Eran casi las 17.30 del 12 de julio de 2016 cuando el agricultor Jorge Phol, de la Colonia Santa Margarita en el departamento San Salvador, alertó a la Policía sobre una avioneta que había caído en su campo, ubicado sobre la ruta 38. Se trataba de un Centurión 2000 Cessna. Tenía una hélice doblada y el tren de aterrizaje roto. No había rastros del piloto. En el interior del aeroplano, los agentes policiales informaron que había combustible derramado. Sin embargo, eso no impidió que los perros detectaran rastros de droga. Así lo cuentan las crónicas periodísticas de la época que, además, aportaron otros datos: no fue fácil acceder al lugar por la lluvia caída en semanas previas al aterrizaje, y porque era una zona rodeada de campo arado tras la cosecha de arroz. Los primeros indicios relevados orientaron las suposiciones sobre un piloto de nacionalidad paraguaya, experimentado, que pudo hacer el aterrizaje sin estrellar el avión contra el piso, debido a un desperfecto mecánico. Además, se conjeturó que había logrado hacer la entrega de droga en destino, y que el avión estaba de regreso cuando descendió en la zona de San Salvador. Tiempo después, algunas de esas versiones que circularon en la provincia de Entre Ríos fueron desestimadas, en el marco de una investigación federal mucho más amplia, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Por entonces, el jefe de Policía de San Salvador era Pablo Rojas. “Todo hace indicar que el vuelo sería ilegal”, alertó el funcionario policial en ese momento, y detalló que la cabina sería abierta y se pasarían los canes rastreadores. Sus agentes rastrillaron la zona. Pero la pesquisa en la provincia nunca arrojó resultados contundentes. No se encontró al piloto, tampoco se pudo probar de dónde salió el avión, y si efectivamente entregó la droga en destino. En el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, se formó un expediente. Se ordenó precintar la zona. Se pidieron datos de la aeronave a Interpol, y quedó bajo custodia policial.
Tiempo después, la nave pasó al depositario judicial por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El encargado de la custodia, designado por el juez Seró, fue Marcelo Alejandro De Dio, un piloto de la zona que vuela aviones y cuenta con un hangar en las afueras de San Salvador (además de piloto, actualmente De Dio se convirtió en pastor de la Iglesia Testigos de Jehová y tiene niños bajo custodia). El Centurión 2000 Cessna-210, matrícula ZP¬BAO, secuestrado en julio de 2016, fue trasladado desde el campo donde aterrizó al centro de la ciudad. Quedó bajo a un tinglado ubicado sobre calle Presidente Perón, entre 25 de Mayo y 3 de Febrero, a la vista de todos. Fueron los propios vecinos de San Salvador quienes alertaron a Noticias y Hechos que el avión estaba siendo “desguazado”. Después la avioneta despareció de ese lugar.
El 23 de octubre de 2019, el juez Seró archivó la causa por el Artículo 195 segundo del Código Procesal Penal de la Nación, es decir porque no había delito o no se podía proceder con la investigación. En el marco de ese expediente federal, el presidente del Club de Planeadores de Concepción del Uruguay, planteó un incidente de entrega que nunca se resolvió.
Las versiones sobre el paradero del Cessna-210, lo ubicaban en Córdoba. Se dijo que había sido vendido por 25 mil dólares a un ciudadano de la provincia mediterránea. En efecto, el jefe departamental de Policía, Leonardo Morales, acreditó esos dichos a Noticias y Hechos en los últimos días de 2024.
“No quiero que se llene mi casa, ni mi pista de narcos”
Después de algunos intentos infructuosos, Marcelo De Dio (quien fuera designado judicialmente como responsable de la avioneta) respondió las consultas de Noticias y Hechos. “Se lo di a unos chatarreros, eran latas nomas”, dijo y acusó a dos funcionarios de Toxicología de la Policía por “haber sacado los equipos” más valiosos del avión.
