En Concordia, casi la mitad de la población es pobre y más de uno de cada 10 vecinos no reúne siquiera el dinero para comprar la comida que necesita. En el Gran Paraná, un tercio de las familias vive por debajo de la línea de pobreza. En las dos ciudades el cuadro empeoró en el último tramo de 2025, contra la tendencia nacional.
En Concordia, casi la mitad de la población es pobre y más de uno de cada 10 vecinos no reúne siquiera el dinero para comprar la comida que necesita. En el Gran Paraná, un tercio de las familias vive por debajo de la línea de pobreza. En las dos ciudades el cuadro empeoró en el último tramo de 2025, contra la tendencia nacional. Mientras la necesidad se multiplica, la asistencia que la Nación canaliza a través de los comedores se achica; mientras se cierran y se dan de baja registros, crece el número de chicos que dependen de un plato de comida que ya no garantiza el Estado nacional, sino la escuela, el municipio o la olla del barrio. Mientras la necesidad se multiplica, la asistencia que la Nación canaliza a través de los comedores se achica; mientras se cierran y se dan de baja registros, crece el número de chicos que dependen de un plato de comida que ya no garantiza el Estado nacional, sino la escuela, el municipio o la olla del barrio. El dato no surge de una estimación ni de una denuncia opositora: lo informó el propio Ministerio de Capital Humano, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por ANÁLISIS.
La respuesta oficial, fechada el 12 de junio de 2026 y tramitada bajo el expediente EX-2026-43160916, permite hacer algo que pocas veces se puede: poner las cifras del gobierno al lado de la realidad que se ve en la calle. Y el contraste es difícil de digerir. Conviene empezar por el tamaño del problema, con los números más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al segundo semestre de 2025 y difundidos a fines de marzo de 2026. En Concordia, la pobreza alcanzó al 49,9 por ciento de las personas y la indigencia al 13,6 por ciento. Son los dos índices más altos de todo el país: Concordia es, una vez más, la ciudad más pobre y la más indigente de la Argentina. Y es una de las pocas en las que ambos indicadores, en lugar de bajar, subieron respecto del semestre anterior, cuando la pobreza era del 49,2 y la indigencia del 12,3 por ciento.
En el Gran Paraná, que abarca a la capital provincial junto a San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, la pobreza llegó al 31,1 por ciento, lo que significa 89.902 personas y 22.194 hogares. La indigencia trepó al 8,8 por ciento: 25.500 personas y 6.323 hogares que no logran cubrir una canasta básica de alimentos. Ese porcentaje, además, creció respecto del comienzo del año. Detrás de cada punto de esa estadística hay una escena cotidiana en cualquier barrio de Paraná: la fila que se alarga en el comedor, la olla que se estira con más agua, el changarín que vuelve a casa sin lo necesario para la cena. La indigencia, traducida del lenguaje técnico, es eso: hambre.
Frente a ese panorama, ¿qué financió la Nación? La Dirección Nacional de Programas Alimentarios, a cargo de Miguel Ángel Villelli, detalló que el programa Alimentar Comunidad, que transfiere fondos para la compra de alimentos a comedores y merenderos, llegó en Entre Ríos a apenas dieciséis espacios entre mayo de 2024 y abril de 2026. Dieciséis comedores para una provincia de más de un millón cuatrocientos mil habitantes, con una ciudad capital que tiene casi noventa mil pobres y otra, Concordia, que encabeza el ranking nacional de la miseria.
El valor de la prestación tampoco ayuda a dimensionar generosidad. La cápita de Alimentar Comunidad fue fijada por la Resolución 581 de agosto de 2024 en 763 pesos por el servicio de almuerzo o cena, y en 383 pesos por el de desayuno o merienda. Esos montos, definidos hace casi dos años, no se actualizaron en la respuesta oficial, mientras la inflación de alimentos siguió corriendo mes a mes. Sumado el último período de cobro de los dieciséis comedores entrerrianos, el monto consolidado apenas superó los 35 millones de pesos.
Existe un segundo programa, Abordaje Comunitario, financiado en el marco de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su línea de módulos secos. Allí los fondos no llegan a cada comedor, sino a organizaciones que los distribuyen, por lo que el Estado admite que no individualiza cuánto recibe cada espacio. Pero la tendencia también es de retirada: en Entre Ríos se financiaron 116 espacios comunitarios en 2024, 93 en 2025 y apenas 64 en 2026. En dos años, la cobertura se redujo casi a la mitad.
