El impacto será negativo si es sin consenso. No solamente para los futuros jubilados. La sociedad lo va a percibir así. Es, el proyecto de reforma previsional que se discute por estos días, una construcción de aspectos del porvenir.
De acuerdo a lo publicado, de sostenerse algunos términos del texto analizado, gradualmente se perderá lo que, hasta ahora, fue un logro que le dio a los jubilados entrerrianosuna mínima diferencia, favorable, en relación a los beneficiarios de otros sistemas.
¿Será esta reforma la manera de cumplir, en parte, el Pacto de Mayo y adelantarse a la presión que vendrá por los acuerdos de Nación con el Fondo Monetario Internacional? Si no lo es, bien podría ser. Quién sabe.
La pérdida de ingresos de los jubilados la va a generar el cambio en la base de cálculo para el haber inicial. Eso hará estragos. No es lo mismo el ochenta y dos por ciento de cien pesos que el de sesenta. Clarísimo. No es igual hacer los promedios sobre los diez últimos años de trabajo que sobre el doble de tiempo. Hay quienes observan en esto una injusticia.
En la actualidad el promedio de una jubilación pagada por el sistema que administra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos es de $1.675.527,03. Ese monto supera, por poco,el costo de la canasta básica total para un hogar de cinco integrantes establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
En tanto lo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es de $403318 pesos por mes. Es decir que, incluyendo el bono de $70000.- congelado desde hace años, el piso del sistema nacional es de $473318 pesos. Las distancias, se puede ver, son importantes. Estos guarismos no se deben perder de vista, para tratar de generar un contexto preciso.
Pese al volumen del tema no hay demasiado intercambio. Incluso es tenue hacia el interior de los aportantes al sistema. Una rareza que debería ser debidamente analizada.
Ese vacío permite que sereiteren con insistencia conceptos mezquinos, interesados, traviesos, que presentan como injusticia la percepción que tienen los pasivos entrerrianos. Mala entraña pensar así. Mucho más, decirlo.
¿Como llegamos hasta aquí? Usemos algo de esta época: origen multicausal.
Tal vez porque se dejó de pensar en salarios dignos, en lo importante que es discutirlos. La lenta caída de la clase media y hasta del deseo de serlo fue dejando en plano secundario conceptos básicos. Nadie tiene en cuenta aquello de igualar hacia arriba. Ahí se siente la batalla cultural.
Proporcionalidad
Una y otra vez, sin descanso se deslizan miradas negativas, que -lamentablemente- no son refutadas con la misma fuerza. Desequilibrios en los compromisos.
Una estrategia exitosa del poder es la deprofundizar la división entre los sectores que deberían presentar batalla unidos, para por lo menos manteneralguna dignidad alcanzada.
Las herramientas para la pelea por los ingresos, privados o estatales, han sido atacadas durante décadas. Como decimos siempre: contaron, los detractores de las organizaciones del mundo del trabajo, con la inestimable colaboración de algunos personajes indefendibles.
En Entre Ríos sobrevive una ley que sostiene el principio de proporcionalidad entre los aportes y los beneficios. Es decir que cada jubilado, de los diferentes escalafones, percibe sus haberes de acuerdo a lo que aportó como activo. Mayores aportes, mejoran los beneficios. De esa proporcionalidad depende la calidad de vida de un trabajador jubilado.
Resultado asegurado
Como escribimos hace unos días, la reforma impulsada por Rogelio Frigerio será aprobada. Si haycambios serán desde sus aliados, previamente conversados con el riñón oficialista, especialmente los que acerque a las comisiones legislativas la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Puede que no pase, pero hasta ahora, todo marcha de acuerdo al plan. Media sanción hacia fines de este mes, aprovechando la cortina delmundial de fútbol y las distracciones que proveen escándalos del gobierno nacional.
La novela a cielo abierto protagonizada por Manuel Adorni, constructor e inversor inmobiliario ocasional y, hasta ahora, jefe de gabinete de ministros, concentra las audiencias y el tiempo también se va en la búsqueda de antiguas unidades de almacenamiento de datos.
Este fue el marco que la administración consideró conveniente para enviar a la Legislatura un texto que recibió y recibe fuertes críticas. Insistimos, poco habladas.
Es dable pensar que muchos trabajadores aportantes al sistema provincial no conocen las consecuencias que tendrá sobre sus vidas esta reforma. Han sido pocos los escalafones movilizados. El de los docentes, es el más visible.
¿Discusión limitada?
El proyecto, presentado el pasado 27 de mayo, parece ser pétreo. ¿Se podrá modificar? Se potencian las dudas a la hora de buscar respuesta, porque ha sido el propio gobernador quien rechazó, incluso antes de empezar la discusión legislativa, propuestas para financiar el sistema.