“Sí, era el responsable, depositario judicial de la avioneta”, admitió De Dio. “Hace casi cuatro años, cuando arrancó la pandemia, lo trasladé al hangar con mis otras avionetas, lo llevé porque empezaron a aparecer personas raras en mi casa preguntando por ese avión. Es más, vino el presidente del Aeroclub de Rosario del Tala, que se lo habían cedido y no lo quiso llevar porque estaba muy desguazado por ellos (NdR: Gendarmería) y policías que se llevaron elementos, los GPS más caros. Todos los equipos más sofisticados que tenía, desaparecieron en el momento”, aseguró. “La última persona que apareció preguntando por la avioneta, si se lo podía llevar porque lo pensaban reconstruir, era de una escuela de perfeccionamiento aeronáuticos que estaba sobre la ruta 22. A los pocos días hubo un operativo ahí, encontraron un avión con matrícula uruguaya, ese tipo era un tal ‘Nano’ de Concordia. Cuando eso pasó, agarre la avioneta y la saqué de mi casa. Avisé que el avión iba a estar en tal lugar, y que no me hacía más responsable. Lo llevé al campo. Hasta allí también fueron personas preguntando por la nave. En la época de pandemia hubo varias tormentas. Pedí a funcionarios de Toxicología que se llevaran la avioneta pero nada. Una tormenta lo hizo un bollo y lo dejó contra las vías. Pedí muchas veces que lo saquen. Es más, a mí me hicieron desarmar las alas, desguazarlo. Todo con la promesa de pagarnos el trabajo, según esos policías. Creo que a uno de ellos lo echaron. La cuestión es que andaba gente muy pesada. Yo tengo mis hijos, mi familia, no quiero gente de ese estilo. Y ya quedaba poquito del avión, las chapas revolcadas, se habían llevado todos los equipos, todo”.
“Un día pasaron esas personas que se llevan bidones y chatarras. Cargué las chapas que había de la avioneta, las corté con una amoladora, y se las cargué a esa gente. Tomen, llévenselo, no quiero ver más esto acá. De eso hace 3 años aproximadamente. Me cansé de pedir a los policías que se lo lleven. Habían pasado 5 años”, relató.
De Dio dijo que uno de los funcionarios de Toxicología lo amenazó, pero nunca hizo la denuncia porque “no vale la pena”. Por otra parte, reconoció que el Juzgado de Concepción del Uruguay lo tiene como “depositario judicial”. “Tendré que responder, prefiero responder a la Justicia y no a los narcos, que se llene mi casa, mi pista de narcos”.
“A mí me la enchufaron a la avioneta. Ellos me pidieron que lo desarme (en referencia a los policías), que el Juzgado Federal me pagaría, como nosotros tenemos conocimiento en la mecánica de avioneta de ese tipo. Me voy a presentar al Juzgado Federal, si me quieren meter preso, que me metan”, indicó.
Al ser consultado por la supuesta venta en 25 mil dólares a una persona de Córdoba, De Dio expresó: “Pero qué voy a vender esa porquería en 25 mil dólares, era un montón de latas. Lo que realmente valía lo sacaron ellos antes de dármelo. No responsabilizo a nadie, pero los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo sacaron elementos para llevarlos al Juzgado supuestamente, para ser analizado, ver la ruta que había recorrido el avión. El tablero del avión, cuando lo traje, estaba totalmente pelado, los agujeros tenía. Por eso, cuando vino el de Rosario del Tala dijo ‘esto es imposible de armar, todo lo más caro le falta, conviene comprar uno nuevo y no armar esto’. Era una lata con hierro”.
El subjefe de la Departamental San Salvador, comisario Luna, también fue consultado al respecto y no pudo dar una respuesta.
