F. B.

(De ANÁLISIS)

En la década de 1970 (tanto en la etapa democrática como en dictadura) hubo muchísimos detenidos en la comisaría de la localidad de Viale. La mayoría de los arrestados figuraba como «jornaleros».

El 3 de abril de 1976, un hombre cuyas iniciales son C.A.L. (de oficio jornalero) cumplió 8 días de arresto en Viale por infracción al artículo 41 y 43 de la Ley 3.815.

A los pocos días, el señor C.A. (también de oficio jornalero) sufrió 8 días de arresto por infracción al artículo 41 y 43 de la Ley 3.815.

Apenas unos días después, el señor O.C.N (otro jornalero) debió cumplió 8 días detenido en la comisaría vialense por infracción al mismo artículo.

Antes que terminara el mes, otros tres hombres (adivinen qué profesión figura en el registro) también cumplieron idéntica cantidad de días tras las rejas por no respetar los artículos de la famosa ley. Al mes siguiente otro tanto y al otro mes lo mismo. Y la lista sigue…

La situación, tan particular como llamativa, se repitió en los meses siguientes y de manera reiterada. En la mayor parte de los casos todos los detenidos debieron pasar en el calabozo ocho días. Si bien algunos de estos hombres pagaron una multa de $0,40 de entonces, casi la totalidad de infractores durmieron varios días tras las rejas.

Tomamos el mes de abril de 1.976, cuando la dictadura llevaba apenas unos días en el poder. Pero si buscamos en el registro los años anteriores (es decir, durante la etapa democrática), la situación es calcada en la comisaría de Viale. Casi todos, ocho días de arresto. Casi todos, hombres. Casi todos, jornaleros.

No emborracharse, no gritar, no hacer lío, no pelear

Los famosos artículos 41 y 43 (Ley 3.815 de contravenciones de Entre Ríos) que se repiten continuamente en el amarillento Registro policial de detenidos, establecen que toda persona podrá ser multada o con arresto de dos a ocho días quienes sean recogidos más de una vez en estado de ebriedad de sitios públicos o comercios. También, los dueños de negocios donde se expendan bebidas a personas reconocidamente ebrias o que las expendan a menores de 15 años.

Dicha ley también determina que podrá ser penado con multas de cuatro a cuarenta pesos o arrestos de uno a ocho días quienes disputan en alta voz;  los que riñen sin uso de armas;  los que profieran gritos;  los que después de las doce de la noche, perturben con gritos, cantos o ruidos la tranquilidad del vecindario y los que se reúnan tumultuosamente en defensa de alguna persona para estorbar la acción policial.

Cada día, todos los días

Sorprende sobremanera la cantidad de personas detenidas o multadas durante toda la década de 1.970 en Viale (tanto en los años de democracia como durante la dictadura). Y si bien resulta complejo analizar desde nuestro presente cuestiones del pasado (pues siempre es difícil situarse en un determinado momento histórico), arriesgaremos algunas hipótesis del por qué hubo tantas detenciones y vecinos multados en el marco de dicha ley.

En base a consultas con profesionales de la ley y la seguridad, buscaremos deslizar posibles causas (algunas más razonables que otras, pero no menos válidas) de por qué había tantos contraventores en aquella época. Pero, sobre todo, por qué las personas detenidas o multadas que figuran en los registros son -en su gran mayoría- jornaleros. Veamos…

-Olvido: Una de las posibilidades es que el Oficial a cargo de la documentación olvidara preguntar el oficio al infractor, por lo que casi siempre terminaba registrándolo como «jornalero».

-Débiles: También existe la posibilidad que los peones o trabajadores agrícolas hayan sufrido por entonces mayor acoso  de la fuerza policial, por ser uno de los sectores más débiles. Es que llama poderosamente la atención que en los registros de personas detenidas o multadas prácticamente no figuren médicos, abogados, periodistas, Ingenieros o comerciantes. ¿O alguien puede creer, con la mano en el corazón, que sólo los jornaleros se emborrachaban o se peleaban en los bares?

-Gente pobre: No hay que olvidar el poder que por entonces tenía la fuerza policial en todo el país. Y cuando alguien detenta tanto poder, es más proclive a cometer abusos. Por eso no debería llamar la atención que la gran mayoría de infractores sean personas de bajos recursos o escasa escolarización.