Víctor L. Bacchetta
En el mes de junio último, la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, aseguró que estaban trabajando muy bien con la firma HIF Global para reformar el proyecto de producción de combustibles en Paysandú ante los cuestionamientos surgidos, tanto del lado uruguayo como argentino, por los impactos ambientales: «La empresa está muy abierta a conocer los criterios de este gabinete», expresó Cardona.
Los cuestionamientos son por la ubicación al lado del Área Natural Protegida Islas del Queguay y por la afectación del turismo que sostiene a la ciudad argentina de Colón. En aquel momento, la ministra indicó que la empresa debía “tratar de generar lo mismo en menos espacio y al mismo tiempo correrse», pero que no se podía correr mucho, «porque requiere el CO2 de ALUR». Esta afirmación de Cardona encubre la característica principal del proyecto de HIF.
En diciembre de 2023, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció alborozado la firma del acuerdo con HIF por el proyecto que había sido seleccionado en una convocatoria internacional realizada por ALUR, se dijo que era una iniciativa para reutilizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la filial de Ancap en Paysandú. Se destacó también, como es usual en esos casos, que esta sería la mayor inversión industrial en la historia del país, mayor que la de UPM.
Según las primeras informaciones, ALUR aportaría 150.000 toneladas anuales (tn/a) de CO2, lo que representaba un 25% del total previsto para producir metanol. Sin embargo, la comunicación del 22 de agosto último (p.35/70) dice que ALUR aportará 50.000 tn/a, un 5% del total, mientras que 920.000 tn/a vendrán de las calderas de biomasa. O sea que la participación de ALUR es meramente simbólica, casi todo proviene de quemar desechos de la forestación.
En resumidas cuentas, el proyecto de HIF es un fraude, la reutilización de las emisiones de CO2 de ALUR es una parte mínima y el resto serán nuevas emisiones generadas en esa planta. No contribuye a la descarbonización del planeta, ni a la supuesta mitigación del cambio climático si, en lugar de reutilizar, generan nuevas emisiones de CO2. Aunque las forestales no aparecen al frente del proyecto, es un negocio más, y nada menor, para estas empresas.
¿Qué es lo que ocurre? Las metrópolis industrializadas del Norte, para las cuales están diseñados estos proyectos, necesitan imperiosamente cubrir la demanda de combustible de sus sociedades. Su preocupación no es descarbonizar la atmósfera, sino que a mediano y largo plazo faltarán los combustibles fósiles. Las reservas de hidrocarburos se acaban y están preparándose para ese momento, con nuestros bienes naturales, como lo han hecho históricamente.
HIF se presenta como una empresa “líder mundial en e-Combustibles” y viene anunciado en forma continua proyectos maravillosos desde el ángulo ambiental, económico y social, aunque están aún lejos de ser realizados e indefinidos en aspectos clave. Además de Uruguay, HIF informa de su participación en grandes proyectos industriales en Estados Unidos, Australia, Alemania y Brasil, pero solo tiene en operación una planta piloto de carácter experimental en Chile.
La planta de HIF en Punta Arenas, Chile, produce metanol con “hidrógeno verde” y CO2 captado de la atmósfera con una tecnología no probada en mayor escala. La gasolina elaborada en esta planta ha sido utilizada por la firma Porsche en carreras de automóviles y por la Armada de Chile en una de sus lanchas, pero hasta el presente HIF no cuenta con un proyecto a escala industrial en ninguno de los países mencionados, ni explica de dónde tomará el CO2 en cada uno de esos casos.
Amenaza al área protegida
El 20 de agosto último, el Poder Ejecutivo aprobó la selección del área natural protegida «Islas del Queguay”, a partir de la propuesta en 2018 del Grupo Ecologista Naturista Sanducero (GENSA), la ONG Paysandú Nuestro y el Polo Ecología Fluvial del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. Sin embargo, la delimitación final del área recortó la propuesta original con la intención de posibilitar la instalación de HIF en la zona.
“El recorte elimina la zona costera de amortiguación de 42 kilómetros de extensión norte-sur, situada entre el Arroyo Malo y el Arroyo San Francisco, que el proyecto inicial proponía preservar en calidad de paisaje protegido. Las zonas de amortiguación son regiones de las áreas protegidas que protegen la zona núcleo de la reserva de impactos y presiones externas próximos”, explicó a El Zumbido el biólogo y docente Diego Varela, uno de los autores de la propuesta.
“Es inadmisible desde un punto de vista ambiental y conservacionista – argumentó Varela en su exposición – que se instale una planta de más de 100 hectáreas de superficie, que talará más de 30 hectáreas de bosque autóctono, en estos padrones que están ubicados dentro de lo que se propuso como zona de amortiguación del área protegida, que naturalmente forma parte y está en continuidad y contigüidad con ella”.
El ambientalista sanducero señala que, además de la planta industrial, se fracciona el territorio aledaño con una telaraña de ductos de CO2 y metanol que transponen el arroyo San Francisco por técnicas no especificadas, un colector de residuos industriales que conectará con el colector de Paysandú, redes de media y alta tensión, carreteras de tránsito pesado y una toma de agua dentro de la zona acuática de la reserva a 100 metros de la Isla San Miguel.
