Alberto Fernández se reunió con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia) para discutir y acordar una postura común respecto al fallo que ayer dio a conocer la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires. La decisión que se tomó en esa reunión fue no acatar el fallo de la Corte Suprema. La decisión política -que se definió en conjunto- es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.

El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.

En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.

En la Casa Rosada aseguran que el Presidente ya tomó una decisión: no va tomar deuda, no va emitir y no va a reasignar partidas presupuestarias para poder compensar el porcentaje de dinero que la Corte le devolvió a la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

En Balcarce 50 advierten que si la Ciudad quiere que el dinero salga del Presupuesto, entonces se debería realizar y aprobar una reforma del proyecto. En caso contrario, la discusión seguirá empantanada. La discusión política quebró la relación entre los gobernadores y Rodríguez Larreta, y llevó un nuevo pico de máxima tensión el vínculo entre el gobierno porteño y el nacional.

El resultado de la reunión va en línea con la postura que ayer por la noche planteó el gobernador de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, quien le pidió al Presidente desconocer el fallo. El mandatario aseguró: “No es cierto que no se perjudique a las provincias argentinas o que ocasione daño al federalismo por una sencilla razón: son menos recursos para obras o políticas redistributivas”.

En la reunión de este jueves hubo duras críticas de los gobernadores a la Corte Suprema, a la que acusan de haber realizado un “fallo político” que perjudica a todas las provincias y que beneficia solamente a la Ciudad de Buenos Aires. Fernández accedió al reclamo de los mandatarios y reforzó sus cuestionamientos al máximo tribunal. Logró, bajo su tutela, una postura política común los gobernadores.

En el encuentro de hoy estuvieron en forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Este miércoles el máximo tribunal, a través de una medida cautelar, resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.

Esa decisión fue tomada en un momento donde Axel Kicillof enfrentaba un conflicto salarial con la Policía Bonaerense. A las pocas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto que había sacado el Presidente.

Con el correr de los días el conflicto dejó de ser entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Los gobernadores entendieron que el gobierno porteño se estaba quedando con un porcentaje de coparticipación que no debía - que había sido otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri -, que volvía a la Ciudad más rica de lo que ya es y que les impedía a ellos sumar ingresos coparticipables.

Desde hace largos meses que los gobernadores anticipaban - como ejercicio de presión política - que la Corte Suprema iba a fallar a favor del gobierno porteño. Cuando ayer se conoció la resolución, se generó un estallido en el grupo de mandatarios. Creen, en gran medida, que fue fallo con condimentos políticos que busca empujar la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta.

El alcalde porteño cree lo contrario. Sostiene que el fallo les conviene a los gobernadores, porque genera la jurisprudencia necesaria para permitirles asegurarse que el gobierno nacional, sea cual sea el color político, no pueda quitarles en el futuro, porcentajes de coparticipación en forma arbitraria. Dos miradas bien distintas sobre un conflicto que atraviesa al país.