Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone una nueva forma de abordar las pintadas y grafitis no autorizados en el espacio público. La iniciativa fue impulsada por el diputado Jorge Maier junto a un grupo de legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos, con el fin de proteger el patrimonio común y ofrecer alternativas educativas y artísticas que promuevan el muralismo en espacios habilitados. La propuesta fue ingresada recientemente y se enmarca en un enfoque que privilegia la concientización, la participación comunitaria y la educación ciudadana por sobre las sanciones económicas.
El texto legislativo establece como primer objetivo preservar y proteger el patrimonio público provincial frente a los daños ocasionados por pintadas no autorizadas. Para ello, prevé la creación de programas de reparación y formación en los que las personas que sean sorprendidas realizando grafitis sin permiso participen en tareas comunitarias y educativas. En lugar de multas económicas, el proyecto plantea que los infractores colaboren en la restauración de muros, mobiliario urbano o monumentos dañados, y participen en talleres sobre arte urbano responsable y reflexión sobre el valor del espacio común.
En los casos en que los infractores sean menores de edad, la propuesta dispone que las actividades de aprendizaje se realicen junto a sus padres, tutores o responsables legales, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad compartida en torno al cuidado del entorno urbano. "La intención no es castigar, sino educar y reparar", explica el texto de fundamentos, que subraya que el trabajo comunitario no debe entenderse como una pena, sino como una instancia pedagógica y constructiva.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Provincial de Muralismo y Espacios Urbanos Autorizados, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la provincia. Este registro permitirá identificar muros y superficies destinadas a la realización de murales y grafitis artísticos con autorización, además de inscribir a artistas, colectivos culturales y organizaciones interesadas en participar de proyectos colaborativos. También prevé la firma de convenios con entidades de la sociedad civil dedicadas al arte, la juventud y el medio ambiente, para promover intervenciones culturales y educativas.
El proyecto de ley, en su articulado, define qué se entiende por grafiti no autorizado y prohíbe su realización en bienes de dominio público provincial. También invita a los municipios y comunas de Entre Ríos a adherir a la iniciativa y a dictar normas complementarias para su aplicación local. La Secretaría de Cultura, junto al Consejo General de Educación, el Ministerio de Gobierno y las municipalidades, será la autoridad de aplicación y responsable de coordinar las acciones educativas, de restauración y de difusión.
En su fundamentación, Maier y los coautores del bloque (las diputadas Mariana Bentos, Gabriela Lena, María Elena Romero, Carolina Streitenberger y Noelia Taborda, y el diputado Mauro Godein) remarcan que la propuesta no busca duplicar sanciones ya existentes en el Código Penal o en las ordenanzas municipales, sino más bien fortalecer un enfoque educativo que complemente el marco legal vigente. "El espacio público no es un lugar anónimo, sino un bien compartido que refleja la identidad colectiva de la comunidad", señala el documento, que plantea la necesidad de "reconocernos como parte de un mismo proyecto social y cultural".
La iniciativa también prevé que el Poder Ejecutivo impulse campañas educativas en escuelas, centros culturales y comunitarios, orientadas a promover el respeto por los espacios comunes y el reconocimiento del arte urbano como manifestación cultural legítima cuando se realiza en lugares autorizados.
El proyecto aún debe ser tratado en comisión antes de llegar al recinto.
