A 20 años de la condena: Rossi, los dólares en Uruguay y una inhabilitación perpetua que el STJ borró

Esta semana se cumplen veinte años de la condena a Domingo Daniel Rossi por enriquecimiento ilícito. La Justicia entrerriana halló culpable al exvicegobernador, le impuso una pena de prisión en suspenso y, sobre todo, dictó algo que debía clausurarle para siempre la vida pública: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La historia, sin embargo, tuvo un epílogo bochornoso. Ese punto específico, el de la inhabilitación perpetua, fue después desestimado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en una resolución tan absurda como vergonzosa, que terminó dejando sin efecto la única consecuencia que verdaderamente importaba. Por eso hoy, dos décadas más tarde, el hombre que la Justicia condenó por enriquecerse de manera ilícita es el intendente de Santa Elena. Y, como si el expediente no existiera, reaparece convertido en fiscal de la corrupción ajena: denuncia el desvío de fondos del Estado y los contratos truchos, y exhibe su expulsión del Partido Justicialista como un galardón.

El contraste merece ser recordado en su justa dimensión, porque Domingo Daniel Rossi construyó durante años una imagen cuidadosamente austera. Se mostraba campechano, decía vivir con lo puesto, repetía que residía en una casa alquilada sobre una calle de tierra de Santa Elena y que no le sobraba nada. Esa puesta en escena fue siempre su mejor herramienta: a quienes no lo conocían podía venderles que había estudiado en Harvard, aunque en realidad odiaba los libros y la formación académica y apenas terminó la secundaria a distancia, ya entrados los noventa. Un viejo dirigente gremial de Santa Elena lo definió con una frase que quedó grabada: siempre fue un encantador de serpientes. Pero detrás de la máscara austera hay un expediente que conviene recordar: el manejo del frigorífico Santa Elena como botín personal y un patrimonio de alrededor de 1,4 millones de dólares escondido en cuentas del Uruguay, a nombre de su madre jubilada y de su exesposa. Esa fue, precisamente, la causa que terminó en la condena cuyo vigésimo aniversario se cumple en estos días.

Para entenderlo hay que volver al origen. El frigorífico de Santa Elena, que había nacido como saladero en 1871 y que los capitales ingleses de Bovril convirtieron en una ciudad fábrica, quedó tras la salida de los británicos como la principal fuente laboral de la localidad. En septiembre de 1984 el Estado entrerriano se hizo cargo de la planta, sin inventario previo, y la mantuvo estatizada hasta 1990. Faenaba un promedio de seiscientas cabezas diarias, un movimiento cercano al millón de dólares por jornada. Tanto el radicalismo como el justicialismo la usaron como fuente de trabajo, pero también como herramienta para financiar campañas y para evadir lo que establecía la Ley de Contabilidad de la provincia. Y cuando el peronismo llegó en 1987 con la fórmula Jorge Busti-Domingo Rossi, el gobernador, con notoria irresponsabilidad política, le asignó al vicegobernador el manejo total de la planta.

Rossi no era un muchacho humilde: su padre, un hombre de clase media acomodada, había hecho carrera en puestos jerárquicos del frigorífico a fuerza de trabajo. Cuando lo hizo entrar como empleado raso en la oficina de pago de sueldos, le advirtió que respetara a sus compañeros y no hiciera valer el apellido. El consejo duró poco: a los pocos meses lo echaron junto a su amigo Raúl Benítez por una maniobra irregular, por quedarse con unos pesos de los trabajadores. Fue, en los hechos, su primer desvío de fondos ajenos. No se preocupó demasiado. Ya militaba en la Juventud Peronista ortodoxa y su maestro político, el sindicalista Dardo Pablo Blanc, lo reincorporó por la vía gremial y lo puso al frente de la proveeduría del Sindicato de la Carne, ese lugar estratégico donde se aprende a manejar dinero y voluntades. Con el golpe de 1976 no tuvo problemas: por su pertenencia a la ortodoxia, nadie lo buscó. De esa escuela salió el dirigente que después manejaría una empresa estatal entera.

Lo que Rossi tuvo en sus manos no era poca cosa. La firma seguía siendo la quinta empresa exportadora del país, la segunda exportadora de carne y la primera de capital nacional. Tenía cientos de hectáreas de campo en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, con miles de cabezas de ganado propio. El libro lo apunta con una imagen elocuente: en esos rodeos nunca nacieron terneros. Era un paquete enorme, con escaso control y demasiado poder. Entre los hombres de la conducción del frigorífico -Rossi, su amigo de la infancia Raúl Benítez y el exdiputado nacional Roque Gómez- existía, según la reconstrucción, un pacto de silencio: se sabía de ventas de cueros a precios sobrevaluados por cifras millonarias y de operaciones menores que también dejaban dinero, y se repartía casi en partes iguales. El que hablaba era hombre muerto. En tiempos de inflación, un pago adelantado o retrasado era una fortuna, y la planta facturaba a la altura de la mayor empresa energética provincial.

