Señaló también que “hemos tenido la voluntad política de solucionar esto, designando a los jueces y funcionarios judiciales sugeridos por el Consejo de la Magistratura, aún cuando éste, en muchos casos, no ha elevado ternas para que el Poder Ejecutivo designe a los magistrados pidiendo su acuerdo del Senado, sino que a sugerido a una sola persona, lo que en realidad afecta la facultad constitucional del gobernador de elegir y designar a los jueces. Ante ello, nosotros podríamos haber pedido la realización de nuevos concursos pero no lo hicimos, porque pensamos que esta situación anómala de decenas de jueces fuera de la Constitución no podía prolongarse”.

“No hace falta, pero por las dudas aclaro que no tengo el gusto de conocer a prácticamente ninguno de los jueces por los que he pedido acuerdo del Senado”, indicó.

En lo que va de esta gestión, y considerando que el Consejo de la Magistratura comenzó a funcionar a pleno en mayo de 2008, se ha encarado el proceso de 32 concursos que se venían desarrollando, más 40 que iniciaron su tramitación para cubrir 82 cargos. Hay ya 18 decretos de designación. A esto debemos sumar que se tramitan en el senado 10 pliegos y están a consideración del Poder Ejecutivo 15 cargos. Esto convierte al gobierno de Urribarri en el más prolífico en materia de regularización de cargos en el Poder Judicial entrerriano.

“Se han finalizado las entrevistas de seis concursos que abarcan 10 cargos, tenemos en etapa de calificación de antecedentes seis concursos para siete cargos y este 18 de diciembre cierra la inscripción para 18 cargos a cubrir, con lo que a la fecha entre finalizados y tramitados completamos 82 cargos.

Este proceso, previsto en la Constitución Provincial, procura las condiciones objetivas para que haya ecuanimidad en la designación y capacidad y probidad en el designado, con el consiguiente fortalecimiento de la institución judicial dentro de la sociedad democrática”.

Las designaciones

Mediante acuerdos constitucionales solicitados a la Cámara de Senadores de la provincia, el gobernador Sergio Urribarri firmó los decretos para la designación de cuatro jueces de Instrucción, un fiscal de cámara, tres agentes fiscales y tres defensores de Pobres y Menores para la ciudad de Paraná.

Teniendo en cuenta la fundamentación favorable presentada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Cámara de Senadores aprobó este 9 de diciembre una serie de resoluciones que prestan el acuerdo constitucional para cubrir numerosas vacantes en el Poder Judicial entrerriano.

En virtud de ello, el 16 de diciembre, el gobernador Urribarri designó mediante la firma de 11 decretos a las personas propuestas para diferentes cargos judiciales con asiento en de Paraná.

Mediante los decretos 5056, 5060, 5062 y 5064 se designaron cuatro jueces de Instrucción de la ciudad de Paraná. En el juzgado Nº 8, a la doctora Elisa Esmeralda Zilli; en el Nº 7, al doctor Elvio Osir Garzon; en el Nº 6, a la doctora Marina Electra Barbagelata; y en el Nº 3, al doctor Alejandro Diego Grippo.

Con la firma de los decretos 5054, 5057, 5058 y 5059 se designó, respectivamente, a la doctora Cecilia Andrea Goyeneche, como fiscal de la Cámara Primera de Paraná; a doctor Rafael Martín Cotorruelo como agente fiscal de la Fiscalía N º 5; y a las doctoras María Carolina Castagno y Cecilia Beatriz Bertora, en las fiscalías de primera instancia Nº 8 y Nº 7 respectivamente, como agentes fiscales de la ciudad de Paraná.

Por último, a través de los decretos 5063, 5061 y 5055, se pusieron en funciones, respectivamente, a tres defensores de Pobres y Menores de la ciudad de Paraná: en el Nº 10 el doctor Luis Francisco Pedemonte, en el Nº 4 a la doctora María Lucrecia Sabella y en el Nº 8 a la doctora Susana María Paola Firpo.