Se llevó adelante una audiencia pública por orden del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco del amparo iniciado por Cauce, por extracción ilegal en la parcela 24.856 y por la obstrucción de la libre circulación del arroyo El Salto por parte de la empresa minera Cristamine, en Aldea Brasilera.
La audiencia se desarrolló el viernes 12 de septiembre en el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad, con la presencia de un representante de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER), autoridades locales de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, integrantes de la empresa Cristamine, vecinos, vecinas de ambas localidades y de Paraná, organizaciones ambientalistas y trabajadores de la Empresa.
La instancia forma parte de lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que dispuso que Ambiente convoque a una verdadera participación ciudadana previo a otorgar Certificado de Aptitud Ambiental (CAA).
El rol de Cauce en la audiencia
Según la información que se hizo llegar a ANÁLISIS, por la Fundación Cauce, la abogada Valeria Enderle, expuso sobre los puntos críticos que persisten en relación al proyecto, entre ellos:
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN): La parcela 24.856 está categorizada como zona amarilla (Categoría II), lo que limita su uso a actividades sostenibles, turísticas o de investigación científica. Esto significa que la minería no está permitida. La empresa negó esta clasificación, mientras que la Secretaría de Ambiente se comprometió a revisar la situación.
Ausencia de Estudio de Impacto Ambiental específico: Pese a los antecedentes de informes negativos, la explotación de la parcela se habilitó desde el área técnica sin ningún fundamento. No existe un estudio de impacto ambiental particular sobre la parcela 24.856, lo que vulnera la normativa vigente y los estándares de protección ambiental, establecidos por el Decreto provincial vigente y por la Ley General del Ambiente
Riesgo sobre el arroyo El Salto: Se advirtió que la cava generada por la empresa (mientras explotaba ilegalmente) podría, de habilitarse la extracción de arena, generar una filtración que desvíe el curso del arroyo hacia la explotación minera, con la consecuente pérdida del caudal y un daño irreversible al ecosistema. La empresa negó este escenario, aunque la propia Secretaría de Ambiente lo había señalado previamente en otra instancia.
Otros planteos en la audiencia
Durante la jornada también se abordaron cuestiones como:
El traslado del material hacia la planta de lavado a través del camino vecinal y el cruce del arroyo a través de Puente de Piedra;
La preocupación por la exposición al polvo de sílice, frente a lo cual se solicitó implementar monitoreos comunitarios de la calidad del aire.
Los reclamos de vecinos y trabajadores vinculados al impacto económico y social de la paralización de la cantera.
Próximos pasos
La Fundación Cauce advirtió que continuará monitoreando el cumplimiento de la sentencia del STJ para que se respeten las normativas ambientales, especialmente en lo que refiere a la protección del arroyo El Salto y al cumplimiento del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo.
