La Fiscalía de Diamante investiga irregularidades en dos obras públicas licitadas y pagadas por la gestión de Juan Carlos Darrichón y adjudicadas a una misma empresa: en la Terminal de Ómnibus se registró carencia de proyecto, falsedad de certificados y pagos de avances no realizados. La bajada al puerto se rompió a poco de ser inaugurada sin la infraestructura ni los materiales comprometidos. Se llevan adelante pericias para esclarecer el supuesto fraude.
La denuncia fue presentada por el intendente Ezio Gieco en mayo de 2024, a partir de los que encontraron en la obra adjudicada y abonada durante la gestión anterior sobre la nueva Terminal de Ómnibus. La Unidad Fiscal de Diamante, a cargo de Gilberto Robledo, avanzó con una serie de medidas y el expediente sumó otra causa más: la del asfaltado de la calle conocida como “bajada la puerto”, que zigzaguea desde la ciudad hasta el río Paraná, debido a que se rompió a poco de ser inaugurada en los últimos días de la gestión de Darrichón.
La investigación inicial se centra en la obra pública para la "construcción de un inmueble para la nueva Terminal de Ómnibus". Se denunciaron varios aspectos:
- Contratación y monto: La obra fue licitada mediante Licitación Pública N° 09/2021 y adjudicada a la firma Brokan Constructora, propiedad Franco Leikan, por un monto total de $172.977.752,68. Los fondos provenían de un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación. Este empresario es el hijo del “Ruli” Leikan, quien siempre estuvo en el negocio de las canteras muy vinculado a Vialidad.
- Plazo de ejecución: el Contrato de Locación de Obra Pública fue celebrado el 2 de marzo de 2022, con un Acta de Inicio de Obra del 20 de abril de ese año. El plazo estipulado era de 420 días corridos, lo que significaba que la obra debía expirar el 14 de junio de 2023.
- Delitos potenciales: se busca determinar si los actos configuran los delitos de fraude en perjuicio de alguna administración pública (art. 174, inciso 5°) y/o la falsedad de datos consignados en instrumentos públicos (art. 292 y siguientes del Código Penal).
La Municipalidad advirtió ciertas irregularidades y falsedad documental en el expediente de esta obra pública. La principal irregularidad radica en la falsedad de los datos consignados en los Certificados de Avance de Obra, que se detallaron de esta manera.
- Certificación falsificada: se confeccionaron 13 Certificados de Avance de Obra. El último de ellos, correspondiente a abril de 2023, consignaba un avance físico del 75,55%.
- Discrepancia notoria: un relevamiento e informe posterior, encargado por la nueva gestión de gobierno, determinó que el avance físico real de la construcción a la fecha era de treinta y seis punto sesenta y siete por ciento (36,67%).
- Ítems falsamente completados: el Certificado de Avance de Obra N° 13 consignaba con un avance del 100% una gran cantidad de ítems que no se verificaban en la realidad. Ejemplos incluyen señalización vertical, paisajismo, iluminación, transformador de potencia, artefactos de iluminación, termotanque de gas, vidrios de frente comercial de boleterías, y núcleos sanitarios (a excepción del espejo), entre muchos otros.
- Uso de instrumentos apócrifos: la magnitud de la falsedad de los datos consignados en estos instrumentos públicos sugiere que no fueron errores de medición. Estos certificados apócrifos fueron utilizados para que la empresa recibiera pagos por avances de obra inexistentes.
- Deficiencias estructurales y desvíos de proyecto: además de la falsedad en el avance, la obra presenta graves deficiencias constructivas y desvíos injustificados del proyecto original, incluyendo columnas realizadas fuera de eje, patologías estructurales en elementos de hormigón, vigas sin soporte vertical (cargando sobre mampostería no portante), debilitamiento de muros, falta de aplomo en muros altos sin encadenados, cubierta sin arriostramiento adecuado, y agrietamientos significativos en revoques.
- Adjudicación post- vencimiento: estando en conocimiento los funcionarios municipales de las graves negligencias y a solo dos días de vencerse el plazo de obra, se le adjudicó a la misma empresa (Brokan Constructora) un nuevo Contrato de Locación de Obra Pública por más de $42 millones. Se trata de la calle de la bajada al puerto, donde nuevamente se encontraron con problemas graves.
- Connivencia: del análisis de los hechos, el denunciante sospecha la posible existencia de connivencia entre los titulares y responsables de Brokan Constructora y los exfuncionarios de la Municipalidad de Diamante que intervinieron.
Acerca de este último punto, se nombran a los principales acusados, que intervinieron en los documentos y la supervisión de la obra:
- Ingeniero José Zubielqui: designado Inspector de obra y funcionario municipal (Director/Secretario de Obras Públicas). Firmó la totalidad de los Certificados de Obra y su función principal era controlar e inspeccionar el proceso constructivo y certificar el avance.
- Franco Leikan: titular de la empresa adjudicataria, Brokan Constructora. Firmó la totalidad de los Certificados de Obra (excepto el n°13).
- Ing. Martin Caballero: representante técnico de la empresa. Firmó los Certificados de Obra.
- Juan Carlos Darrichón: presidente municipal de la gestión anterior. Suscribió los certificados N° 11 y 12.
- Norma Salcedo: Secretaria de Políticas Sociales A/C de Turismo y Cultura. Suscribió los certificados N° 11 y 12.
- Otros funcionarios municipales: Se señala que las irregularidades no podían estar fuera del conocimiento de otros funcionarios. El arquitecto Mauro Brumatti Gieco denunció las graves irregularidades y la diferencia entre el avance certificado y lo ejecutado mediante un informe en junio de 2023, pero no hay evidencia de que la gestión Darrichón haya solicitado aclaraciones al Inspector o a la empresa, consiga el documento.
Surge, de este modo, el posible fraude a la administración pública con los montos pagados en base a certificados fraguados: el monto total de la obra fue de $172.977.752,68. Hubo un anticipo financiero del 20%: se aprobó y se pagó la suma de $34.595.550,53. El total pagado (el anticipo más lo abonado por los certificados) por el municipio a la adjudicataria fue el 80% del monto total de la obra, ascendiendo a $138.382.202,14. Estos pagos se realizaron basándose en certificados que consignaban un avance de obra superior al 75%.
Sin embargo, luego se constató cuál era la real situación de la obra que, según denunciaron, se encontraba en “estado crítico, con graves deficiencias de construcción”. Afirmaron que presentaba un avance real del 36,67% de construcción. Además, refirieron un informe técnico que detalla un “sinfín de deficiencias constructivas”. Se remarcó que observaron fallos importantes en la mano de obra, desvíos injustificados del proyecto original, exposición de armaduras y óxido, elementos estructurales mal ejecutados y falta de estabilidad en muros.
Con este panorama, la actual gestión municipal procedió a la rescisión del Contrato de Locación de Obra el 6 de mayo de 2024.
Esta semana, un perito de la Justicia asistió a la ciudad de Diamante para realizar la inspección necesaria para relevar la información que le permitirá dictaminar. Este informe será la base sobre el cual la Fiscalía podría avanzar en eventuales imputaciones.
A su vez, se acopla a este expediente la otra obra irregular con los mismos actores: se pagó a la misma firma más de 42 millones de pesos, Darrichón la inauguró y los resultados están a la vista: se rompió y las inspecciones constataron que no tenía hierro ni la infraestructura que se habían comprometido a construir.