Sobre ese poder se montaba la imagen de hombre que se decía ahorrativo. Pero esa condición tenía financiamiento estatal, en ese lugar de poder como vicegobernador. Tenía asignados dos Ford Fairlane oficiales; todos los fines de semana uno enfilaba para Santa Elena con el baúl cargado de mercaderías para sus familiares y cientos de cheques con subsidios. La gente del garaje oficial cuestionaba que los viernes le vaciaran en bidones la nafta del Fairlane para pasarla a vehículos particulares y no gastar ni un peso en combustible. El austero, en los hechos, vivía del Estado en cada detalle. Y lo sigue haciendo, con nombramientos de sus familiares directos, tanto en el municipio, como en el Senado y otras dependencias del Estado, que es lo que también critica de otros.

El verdadero negocio, sin embargo, estaba en la privatización de la planta. Cuando Rossi se enteró de que Busti pensaba venderla, su primer movimiento fue armar el comprador. Así nació Malleco Sociedad Anónima, detrás de la cual aparecían los dueños de un frigorífico de Puerto Nuevo y una exportadora con sede en Paraná. A los empresarios, según relataron hombres cercanos, les fue concreto: estaba en condiciones de conseguir la licitación en el gobierno, pero había que ver cómo se arreglaban. Su socio en la operación fue el abogado Carlos Alberto Neumann, representante de la Federación Agraria en el directorio del frigorífico, que abandonó su Villaguay natal para instalarse en Santa Elena y recorrió el país estudiando esquemas de privatización. La venta a Malleco estuvo a punto de concretarse, pero la frenó un dictamen del Tribunal de Cuentas presidido por Hugo Alberto Molina: la firma no tenía capital suficiente, carecía de trayectoria, no presentaba balances y había sido creada específicamente para quedarse con el frigorífico. “Algún día se van a dar cuenta del error que cometieron con Malleco”, se quejó Rossi. Fue su primera ruptura fuerte con Busti.

Neumann era una de las personas de mayor confianza de Rossi. El abogado abrió una cuenta corriente en el Deutsche Bank, agencia Reconquista de Capital Federal, con una caja de seguridad asociada, y allí registró un depósito millonario en dólares. A su entonces esposa, Ana Yolanda Pemayón, le anticipó sin rodeos que por la privatización les pagaban muy bien y que con eso les iría muy bien; poco después le mostró la boleta de un depósito de 50.000 dólares en un banco de Buenos Aires, dijo que era para los hijos, retiró el dinero y compró un campo a nombre de ella. Esa misma Pemayón sería, años más tarde, una pieza decisiva para destapar el caso de las cuentas uruguayas de Rossi.

La segunda privatización se hizo a medida del comprador definitivo. Los pliegos cambiaron de manera sustancial: se suprimió la cesión de acciones a la comuna de Santa Elena, al personal superior y al gremio de la carne, y se eliminó el reaseguro de mantener el plantel de trabajadores. Esos puntos, sugeridos por Rossi, eran un pedido expreso de Euromarche Sociedad Anónima, respaldada por el poderío del grupo Citibank, y el gobierno accedió sin dudar. El otro interesado, un grupo de empresarios árabes, quedó afuera por no presentar a tiempo la garantía de caución. Euromarche quedó como único oferente y se transformó en el elegido. El 14 de marzo de 1991 el grupo de Rodolfo Constantini tomó la planta bajo la denominación Rioplatense. El acto tuvo un invitado de honor: el presidente Carlos Menem, rodeado de figuras del poder nacional. Una pancarta resumía el clima: Dani cumple. Rossi, eufórico, abrió los discursos: “Dios estuvo siempre al lado nuestro”, dijo, mientras agitaba el puño. En el traspaso se indemnizó, a cargo de la provincia, a 630 operarios.

