El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al titular de la Oficina Anticorrupución Félix Crous por haber abandonado la querella del organismo que representa en las causas Hotesur y Los Sauces, donde están acusada la vicepresidenta Cristina Kirhcner y sus hijos Máximo y Florencia, indicaron fuentes judiciales.

Stornelli concentró las denuncias que hicieron diputados del PRO y luego de la Coalición Cívica, acusando de a Crous de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento”. La causa está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Y, en ese sentido, Stornelli decidió impulsar la investigación y solicitar una serie de medidas de prueba. La primera fue un oficio al Tribunal Oral Federal 5 para pedirle copia de la “renuncia” de la OA, pero también reclamar a la propia OA una copia del expediente sobre como se gestó la decisión de desistir.

Según las fuentes consultadas, lo que Stornelli quiere saber es si desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández la OA renunció a querellar en otra causas y, eventualmente, en cuáles. También se le pidió al Procurador General que le detalle en qué condición está Crous ya que había sido fiscal.

El 11 de mayo pasado, la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Así se lo hizo saber por escrito la OA, que dirige el ex fiscal Félix Crous, al Tribunal Oral Federal 5 que tiene en sus manos los dos casos para llevar adelante un único juicio, indicaron fuentes judiciales.

“El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido”, dicen dos escritos que se presentaron, uno en la causa Los Sauces y otro en la causa Hotesur, ante el TOF 5.

La decisión de la OA tiene un fuerte impacto político. Fue esa oficina, entonces liderada por Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, la que más impulso la causa y ahora, con el regreso del kirchnerismo al poder y el fiscal Crous al frente, la que se baja. En términos procesales el retiro de la OA no provoca un significado especial en el juicio ya que el rol acusador lo ejerce el fiscal, Diego Velazco. La Unidad de Información Financiera hasta ahora permanecía en el proceso. Crous, en tanto, justificó su decisión y ratificó que se retirará de otras causas.

"Las razones por las que yo decidí desistir de ser querellante es que la Oficina nunca debió haber sido querellante en este caso”, afirmó Crous en declaraciones radiales. “No entiendo muy bien por qué razón en su momento se constituyeron como querellantes. Y creo que los tribunales se equivocaron en aceptarlos como querellantes”, dijo. Además aseguró que hay otros casos de donde podrían bajarse de constituirse como querellantes, aunque no quiso precisar cuáles. Y opinó en los procesos judiciales termina habiendo múltiples acusadores públicos contra un “defensor solitario”.

Por lo pronto, en su resolución, la OA justificó su apartamiento de las causas con que “la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación”. Y remarcó la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.

Eso generó una seguidilla de denuncias judiciales. La primera fue presentada por la abogada Silvina Martínez, denunciante en Hotesur y Los Sauces y abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer. Después se presentaron los legisladores de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid para radicar otra denuncia contra Crous. Y días después lo denunciaron Paula Olivetto, Monica Frade y Marcela Campagnoli, tres diputadas que responden al espacio de Lilita Carrió.

Con distintos matices, los denunciantes hicieron hincapié en “el daño que le causa a un caso penal que sea el propio Estado -particular damnificado por el delito investigado-, quien desiste de seguir impulsando una causa que lo tiene como víctima, sobre todo con la cantidad de investigaciones relevantes que han continuado con el ejercicio de la acción por impulso de la querella". Y aseguraron que “el desistimiento llevado a cabo por el titular de la OA configura no sólo los presupuestos de los tipos penales normados” por abuso de autoridad e incumplimiento sino también encubrimiento. (Infobae)