agosto inclusive- el cual establecía la prohibición explícita de reuniones sociales y familiares en todo el territorio nacional.

En este marco el pasado 1° de septiembre, por orden del juez federal, Hernán Viri, personal del destacamento 56 de Gendarmería Nacional secuestró un libro de actas y material fílmico de las instalaciones del Club Juventud Unida.

“Se está analizando el material secuestrado junto a otras diligencias solicitadas por el juez”, confirmaron desde el Juzgado Federal publicó el portal R2820.

Asimismo, informaron que “fueron citados para prestar declaración indagatoria el presidente de la institución, Lucio Benítez, como así también el integrante de la Comisión Directiva y vocero del COES local, Iván Gómez, para el 2 y 9 de octubre, respectivamente”.

“Fueron citadas estas personas porque habrían formado parte de la convocatoria, pero más adelante iremos citando a otros miembros de la comisión”, explicaron.

En particular, el decreto vigente al momento del encuentro propiciado por la conducción de la institución establecía la prohibición de “los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”.

La prohibición se encontraba consignada en el Artículo 9°, inciso 2, del Capítulo que se refiere expresamente a la etapa de Distanciamiento Social (DISPO) que regía en nuestra ciudad previo al ingreso al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), resaltó R2820.

Vale remarcar, que la prohibición de reuniones familiares y sociales -decretada por el Ejecutivo Nacional el pasado 2 de agosto- aún se encuentra vigente.

Por otra parte, el Artículo 205° del Código Penal -consignado en el DNU- establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. En ese marco -sumado a otra figura más gravosa en base a la hipótesis de haber producido al menos un contagio- fue procesado el quinto paciente denunciado por el Hospital Centenario, quien aguarda la confirmación para el desarrollo del correspondiente juicio.

Hasta el momento la investigación relacionada a la violación de la normativa -en sus diferentes variantes- ha redundado en multas que han superado los 250 mil pesos destinados por la Justicia Federal para el Hospital Centenario y alrededor de 50 mil pesos para el Centro de Salud Baggio.

La reunión

A fines de agosto, R2820 publicó información vinculada a la realización de una asamblea que definió -en una ajustada votación- la continuidad de Juan Villagra como director de la Comparsa Papelitos hasta el 2022. También se aprobó la creación de un Departamento de Género para una convivencia sin violencia, entre otros temas institucionales.

Pero, a diferencia de la asamblea realizada el pasado 28 de julio -la cual correspondió al encuentro anual de la institución en el marco de la asunción de la flamante comisión directiva- la reunión del jueves 20 de agosto contó con la presencia de algunos miembros, pese a la prohibición de la realización de las reuniones sociales y familiares.

Las primeras versiones indicaron que el número de participantes habría rondado las 20 personas. Consultadas fuentes oficiales que integran la directiva del club, se desmintió dicha cantidad de asistentes, pero se reconoció que el encuentro existió: “Participamos diez personas de manera presencial, con la distancia correspondiente, mientras que las personas de riesgo se conectaron de manera virtual. Tuvimos que hacerlo de esta manera porque se trata de un tema económico que urgía resolver para el club, pero la idea es no volver a juntarnos hasta que esto pase”, explicó Lucio Benítez, presidente de la institución.

Coincidiendo con Benítez, Iván Gómez -miembro de la comisión directiva de Juventud Unida y médico integrante del COES- aseguró que: “La reunión existió, fue la mesa directiva a la cancha de básquet, eran menos de 10 y el resto se conectó por Zoom. Todos con distancia. Los mayores que tienen factores de riesgo, que son parte de la comisión y tenían que votar lo hicieron por Zoom, mientras que los jóvenes y los que no tienen riesgo y debían votar fueron”.

A partir de los dichos de los directivos, la Fiscalía Federal inició una causa para investigar si existió violación del DNU. Dicha investigación avanza bajo las actuaciones que conduce el juez federal Viri.