El negocio para el comprador fue redondo y para el Estado, ruinoso. A Constantini se le entregó un subsidio de nueve millones de dólares por una cuota Hilton que el propio gobierno provincial había perdido, y se le cedió sin cargo la marca internacional Safra. Cuando un funcionario de segunda línea preguntó si todo eso era gratuito para el gobierno entrerriano, nadie se animó a contestarle. Después llegarían más préstamos: dieciocho millones de dólares en 1992, que nunca se devolvieron, y trece millones más en 1993. El propio relato es contundente respecto del vínculo: todo el pueblo sabía que el empresario llamaba a Rossi a cualquier hora a su domicilio para darle directivas que el Dani no dudaba en cumplir.

Aquí aparece el punto que más incomoda al Rossi de hoy, el que denuncia contratos truchos. Porque él mismo firmó uno, aunque fuera de otra naturaleza. En enero de 1992, ya intendente de Santa Elena, suscribió con la constructora Lemiro Pietroboni un contrato de obra pública por 1.319.185 pesos dólares, pese a que el presupuesto original de la obra se estimaba en 639.439 y a que la normativa sólo permitía contratar en forma directa por un máximo de 13.633. La causa terminó en la Justicia provincial por un perjuicio fiscal muy superior al medio millón de dólares. Como intendente, además, instrumentó pagos de salarios de la empresa privada con cheques diferidos y pagarés con evasión de impuestos, condonó tributos de manera irregular y pagó 108.000 dólares en concepto de reintegro a las exportaciones de Euromarche sin que existiera convenio, ordenanza ni decreto que lo respaldara. Contratos sobrevaluados, procedimientos dibujados, fondos públicos que salían sin causa: el manual completo de lo que ahora dice combatir.

El costado más oscuro de esta historia es el saldo social. La firma de Constantini trabajó poco más de un año y medio y después confirmó su intención de deshacerse de la planta. Fue el inicio de la hecatombe para un pueblo de 20.000 habitantes. La erogación total del Estado entrerriano a lo largo de la historia del frigorífico llegó a los 400 millones de dólares. La desocupación trepó al 70 por ciento; la Iglesia, a través del padre Luis But, daba de comer a mil chicos por día. Y mientras se desmoronaba todo, dos muertes quedaron envueltas en la sombra: la del dirigente gremial Patón Rolón, que terminó ahogado en el río tras no soportar la situación, y la de Pascual Portillo, un hombre de campo que un día, desde su caballo, amenazó con contar lo que sabía sobre el ganado robado y los campos apropiados que habían pertenecido al frigorífico. Esa misma noche desapareció. Lo encontraron días después fondeado en un arroyo, sin su diente de oro, su anillo y su rastra, como para hacer creer que había sido un robo. Nadie quiso investigar.

Pero la prueba más demoledora del verdadero patrimonio de Rossi no estaba en Santa Elena, sino del otro lado del río Uruguay. El caso estalló a mediados de 1997, y la primera en encender la mecha fue, otra vez, Ana Pemayón, la exmujer del abogado Neumann. Una mañana llamó urgente a Isolina García, la exesposa de Rossi, para mostrarle unos papeles que había encontrado entre la documentación de su exmarido, el abogado Neumann. En ellos figuraban el nombre y la firma de Isolina autorizando a un banco uruguayo a mover dinero de una cuenta a otra. Isolina recordó entonces los papeles en blanco que Rossi le había hecho firmar con el pretexto de vender un auto. Las dos mujeres llevaron el tema al Semanario ANALISIS y la investigación reconstruyó el cuadro: Rossi tenía depósitos en el Banco Surinvest de Montevideo por unos 650.000 dólares, en una cuenta a nombre de su exesposa -que hacía once años no trabajaba pero figuraba como empleada del hospital de Santa Elena- y de su madre, Fermina González, una jubilada de avanzada edad que cobraba poco más de 260 pesos por mes.

Los movimientos eran precisos y estaban respaldados por los resúmenes bancarios. El 15 de enero de 1997 la cuenta registraba un saldo a favor de 646.120,30 dólares. Ese día Rossi canceló un plazo fijo por ese monto, lo acreditó en la cuenta de su esposa y su madre y ordenó traspasar la totalidad a otra cuenta del mismo banco. A fines de abril vencía un nuevo plazo fijo, esta vez por 541.063 dólares, que renovó. El 12 de mayo canceló el plazo fijo, acreditó el dinero en la cuenta corriente y envió 523.000 dólares a la misma cuenta de destino. Sumados los plazos fijos y los títulos, la estimación periodística hablaba de alrededor de 1,4 millones de dólares en movimiento. No era una sospecha vaga: había facsímiles, números de cuenta, fechas y firmas. La investigación detectó incluso la imprenta uruguaya que confeccionaba los formularios y la orden firmada por la madre del exvicegobernador para transferir plazos fijos y títulos a otra cuenta de su pertenencia.