“Los vuelos de la droga”
En diciembre de 2017, diario Clarín publicó un informe titulado “Los vuelos de la droga: una ruta de 3.000 kilómetros para mover toneladas de cocaína que pasa por Entre Ríos”. el texto periodístico de aquel momento decía lo siguiente:
“El empresario argentino Gustavo Sancho está acusado de liderar una banda que importaba la mejor cocaína desde Perú y se encuentra preso desde el 14 de noviembre por orden de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Junto a él, hay otras 12 personas detenidas, entre ellas su esposa y sus tres hijos varones: Alan, Franco y Ayrton, quienes podrían ser procesados por narcotráfico y lavado de activos.
El final del líder de la banda se precipitó por la detención de su piloto preferido, el brasileño Héctor Antonio Machado (40), quien volaba las avionetas con la droga por rutas trazadas especialmente para esquivar los radares. Una de esas avionetas Cessna 2010 cayó en una zona rural del departamento de San Salvador, en Entre Ríos, el 12 de julio de 2016 pero el piloto logró escapar y no se encontró nada en su interior. Sin embargo unos meses después, cuando Machado cayó preso en Paraguay, en su celular se encontró una foto de la avioneta abandonada en Entre Ríos. Los investigadores creen que se la mandó a Sancho para avisarle lo que había pasado.
La tarde del 9 de septiembre de 2016, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay irrumpieron en la estancia La Maricela, en el distrito de Yasy Cañy, del departamento de Canindeyú. Allí secuestraron una avioneta Cessna 210, tres camionetas y 11 bolsas de arpillera repletas de cocaína: unos 400 kilos.
En ese operativo hubo seis detenidos pero uno de ellos, el piloto brasileño Héctor Antonio Machado (40), sería clave un año después, para cerrar el círculo sobre el empresario argentino Gustavo Sancho (56), acusado por narcotráfico y detenido el 14 de noviembre por orden de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Dueño de una ruta narco sofisticada - con postas desde Puno (Perú), pasando por Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Canindeyú (Paraguay)- los investigadores aseguran que Sancho tercerizaba la logística de los envíos en avionetas que llegaban, principalmente, a territorio bonaerense.
Lo único que no delegaba, ni rotaba, eran los pilotos. Y su preferido era el brasileño Machado, un hombre que, por 65.000 dólares el viaje, tomaba la cocaína en los laboratorios de Perú (donde hay que saber sortear las corrientes de aire) e iba cumpliendo con las postas, aún con el peor clima, hasta llegar a destino. La ruta había sido trazada para esquivar los radares.
La detención de Machado en Paraguay fue un golpe para Sancho. Tanto que lo forzó a dar un paso en falso. Preocupado, fue hasta un locutorio (nunca usaba su celular y ni siquiera lo llevaba encima para no activar antenas) y llamó a uno de sus abogados, Matías Jachesky.
Jachesky había defendido a Sancho en una causa del 2010 en la que se lo involucró con una avioneta que había aparecido abandonada en la zona rural de Corzuela, Chaco. La conversación entre ellos pudo ser escuchada porque Arroyo Salgado tenía intervenido el teléfono del abogado chaqueño. En la charla, el empresario da detalles sobre la detención del piloto y se muestra preocupado por su posible vinculación.
Jachesky es otro personaje central de la historia y por eso fue detenido el mismo día que Sancho. Entonces se allanó la Defensoría Oficial de Chaco, donde el abogado había sido nombrado pese a sus estrechos vínculos narcos.
Además de su relación con Sancho, Jachesky representó a Carlos Salvatore (condenado por la Justicia de Chaco en el caso Carbón Blanco). Los nexos son tan estrechos que en la causa de Arroyo Salgado a Jachesky lo defiende Luis Sasso, otro abogado del equipo de Salvatore.
Para la investigación de Arroyo Salgado -que ya acumuló 50 cuerpos y 12 detenidos- fue central la información que aportó la Unidad de Operaciones Antidroga de Gendarmería y también la que consiguió la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) quien hizo de nexo para que la Senad paraguaya aportara todos los datos de dos operativos que apuntaban a Sancho.