Se crispó, lo que podría ser entendido como la búsqueda de limitar cualquier discusión. Es llamativo, porque el gobernador de la provincia debe velar por la paz social, construir concordia, aventando cualquier postura que pudiera enfrentar sectores sociales o productivos.
Siempre debe tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, cumpliendo estrictamente los establecido en la Constitución Provincial. Es allí, por ejemplo, en el artículo 53, donde aparece la figura del Consejo Económico y Social, pensado como un órgano de consulta de los poderes públicos para promover políticas de Estado.
No está en funcionamiento a pesar de estar vigente la ley provincial 9939, sancionada en el año 2009.
Muestra que el Constituyente siempre buscó crear posibilidades para acordar, para encontrar consensos, como un elemento sustancial para la perdurabilidad de las políticas, logrando con ello cohesión social, equilibrios. También imaginó un Defensor del Pueblo.
Observando estos institutos se puede indicar que limitar las posibilidades de discutir, para ampliar o cambiar un proyecto, es una deriva que podría contribuir a la desintegración.
Tensiones ¿ficticias?
En los cruces que se dan alrededor de la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo de la provincia hay elementos que tensionan, sobre todo por quien los enuncia.
Tensiones. ¿Son ficticias? Ojalá que sí, pero su aparición preocupa.
Llaman poderosamente la atención porque es el primer mandatario el que las pone en el centro y opera como una especie de limitador del diálogo, postulando diferencias en lo que es un todo, o debería serlo, si pensamos la provincia en términos de cohesión social. De paz social.
No pasó desapercibido esto. Tanto es así que un referente de la magistratura entrerriana, el doctor Alejandro Cánepa, reaccionó ante la aparición de la postura confrontativa entre el sector privado y el estatal.
Explicó que no existe impuesto provincial destinado a sostener la Caja de Jubilaciones. “No hay absolutamente ningún impuesto provincial que esté destinado al sostenimiento o financiamiento de la Caja”. Lo desgranó en entrevistas en las que dejó impresiones sobre la preocupación que generan algunos artículos del proyecto que podrían ser inconstitucionales.
Nos detenemos un instante: la mirada de la Justicia es importante. En Entre Ríos, tal vez no lo sepan quienes no son de esta provincia o no lo recuerden los propios entrerrianos, ese poder intervino para buscar equilibrios y evitar abusos, haciendo respetar la Constitución. En la década del noventa ante una reforma del Estado impiadosa.
Apenas empezado este siglo, por emergencias administrativas y financieras que pusieron en jaque a empleados del Estado, también actuó, construyendo equilibrios. Historias son lecciones, a veces.Todos estos elementos deben conjugarse buscando un contexto a la hora de analizar posibles consecuencias que traen proyectos de tantasensibilidad.
La ley de jubilaciones vigente indica que “en caso de insuficiencia de los fondos de la Caja, el Estado provincial y municipalidades adheridas solventarán el déficit producido en la proporción que lo hubieran originado”. Esto incluye una fórmula e indica como estará reflejado en el presupuesto anual, entre otros detalles.
Por eso deben ser oídos los municipios, a través de sus consejos deliberantes y desde las presidencias municipales.
Son actores importantes en una coyuntura donde se produce un efecto en cascada, que mes a mes impacta sus ingresos. La Nación quita a las provincias (*)y consecuentemente estas no pueden remitir un volumen similar al de años atrás, generando no pocos inconvenientes.
Debe agregarse que Entre Ríos lleva adelante un proceso institucional de creación de comunas, las que deben recibir una parte de la coparticipación. La torta se achica al repartirse entre más actores. Está también lo relacionado a la situación de las cajas de jubilaciones municipales.
Así puestas las cosas frente al tratamiento del proyecto en marcha, hay elementos que deben incluirse para evitar limitaciones en las posibles salidas. No debería ser una imposición. La profundización del diálogo, tomando en cuenta las experiencias históricas, puede evitar conflictos, judicializaciones.
Ojalá algunas tensiones sean ficticias, producidas desde el poder en el afán de concebir. Una reforma previsional no debería ser una programación de pobreza a corto plazo.
Como se explicó hace años: “La finalidad de los derechos sociales es lograr el bienestar de los trabajadores y los jubilados. A tal efecto, los constituyentes insertaron en la Ley Fundamental la seguridad social, que incluye el régimen previsional con la implementación de la movilidad de las jubilaciones y pensiones”.
(*)Entre Ríos: cuando la pobreza sigue creciendo y el Estado nacional achica la asistencia | Análisis