Hubo una escena que terminó de despejar cualquier duda. El 30 de junio de 1997 Isolina García fue hasta la sede del Surinvest en Buenos Aires y recibió un fax enviado desde la casa central de Montevideo con la evolución de la cuenta que, recién en ese momento, supo que encabezaba. El resumen acreditaba un movimiento de fondos por alrededor de 1,4 millones de dólares y un saldo final de apenas diez mil. Cuando preguntó quién hacía los movimientos de esa cuenta, el empleado le respondió que era secreto bancario, pero le guiñó el ojo y le señaló con una birome un nombre en el papel: el de Fermina González, su exsuegra, la jubilada que cobraba poco más de 260 pesos por mes. Con un papel del banco, Isolina cruzó a una casa de cambio vecina y cobró los 9.900 dólares que decidió retirar de la cuenta a su nombre. Nunca, dijo después, había tenido tanto dinero junto en la cartera. Meses más tarde supo que la cuenta había sido cancelada el 10 de julio por otra persona, sin orden suya, el mismo día de la publicación de ANALISIS.

El rastro no aparecía de la nada. Isolina García conocía bien los dineros sucios de su exesposo. Sabía que en Paraná Rossi guardaba en un cajón del armario de su habitación fajos de billetes por entre 300.000 y 400.000 dólares, fruto de retribuciones logradas desde el poder, y que habían ingresado a su patrimonio en tiempos en que comenzaban los movimientos por la privatización del frigorífico. Recordaba los viajes a Colón y Paysandú entre 1990 y 1991, con la instrucción de que la empleada doméstica dijera que sólo iban a las playas de Colón por el fin de semana. En sus declaraciones judiciales, Isolina contó que su exmarido la dejaba esperando en el auto, a tres cuadras de la sede del banco, mientras él operaba. Cuando ella misma fue al ING de Paysandú, un abogado del banco le dijo una frase que pintaba el mecanismo de cuerpo entero: señora, en este banco usted no existe, no está registrada.

La reacción de Rossi fue idéntica a la que tendría cualquiera que conozca su método: negar todo y embarrar la cancha. Consultado por la periodista Ana María Álvarez, de LT14, el mismo día en que la revista llegó a la calle, sostuvo que no sabía nada, que ni había visto la publicación y que el facsímil seguramente había sido fraguado con una computadora. A otra radio le tiró la frase que quedaría para el anecdotario: “Si yo tuviera plata en el Uruguay viviría en Punta del Este y no en Santa Elena”. Ante los periodistas Luis María Serroels y Antonio Tardelli insistió en que era información trucada, que ponía las manos en el fuego por su madre pensionada y que detrás de todo había un problema familiar y matrimonial. “Es todo trucho, repitió una y otra vez”, acotó. Prometió presentarse ante todos los jueces y querellar a la revista. Nunca apareció por Tribunales a hacerlo. Lo único que buscó, frente a la contundencia de los documentos, fue ganar tiempo y sembrar dudas en la opinión pública.

La Justicia sí avanzó. El fiscal general del Superior Tribunal, Héctor Daniel Morales, ordenó una investigación de oficio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El juez de Instrucción Héctor Vilarrodona le tomó a Isolina García una declaración testimonial de cuatro horas, y la causa fue derivada al juzgado de La Paz, a cargo de Jorge Asensio, un magistrado que había llegado a ese cargo, precisamente, en tiempos en que Rossi era vicegobernador y presidente del Senado, por donde pasaban los pliegos para nombrar jueces y fiscales. Mientras tanto, la imagen de austeridad seguía haciendo agua. En 1995 la hermana del exvicegobernador, María Alba Rossi de López, había comprado en pleno centro de Paraná una propiedad de más de 1.300 metros cuadrados, presuntamente pagada en 250.000 dólares al contado, en fajos con sello del Banco Nación. Para justificar el origen del dinero, un juez de Paz de Santa Elena dio fe de una herencia. El detalle, casi de novela, es que ese juez de Paz era el propio marido de María Alba, cuñado de Rossi, y la misma persona que lo acompañó a cruzar a Paysandú pocos días antes de que se publicara el caso, porque se enteró que se le venía la noche con el informe periodístico.