El primero, bautizado como “Operación Pepino”, fue el 25 de agosto de 2015 y terminó con 372 kilos de cocaína secuestrada. El dato más importante fue que en una de las camionetas de los narcos había un GPS que tenía marcado como destino el mismo campo de la localidad bonaerense de General Belgrano donde, tiempo después, en diciembre de 2016, se encontraría una avioneta abandonada.
Todo se relaciona y apunta a la misma organización. Otro ejemplo: el 12 de julio de 2016 una avioneta Cessna 2010 cayó en una zona rural del departamento de San Salvador, en Entre Ríos. El piloto logró escapar y no se encontró droga. Pero unos meses después, cuando Machado cayó en Paraguay, en su celular se encontró una foto de la avioneta abandonada en Entre Ríos. Los investigadores creen que se la mandó a Sancho para avisarle lo que había pasado.
Las fechas de este incidente coinciden también con un episodio, ocurrido en 2016, que protagonizó uno de los hombres de confianza de Gustavo Sancho, actualmente prófugo en la causa de Arroyo Salgado.
Por pedido de la jueza Federal de San Isidro se había instalado una cámara tipo domo a unos 150 metros de la casa de Sancho, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Y también se había montado una guardia permanente de Gendarmería. Fue así que, cuando uno de los miembros de la banda salió con un bolso, los gendarmes comenzaron a seguirlo.
El hombre tomó por la autopista Buenos Aires/ La Plata pero en el peaje de Hudson se impacientó y pasó de largo. Fue así que la Policía logró pararlo. Los gendarmes se sumaron al operativo y así fueron testigos de cómo el hombre llevaba en el bolso 65.000 dólares, justo la suma que, según las escuchas, cobraban los pilotos que transportaban la droga.
Iniciada en 2014, la causa está a punto de entrar en una etapa clave, ya que en las próximas horas la jueza Sandra Arroyo Salgado deberá decidir si procesa por narcotráfico y lavado de activos a los 12 detenidos el pasado 14 de noviembre. Entre ellos no sólo esta Sancho, sino también su esposa y sus tres hijos varones, Alan, Franco y Ayrton.
Alan, piloto de carreras, fue secuestrado en 2009 por una banda que lo tuvo retenido casi dos días, reclamó el pago de 200.000 euros y finalmente lo liberó sin cobrar un peso.
Ese es uno de los tantos episodios extraños que rodean a Sancho, como la denuncia que lo vinculó al crimen de Candela Rodríguez, el cuartito con acceso cifrado de su casa donde el perro rastreador de dinero de la AFIP hizo una marca o las interminables triangulaciones que hacía para llegar a una reunión en Santa Cruz de la Sierra, base de operaciones de la organización.
Según los investigadores, a través de esa ruta llegó a meter en la Argentina unos 1.000 kilos semanales de la mejor cocaína peruana”.
Condena
Once años y medio de prisión. Esa fue la pena que el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de San Martín le impuso al empresario Gustavo Sancho (61) por liderar una banda narco -que entraba cocaína a la Argentina en avionetas- y luego lavar el dinero de la droga con la compra de bienes.
Detrás de él cayó toda su familia: su esposa, Claudia Espíndola (48), y sus tres hijos, Alan (35), Franco (26) y Ayrton (25). Ellos también terminaron condenados, con distintos grados de responsabilidad. Al juicio -que arrancó en agosto de 2021- llegaron 10 acusados y sólo dos fueron absueltos. La única del entorno cercano de Sancho que se salvó fue su empleada doméstica, que había sido procesada por lavado.
Pesado si los hay, Sancho -dedicado a la construcción, a la venta de autos y dueño de boliches nocturnos- ostenta una larga lista de participaciones estelares en casos resonantes. Pero siempre tuvo "suerte"