Varela agregó que, además de sustituir suelos por superficies impermeables, la planta genera, en un ambiente natural, contaminación atmosférica, acústica, de sonido y térmica, así como facilita la introducción furtiva o involuntaria de especies vegetales y animales invasoras. Y, por último, en caso de accidente o fallas en las medidas de mitigación, puede ocasionar eventos puntualmente severos, tales como incendio, explosión o vertido de residuos industriales peligrosos.
Tras la autodisolución unos años atrás de las organizaciones Gensa y Paysandú Nuestro, el grupo Ambiente y Diversidad dio continuidad a la propuesta del área protegida Islas del Queguay y promueve en este momento, junto con la Inter Social Paysandú, la recolección de firmas para presentar en la Junta Departamental una iniciativa ciudadana que propone declarar reserva natural los padrones 11.950 y 11.951, donde pretende instalarse la planta de HIF.
El movimiento denominado Firmá por el Río debe recolectar hasta el 15% del padrón electoral del departamento de Paysandú para que la iniciativa sea tratada en la Junta de acuerdo con la Ley N°9.515 sobre el gobierno y la administración de los municipios. Una vez validadas las firmas, la Junta tiene 60 días para considerar la iniciativa y, si no la aprueba, se lo comunica al Intendente, quien debe convocar a un plebiscito departamental para decidir al respecto.
En este momento, el grupo Paysandú por un Uruguay Soberano impulsa también una recolección de firmas aplicando el mismo marco legal de las iniciativas ciudadanas. La diferencia entre una y otra es que mientras la primera, al declarar reserva natural esos padrones, prohíbe la instalación en el área de HIF y de cualquier otro emprendimiento industrial, la segunda propone prohibir la instalación del proyecto de HIF en todo el departamento de Paysandú.
No disipación del conflicto
Como la anunciada reformulación del proyecto de HIF terminó en correrse “un poquito”, dijera la ministra Cardona, no solo se mantuvieron las principales objeciones desde el ángulo ambiental planteadas en la población uruguaya por las iniciativas referidas, sino también el cuestionamiento de la contaminación visual y atmosférica que provocaría esa planta industrial sobre la ciudad de Colón y localidades vecinas, cuya economía está centrada hoy en el turismo.
En abril de 2024, en la presentación de HIF ante el Ministerio de Ambiente, tanto en la descripción del ambiente como en los posibles impactos, se ignoraba la otra ribera del río Uruguay. Hablaba de la ciudad de Paysandú, a siete kilómetros de la planta. y del poblado de Constancia, a unos tres kilómetros, pero no de la ciudad de Colón, a poco más de dos kilómetros. Era más absurdo aún cuando mostraba que los vientos dominantes van hacia la orilla de enfrente.
Técnicamente, según el proyecto presentado, se trata de una refinería para producir combustibles y derivados, con cuatro antorchas donde se quemarán gases no reciclables y tres calderas para la producción de dióxido de carbono mediante la quema de desechos forestales, con sus respectivas chimeneas. Además del impacto de estar disfrutando la playa con ese espectáculo delante, las emisiones tóxicas a la atmósfera de esos procesos son ampliamente conocidas.
Ante el comunicado de HIF del 9 de julio último, dando cuenta de modificaciones introducidas al proyecto, el gobierno uruguayo manifestó su acuerdo con esos cambios. “Los inversores han hecho modificaciones sustantivas para poder mitigar las observaciones de Argentina. Entendemos que con las acciones que está llevando adelante Uruguay se ha escuchado, creemos que está subsanado”, declaró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
HIF incluyó ahora a Colón en el área de influencia del proyecto, pero solo realiza una descripción de sus características y deja la consideración de impactos y medidas de mitigación al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Utiliza una táctica evasiva, porque aún no tiene la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), para la cual esa información es crucial. El EsIA debe ser presentado en la etapa posterior a la VAL, instancia en la cual debe tener aprobada la ubicación.
En cuanto a las antorchas y chimeneas, HIF enfatizó que achicó el área de la planta y que las instalaciones quedaron más lejos del río. Sin embargo, la Junta Departamental, por el Decreto 8731 del 8 de julio último, autorizó una altura de 80 metros para las antorchas. Si se tiene en cuenta que la base estará a unos 14 metros sobre el nivel cero del río y que las llamas tendrán más de siete metros de largo, no hay barrera de árboles que las esconda.
Con estos elementos, no es posible creer que el cuestionamiento desde el lado argentino vaya a disminuir. Ese cuestionamiento ya hizo que el gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, viniera al Uruguay y le solicitara expresamente al presidente Yamandú Orsi que cambiara el lugar de la planta de HIF. En la ocasión, ambos mandatarios reiteraron sus lazos de hermandad y el interés mutuo de no repetir un conflicto como el ocurrido con Botnia/UPM.
La Multisectorial Somos Ambiente de Entre Ríos manifestó enfáticamente en julio que los cambios introducidos en el proyecto de HIF no modificaban las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de Colón y la región, reiteraron su exigencia de relocalización y le solicitaron al gobernador que actúe en consecuencia. Sin precipitación, Frigerio dejó transcurrir un tiempo, pero ahora, obligado por las circunstancias. anunció que vendrá nuevamente a Uruguay en octubre.
(*) Este artículo de Opinión de Víctor L. Bacchetta fue publicado originalmente en el portal de El Zumbido.