La política del oficialismo entrerriano eligió mirar para otro lado: faltaban tres meses para las elecciones legislativas y nadie quería pagar el costo. El único que se escandalizó de verdad fue el exgobernador Mario Moine, que no entendía cómo Rossi podía estar en esa situación y que terminó reclamando una posición pública del PJ frente a los enriquecimientos investigados de varios dirigentes. La respuesta de la cúpula partidaria fue cerrar filas. En la reunión del Consejo Provincial del 22 de julio, el tesorero José Salim Jodor gritó que el único que podía pedir explicaciones era Jorge Busti, y que dónde se había visto que el Partido Justicialista pidiera explicaciones. No hubo ningún pronunciamiento. “Tiene que expedirse la Justicia”, se lavó las manos el presidente del Consejo. Y a los pocos días el propio Busti subió a Rossi a un palco, lo abrazó y lo reivindicó. Fue la más clara respuesta del poder: al que sostenía el sistema, el sistema lo sostenía a él. Pero el encomiable e insistente trabajo del fiscal Enrique Martínez ya estaba en marcha y nada lo detendría, pese a los innumerables escollos que tuvo que atravesar.

Negar lo evidente fue siempre un buen recurso para Rossi, en su historia política. Cuando en 1995 se conoció una grabación reservada en la que ofrecía cargos de gobierno a cambio de apoyos para la interna del PJ, dijo que era todo un invento. La cinta existía y la voz era la suya. Cuando se lo vinculó con las cajas de alimentos del primer gobierno bustista, también dijo que era mentira, pese a que en la Legislatura era conocido el manejo directo y discrecional que hacía con legisladores, presidentes de comunas y juntas de gobierno. Y cuando aparecieron los dólares en Montevideo, repitió la fórmula: trucho, fraguado, una intencionalidad inconfesable. La negación sistemática, con caradurez de actor premiado, es parte de su firma.

Por eso resulta tan difícil tomarse en serio al nuevo personaje. El hombre que hoy denuncia el desvío de fondos del Estado y los contratos truchos es el mismo que manejó una empresa pública como caja propia, que firmó un contrato de obra pública por más del doble de su presupuesto, que diseñó privatizaciones a medida del comprador y que terminó condenado por enriquecimiento ilícito con cuentas en el Uruguay por más de un millón de dólares a nombre de su madre jubilada y su exesposa, aunque todavía lo sigue negando. No necesita que nadie le explique cómo se desvían fondos públicos ni cómo se dibuja un contrato: conoce el oficio desde adentro, porque lo ejerció durante años. Su expulsión del Partido Justicialista no borra ese expediente, del mismo modo que su discurso anticorrupción no borra los facsímiles del Banco Surinvest que él llamó truchos y que la propia madre de sus hijos confirmó, uno por uno, ante la Justicia.

Hay un dato que vuelve todo más indignante a la luz de estos veinte años. La Justicia entrerriana no sólo dio por probada la maniobra: lo condenó a tres años de prisión condicional y lo castigó con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el 12 de junio de 2006. El tribunal estaba compuesto por los camaristas Jorge Amílcar García, Silvia Nazar y Raúl Herzovich. La pena fue menor que la pedida por el fiscal José María Chémez, quien había solicitado una condena de cuatro años de prisión efectiva por encontrarlo autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito por un crecimiento patrimonial de 4,7 millones de dólares, durante el ejercicio de la función pública. Era la sanción lógica, la que cerraba el círculo, la que impedía que quien se había enriquecido a costa del Estado volviera a administrarlo. Y fue exactamente esa sanción la que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se encargó de desactivar, en una resolución que no resiste el menor análisis y que devolvió a Rossi a la arena pública como si nada hubiera ocurrido. Sin ese fallo vergonzoso, el actual intendente de Santa Elena no podría ocupar el cargo que ocupa. Con él, en cambio, puede incluso darse el lujo de erigirse en censor de la corrupción.

La memoria, una vez más, es el único antídoto. Nadie está obligado a creer que un dirigente no puede cambiar. Pero si Domingo Daniel Rossi quiere encabezar una cruzada contra la corrupción, deberá explicar los millones de dólares que se movieron en los bancos del vecino país (en las tres cuentas que tenía en Uruguay llegaron a transitar cerca de 90 millones de dólares), las privatizaciones que dejaron al Estado entrerriano 400 millones de dólares más pobre y al pueblo de Santa Elena en la ruina, y el contrato sobrevaluado que firmó con su propia mano. A veinte años de una condena que lo declaró culpable y que una Sala complaciente vació de su efecto más importante, su prédica anticorrupción sigue sonando a lo que es: la voz de un encantador de serpientes que aprendió el arte del desvío del lado de adentro del mostrador.