N.B. de ANÁLISIS

Comenzaron los alegatos defensivos en el juicio que ventila las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio. Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná que integran los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, los defensores de Hernán Rivero; Renzo Bertana; María Fernanda Orundes Ayala; Patricio Larrosa y Cristian Silva alegaron este martes.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 13, cuando se reanude con los alegatos de la defensora oficial Noelia Quiroga. Continuará el viernes y el próximo lunes. Para el primer día hábil de la semana que viene, está previsto que aleguen los defensores de Sergio Varisco y Griselda Bordeira. En tanto que los defensores de Pablo Hernández pidieron alegar en última instancia.   

“Mi defendido es inocente”

Así comenzó su alegato la defensora Corina Beisel, que habló en representación de Hernán Rivero, acusado formalmente por la Fiscalía a 6 años de prisión y una multa de $6.000 por considerarlo coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado.

La abogada dijo que “la acusación tiene endeblez probatoria y vulnerabilidad argumental”. “Es un andamiaje enclenque de la hipótesis fiscal, y no sólo respecto de la intervención de Rivero, sino también de otras personas. Los fiscales parten de una premisa errónea, plagada de valoraciones parciales y sesgadas, que los conduce a extravíos”, acusó. 

Recordó que mientras se desarrollaba la investigación, la Cámara Federal ordenó que se profundice la pesquisa. “Llegó esto a juico y Rivero está preso hace 2 años y medio siendo inocente. Porque no es verdad que a Rivero lo haya puesto Celis en la Unidad Municipal 2”.

Agregó que su defendido trabajaba en la Unidad Municipal 2 y fue “incorporado por gestión de Blanca Osuna”. “Rivero no tiene nada que ocultar, si se lo condena será un error judicial”. Beisel dijo que lo único que existe en contra de Rivero es una escucha donde Daniel Celis le pide camiones sin GPS para el traslado de muebles. “Sobre esto se cimienta la acusación, el resto son acusaciones dogmáticas. Ante esta conjetura, debo decir que no sabemos qué pensó Rivero cuando Celis le pidió esos vehículos, y si fuera posible penar una ideación o pensamiento”.

Más adelante rechazó las conversaciones sobre la compraventa de zapatillas. “No se le puede cargar en la mochila a Rivero esta acusación porque hay orfandad de prueba. Entiendo que afirmaciones de los fiscales son premisas falsas que van a conducir a una conclusión falsa. El modo correcto de interpretar conduce a la absolución”, dijo y concluyó: “Solicito la absolución lisa y llana de mi defendido. Que se disponga su inmediata libertad”.       

“Las escuchas no son una prueba”

El defensor oficial Joaquín Castelli, alegó por Renzo Bertana y María Fernanda Orundes Ayala. El primero es hijo del corazón de Daniel “Tavi” Celis y la Fiscalía no formuló acusación. La mujer es pareja de Celis y para ella la Fiscalía pidió 6 años de prisión más una multa de 6000 pesos por considerarla coautora del delito de comercialización de estupefacientes.

“El Ministerio Público Fiscal no probó ningún grado de participación criminal de Orunes Ayala. Para esta defensa está constituido que las afirmaciones del Ministerio Fiscal son conjeturas. No hay testigos ni pruebas que muestren la participación de ella. Se usa y abusa de conversaciones telefónicas captadas. Se les da un sentido arbitrario. Pero la Ley 23.737 es categórica en cuanto a la prueba como fotografías, filmaciones o grabaciones y dice que serán evaluadas por el tribunal si se comprueba autenticidad de las mismas. Pero las escuchas no fueron comprobadas, no se realizó prueba de ecometría para saber si las voces corresponden a las personas acusadas. Por eso, para esta defensa las escuchas no son una prueba. Se necesita que lo conversado se materialice en plano de realidad. Hay que demostrar que hicieron lo que dijeron que iban a hacer en las conversaciones”, explicó.

Agregó que el resultado del allanamiento en la casa de Orundes Ayala fue negativo. “Todo se reduce a escuchas telefónicas y las interpretaciones, pero la escucha no es un medio de prueba autónoma sino una diligencia accesoria que aporta un dato que permite adquirir certeza”, agregó.

Más pedidos de absolución

Continuó las alegaciones el abogado Augusto Lafferriere, que representa a Patricio Larrosa y Cristian Silva. Para el primero la Fiscalía pidió 5 años de prisión más 5000 pesos de multa por considerarlo partícipe secundario de la comercialización de estupefacientes. Para el segundo la Fiscalía pidió 8 años de prisión por considerarlo coautor de comercialización de estupefacientes agravada.

Larrosa fue imputado porque su camioneta, una Saveiro blanca, fue vista el día del aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana en María Grande Segunda. “Se probó que aterrizó la avioneta. Se probó que la camioneta cruzó antes del aterrizaje y que la manejaba Miguel Ángel Celis. Larrosa le prestó la camioneta a Miguel Celis. ¿Pero sabía para qué? El punto central de la imputación de Larrosa queda descartado para nosotros. Se le efectuaron allanamientos y requisas pero no se encontró nada. ¿Dónde está la colaboración de Larrosa? Si la única colaboración es el aporte de la camioneta, falta el dolo de conocimiento y voluntad”, alegó el abogado.

“Pedimos la absolución de Larrosa y la inmediata libertad, con devolución de bienes personales secuestrados, en particular de la camioneta Saveiro”, reclamó.

Después alegó sobre la acusación contra Cristian Silva. “Se lo acusa de ser asistente colaborador en el comercio de estupefacientes. Hay varios puntos que el fiscal tarta de atar con un hilo: el acuerdo con el municipio, el negocio con zapatillas, el aerocombultible, los bidones, la búsqueda de pistas y la relación con ‘Tavi’ Celis”, dijo.

“No sé por qué se empecinan con las zapatillas. Silva intentó rescatar esa mercadería que estaba en manos de Griselda Bordeira. Encima, el fiscal desliza que cuando hablan de zapatos podridos, se refieren a droga. Hoy en Paraná hay gente que está calzada con esas zapatillas. La cuestión de los zapatos está totalmente descartada como incriminante del comercio de droga”, rechazó.

También aseguró que como parte del acuerdo político con el municipio, se le ofreció algo de obra pública a Silva que tiene una constructora. “Además, se dijo que buscaban 3000 litros de combustible para el avión cuando le entran 140 litros al tanque de un Cessna 210. ¿En qué cabeza cabe? También se dijo que Silva buscó pistas para aterrizaje, pero no hay ninguna prueba de eso. En el allanamiento tampoco encontraron nada”, alegó.

Por eso solicitó la absolución, la inmediata libertad, y la devolución de bienes personales.