Por Beatriz Arbasetti

Esta semana todo el país marchó por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si bien siempre hubo requerimientos sobre la problemática, nunca como ahora se afrontó un recorte tan drástico como el del actual gobierno elegido democráticamente.

Dicha ley refiere a las prestaciones básicas en salud, educación y protección social de las personas con discapacidad, con una vigencia hasta diciembre de 2027, lo que indica el franco retroceso sufrido en un tema por demás sensible.

Los aranceles del nomenclador nacional siempre tuvieron atrasos y la efectivización de los pagos fue tardía. Sin embargo, hace un año están congelados y cuando creíamos que se cumplía con el 4% de cupo laboral por parte del estado, nos enteramos de que no ocurre.

El ministro de Salud de la Nación explica que la situación se debe “al desmanejo y mala gestión” de los gobiernos precedentes. El director de ANDIS se atreve a decirle a una madre de un niño autista que “como ella lo tuvo, se debe hacer cargo la familia”.

Quienes defendemos hace casi cuarenta años los derechos de nuestros hijos con discapacidad, no tenemos memoria de semejante destrato de parte de un gobierno constitucional.

So pretexto de lograr déficit 0, se realiza un recorte presupuestario inaudito. Y así se viola la Constitución Nacional, en cuanto garantiza “la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de derechos (…), en particular respecto de los niños, los ancianos y las personas con discapacidad.” (Art.75, inc. 23).

Se abandonan las políticas públicas de inclusión que tanto costó conseguir, mientras la ANDIS las condena por ser “un proyecto regresivo y asistencialista”. Pero, ¿dónde han quedado las obligaciones del Estado en materia de salud y discapacidad? ¿Cuáles son las actuales y novedosas funciones de la agencia? Nunca se vio tal despreocupación hacia una población que ronda el 14%, integrada por una cantidad respetable de votantes para las próximas elecciones que desvelan al gobierno.

Los Padres de la Patria sostuvieron que la grandeza del país se lograría en base a su educación y su salud. Hoy quienes exigen el cumplimiento de esos mandatos son los jubilados, las universidades y los discapacitados.

No hay recursos para ninguno de estos grupos; no obstante, se incrementó un 254% el presupuesto de la SIDE… ¿tan significativas serán sus funciones?

Hacemos votos para que los Diputados y Senadores de la Nación sancionen esta ley para su inmediato cumplimiento.