El empresariado volverá a la carga antes de que comience propiamente el “debate oral”.
Con mayor o menor intensidad, en el transcurso de del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, pero especialmente en la etapa de las cuestiones preliminares, los empresarios -acusados de haber pagado más de 33 millones de dólares en coimas a funcionarios del kirchnerismo– apuntarán a reanimar viejos planteos para debilitar la prueba en su contra.
Es que, terminada la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se abrirá una instancia donde las partes podrán plantear nulidades, recusaciones o pedir que sea excluida una parte de la prueba, y allí el empresariado volverá a la carga.
Se descuenta que en esa ventana del juicio aparecerá una vez más el debate sobre la “reparación integral”, el instrumento mediante el cual los empresarios intentaron sortear el juicio ofreciendo más de 13 millones de dólares, publicó el diario La Nación.
Esa estrategia ya fue rechazada por los jueces del Tribunal Oral N°7, pero la decisión fue cuestionada y la Sala I de la Cámara de Casación deberá pronunciarse al respecto.
La versión más elemental de lo que sostienen los empresarios asegura que la reparación integral forma parte del Código y que la aceptación de su uso no es optativa. La oferta, argumentan los hombres de negocios, puede resultar insuficiente para compensar el daño, pero nunca inadmisible.
Los empresarios que más dinero ofertaron para escaparle al juicio
Intentaron, sin éxito, una “reparación integral” del daño, una figura contemplada en el nuevo código.
* Hugo Dragonetti (Panedile): Más US$ 960 mil. Habría realizado 22 pagos para la recaudación, algunos canalizados a través del financista Clarens. El chofer Centeno detalló en sus anotaciones que los cobros se levantaban en la sede de la firma, en Suipacha 1111.
* Ángelo Calcaterra (Iecsa): Más de US$ 1.600.000. El primo del expresidente Macri también se acogió a un acuerdo de colaboración. Declaró que le impartía órdenes de pago a Héctor Sánchez Caballero, CEO de la empresa, quien le entregaba a Baratta el dinero en un estacionamiento de Puerto Madero.
* Ernesto Clarens (Financista intermediario): Alrededor de US$ 1.500.000. Habría sido el financista que ofició de nexo con parte del empresariado. “Si quieren trabajar, van a tener que pagar”, solía decir. Se acogió a un acuerdo de colaboración y, para evitar llegar a juicio, ofreció entregar una embarcación y un departamento en Miami, valuados por él en ese monto.
* Juan Carlos de Goycochea (Isolux): Más de US$ 1.000.000. Fue un ofrecimiento conjunto con Mario Maxit y Cesar de Goycochea, directivos de la misma firma. Fue el primero de los empresarios en cruzar la frontera y convertirse en arrepentido. Dijo que los “aportes para la campaña” eran eufemismos para el pago de coimas.
* Aldo Benito Roggio (Grupo Roggio): Más de US$ 1.250.000. También se convirtió en arrepentido. Dijo que accedió a formar parte del esquema luego de un “regateo”. “Mis conversaciones con [Ricardo] Jaime (exministro de Transporte) comenzaron porque nos habían dejado de pagar”, explicó.
Quienes se oponen a esa idea y a la utilización de la herramienta en esta causa señalan que la reparación es un instrumento diseñado para extinguir conflictos de menor calibre y en los que hay una víctima individualizada; no para cerrar una causa como Cuadernos, con delitos “pluriofensivos” y donde es la sociedad en su conjunto la agraviada.
De ese modo lo entendieron los jueces del Tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, al sostener que el dictamen de la fiscal Fabiana León, donde se señaló que no había monto que reparara el daño institucional generado, era vinculante.
Pero las apelaciones deberán resolverse en la Casación, el máximo tribunal penal del país. Los empresarios aseguran que la resolución del TOF 7 confunde la reparación con la conciliación, donde sí es necesario el consenso de la víctima para extinguir la acción penal.
El empresariado y también los exfuncionarios retomarán otro frente adverso al intentar cuestionar la validez de las declaraciones de los arrepentidos, que constituyen el corazón de la prueba.
La Cámara de Casación, en noviembre de 2020, rechazó un planteo de este tipo enarbolado por la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido, que afirmaba que esas declaraciones no fueron filmadas ni grabadas, tal como exige un artículo de la ley del arrepentido.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña afirmaron que eso no invalidaba la prueba y lo rechazaron. Sin embargo, dejaron entreabierta una rendija al sostener que podía tener incidencia a la hora de evaluar la prueba “en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados”.
Pero los empresarios se aferrarán sobre todo al voto en solitario de la exjueza Ana María Figueroa, quien sostuvo en aquel fallo de 2020 que no haber grabado las declaraciones de los arrepentidos, tal como indicaba la ley, constituía una seria deficiencia, destacó el diario La Nación.
“Un acta [escrita] no puede reemplazar a un medio técnico grabado observable, lo audible, lo presencial”, dijo la jueza, que valoró como necesario poder tener una impresión del “estado de ánimo del declarante”, sus “expresiones, gestos, el tono de la voz y su cadencia, que permitan evaluar su autenticidad e integralidad”.
Detrás de esta discusión técnica asoma la hipótesis, agitada la semana pasada en redes por la expresidenta Cristina Kirchner, alineada de manera indirecta con los empresarios, de que las declaraciones de los arrepentidos fueron “arrancadas” bajo coacción por el fiscal Carlos Stornelli, a pesar de que los más de 20 imputados colaboradores que declararon lo hicieron junto a sus abogados defensores.
Al igual que en la primera audiencia, la expresidenta, acusada de ser la jefa del sistema de recaudación ilegal, publicó en X un mensaje en el que sostenía que los arrepentidos que apuntan en su contra fueron “extorsionados” y “torturados”.
Reunión entre jueces
Para el martes que viene -después de los chispazos que se produjeron en torno a la marcha del juicio oral- está prevista una reunión entre los jueces de la Casación y lo del TOF 7, y los abogados de los empresarios, que pidieron estar presentes para no perder pisada, ya fueron notificados de que no podrán ser de la partida.
“Se trata de una convocatoria para magistrados, sin intervención de las partes en el proceso”, dice la comunicación de la Casación.
