En el expediente en el cual se investiga el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa Securitas se analizan 12 casos. El que afecta a Entre Ríos es el número 5 y a lo largo de las fojas se lo denomina “el caso Enersa”. De su lectura surgen abundantes pruebas contra los principales imputados, Claudio y Marcelo Tórtul. Hay relatos de reuniones a los gritos, presiones y hasta una persecución y disparos contra un vehículo. Ahora se sumó la novedad de que los Tórtul entregaron las claves de sus teléfonos, lo que es interpretado como “un mensaje”. Los gerentes de Enersa imputados argumentan que no son funcionarios públicos y, en una coincidencia impensada con el ex gobernador Gustavo Bordet, apuntan al Directorio de la distribuidora de energía. La jueza Arroyo Salgado hizo lugar a las apelaciones y ahora debe definir la Cámara Federal de San Martín.

 

L. D.

 

En el voluminoso expediente en el cual se investiga el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa Securitas se analizan 12 casos. El que afecta a Entre Ríos es el número 5 y a lo largo de las fojas se lo denomina “el caso Enersa”.

 

La investigación sobre las coimas tiene su origen en 2018, cuando una ex empleada de la compañía realizó una denuncia interna y contó lo que sabía sobre el esquema de sobornos destinados a numerosos organismos en varios puntos del país.

 

La mujer lo hizo en el marco del programa de integridad de Securitas. Un programa de integridad es un código de procedimientos internos para promover el control y prevenir irregularidades en una empresa.

 

La denuncia de la ex empleada motivó el inicio de una investigación interna que Securitas le encomendó a la empresa internacional AppliedFacts, que a su vez subcontrató los servicios de la local G5 Integritas.

 

Los investigadores privados analizaron 1.27 terabytes de documentación, cerca de 400 mil correos electrónicos y 290 cajas de papeles. También realizaron 85 entrevistas a 43 empleados y analizaron 76 equipos, entre computadoras y teléfonos móviles.

 

Con las conclusiones de esa pesquisa, en febrero de 2020, los apoderados de Securitas Fernando Goldaracena y Carlos Dodds presentaron una denuncia en sede judicial por hechos cometidos entre 2016 y 2018.

 

Lo que hicieron se conoce como “autodenuncia”, modalidad contemplada en la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Refiere a los casos en los cuales una empresa denuncia delitos que detecta en su ámbito y suscribe lo que se denomina “convenio de colaboración eficaz”.

 

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1150, del día 16 de mayo de 2024)