Un registro dado de baja
Hay una decisión que explica buena parte de este repliegue y que el propio Ministerio reconoció. Mediante la Resolución 393/2025, del 18 de julio de 2025, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dejó sin efecto el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, el RENACOM. La medida se fundó, según el Gobierno, en debilidades e inconsistencias detectadas por la Sindicatura General de la Nación en un informe de mayo de 2025, que cuestionó la confiabilidad de los datos.
La consecuencia es contundente: desde entonces no se generó ninguna base nueva, porque la herramienta dejó de funcionar. El Estado nacional admite, con todas las letras, que hoy no tiene un padrón vigente de cuántos comedores y merenderos están abiertos en el país. La única información que conserva es histórica. Para Entre Ríos, esa foto del pasado registra 118 comedores y merenderos que alguna vez estuvieron matriculados. Cuántos siguen funcionando hoy, y con qué apoyo, es algo que el propio Gobierno reconoce no saber.
El achicamiento entrerriano no es un accidente local, sino el reflejo de una decisión nacional. Según el informe de ejecución presupuestaria que elaboró el Centro de Economía Política Argentina sobre los primeros cinco meses de 2026, el presupuesto destinado a Políticas Alimentarias para este año prevé 67.104 millones de pesos, una reducción del 15,8 por ciento respecto de los 79.700 millones que se asignaron a los comedores en 2025. El recorte se profundiza, además, en un contexto en el que la inflación de los alimentos vino superando el tres por ciento mensual: menos plata nominal y, en términos reales, mucho menos comida.
La política de inclusión de comedores en el programa Alimentar Comunidad llegó incluso a la Justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular reclamaron judicialmente que no se interrumpa el proceso de relevamiento e incorporación de comedores al plan, y la primera respuesta del Ministerio de Capital Humano fue oponerse. El dato que ahora aporta la información pública -dieciséis comedores financiados en toda una provincia- le pone número a aquella disputa.
Si los comedores se contraen, hay un componente que el gobierno coloca, sin disimulo, en el centro de su estrategia: la Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar. Su lógica es la inversa a la del comedor comunitario. En lugar de fondear ollas, transfiere dinero de manera directa a los titulares a través de la ANSES, y el Estado lo presenta como una manera de garantizar la trazabilidad y eliminar intermediarios. Es, en palabras del propio Ministerio, la herramienta central de la política alimentaria nacional, en el marco de una decisión explícita de reducir la intermediación.
Conviene situar el cuadro entrerriano en el mapa grande. En el segundo semestre de 2025, según el INDEC, el 28,2 por ciento de las personas de los principales centros urbanos del país estaba bajo la línea de pobreza y el 6,3 por ciento en la indigencia. Extrapolado a la población total, son unos 13,5 millones de argentinos pobres. Sobre ese universo, el gobierno asienta su política central: la Prestación Alimentar alcanza, a nivel nacional, a más de 2,5 millones de titulares y a aproximadamente 4,5 millones de beneficiarios, incluida la extensión de la cobertura hasta los 17 años. Es, en escala, la mayor herramienta alimentaria del Estado; y es, también, casi la única que crece.
En Entre Ríos, la progresión de titulares de esa prestación es sostenida. En diciembre de 2023, al cierre de la gestión anterior, había 65.967 titulares en la provincia. En diciembre de 2024 ya eran 73.480; en diciembre de 2025, 73.634; y en abril de 2026, 74.076, distribuidos en 186 municipios. En poco más de dos años, ocho mil entrerrianos más pasaron a depender de esa transferencia. El gobierno nacional, además, aumentó los montos un 38 por ciento en mayo de 2026, mediante la Resolución 161/2026, para intentar recomponer el poder de compra perdido.
Pero el modelo tiene un costado que la estadística no muestra del todo. La transferencia llega a la tarjeta de la familia, sí, pero compite contra una inflación de alimentos que la erosiona mes a mes. Y deja afuera, por definición, a quienes sostienen la red comunitaria: el comedor de barrio que da de comer a treinta chicos no recibe una tarjeta, recibe -cuando recibe- un subsidio que ahora alcanza a apenas dieciséis espacios en toda la provincia. La autonomía del hogar que el gobierno pondera se construye, en los hechos, sobre el desmantelamiento de la olla colectiva.
Lo que sostienen la provincia y los barrios
El vacío que deja la Nación no desaparece: se traslada. Lo absorben los gobiernos provinciales, los municipios y, sobre todo, las organizaciones barriales. En Entre Ríos, la propia Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre el ajuste en las partidas alimentarias y recordó un dato que define la dimensión del problema: cerca de cien mil estudiantes almuerzan a diario en las escuelas entrerrianas y casi doscientos mil niños, niñas y adolescentes reciben algún tipo de asistencia alimentaria entre desayuno, merienda y comedor escolar. En muchos hogares, señaló el gremio, esa comida escolar es la más importante del día, y muchas veces la única comida fuerte.
Esa cifra dialoga, de manera brutal, con la respuesta del Ministerio nacional. Mientras casi doscientos mil chicos entrerrianos dependen de la asistencia alimentaria escolar, la Nación financia dieciséis comedores comunitarios en la provincia. La contención, hoy, la garantizan otros: la escuela pública, el municipio que pone sus propios recursos, la cocinera que abre su casa y reparte lo que puede. El comedor barrial, ese que el discurso oficial supo estigmatizar, sostiene a miles de familias justamente porque el Estado nacional se retiró.
La misma lógica se ve en otra línea olvidada. La respuesta oficial reconoció que la asistencia a personas con celiaquía en Entre Ríos se interrumpió: hubo dos convenios con la provincia, de 2023 y 2024, por 36,6 y 41,5 millones de pesos, para asistir a 489 y 525 personas respectivamente. Después, nada. Desde fines de 2024 no se renovó esa ayuda, y al momento de la respuesta la Secretaría todavía estaba “trabajando en la viabilidad técnica administrativa” para volver a financiarla. Mientras tanto, los celíacos en situación de vulnerabilidad resuelven como pueden el sobreprecio de una dieta sin gluten.
Hay un capítulo de la respuesta que merece atención por lo que revela del vínculo entre la Nación y la provincia. Desde el área de Promoción y Protección Integral, el Estado informó que en Entre Ríos, entre diciembre de 2023 y abril de 2026, percibieron la reparación económica prevista por la Ley 27.452 un total de 47 destinatarios. Esa norma protege a los hijos de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia de género, y les reconoce una reparación mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo, además de cobertura de salud. Cuarenta y siete chicos y jóvenes entrerrianos que cargan con la peor de las orfandades y a los que el Estado, al menos en el papel, acompaña.
La misma dirección enumeró cuatro convenios vigentes con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia: para implementar un decreto de prestaciones, para un registro de medidas de protección, para el acompañamiento del egreso de jóvenes sin cuidados parentales y para la cooperación en materia penal juvenil. En los cuatro casos, el Estado nacional consignó la misma frase, repetida como una letanía: no implican erogación presupuestaria para el organismo con el que se suscribió el convenio. Son, en su mayoría, acuerdos de coordinación, sin un giro de fondos a la estructura provincial. La Dirección de Integración Familiar, por su parte, informó un único convenio activo: el proyecto Impulso Familiar, firmado en marzo de 2026 con la Municipalidad de Concordia. Uno solo, en la ciudad más pobre del país.
Queda un punto que atraviesa toda la respuesta y que conviene subrayar, porque habla del vínculo entre el Estado y el ciudadano que pregunta. En varias de sus partes, el gobierno se ampara en el artículo 5 de la Ley 27.275, que establece que la información debe brindarse en el estado en que se encuentre, sin obligación de procesarla ni clasificarla. Es legalmente válido. Pero en la práctica funciona como un límite: ante el pedido de cuánto transfirió efectivamente la Nación a Entre Ríos, las áreas remiten al portal de Presupuesto Abierto, en lugar de elaborar el dato. Para los informes de auditoría, derivan al buscador de la Sindicatura. Para el detalle, otra vez a un portal.
A eso se suma un detalle de forma que no es inocente. Toda la información llegó embebida dentro de un único archivo, en una estructura de documentos anidados unos dentro de otros, sin que el cuerpo visible de la nota anticipara cifra alguna. Recién abriendo cada adjunto interno, y los adjuntos de esos adjuntos, aparecían los datos. La transparencia, así administrada, existe en el papel; pero le exige al que pregunta una insistencia y una pericia que la mayoría no tiene.
La respuesta de Capital Humano permite reconstruir, con números del propio Estado, un cambio de paradigma: menos comedores, menos registros, menos partidas, y en el otro plato de la balanza, la transferencia directa a la tarjeta como casi única política. Es una decisión legítima de un gobierno elegido, y como tal puede defenderse. Pero los datos que ese mismo gobierno entrega, leídos junto a los del INDEC, dibujan una distancia incómoda entre la planilla y la mesa familiar.
En la provincia que tiene a la ciudad más pobre de la Argentina, donde casi doscientos mil chicos comen gracias a la asistencia alimentaria escolar y donde la indigencia volvió a subir, la Nación financia dieciséis comedores y ya no sabe cuántos quedan abiertos. El resto lo sostienen la escuela, el municipio y el vecino. La pregunta que deja la información pública no es contable, sino humana: cuántos platos de comida dejó de poner el Estado nacional, y quién los está poniendo en su lugar.
