De ANÁLISIS

Así se refirió la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, tras la decisión del Poder Judicial de no tomar intervención ante el desempeño del vocal Emilio Castrillón y las denuncias de violencia en su contra.

“Pretendemos que la decisión adoptada por el pleno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), no sea leída o interpretada por el resto de quienes integran el Poder Judicial ni por la ciudadanía, en el sentido que los integrantes de ese Alto Cuerpo quedan excluidos de la posibilidad de ser investigados en el propio ámbito del Poder Judicial por posibles actos de violencia laboral o indisciplina, más allá e independientemente de la responsabilidad política y funcional que les pueda caber y que se dirime en el ámbito del juicio político”, manifestó el Consejo Directivo de la institución en un nuevo comunicado difundido este miércoles por la noche.

“Tal como lo sostuvimos en nuestras observaciones al Protocolo en proceso de aprobación, ratificamos nuestro absoluto rechazo contra todo tipo de violencia en el ámbito del Poder Judicial de Entre Ríos, así como nuestro firme compromiso en luchar contra la misma y en prevenir ese tipo de conductas que pueden existir en todos los niveles de actuación y cualquiera sea la función, jerarquía y género de las personas. Y reiteramos que ninguno de esos objetivos pueden ni deben alcanzarse sin el resguardo del derecho de defensa de la parte denunciada y las garantías básicas del debido proceso”, marcaron.

Cabe señalar que el lunes pasado, los nueve vocales del Superior Tribunal se reunieron en Acuerdo Especial para evaluar un pedido de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial que requirió la evaluación de la conducta de Castrillón, tras las denuncias por violencia que se vienen produciendo desde el año pasado.

Castrillón fue denunciado por la vocal Susana Medina por violencia de género. Hace algunas semanas protagonizó en La Paz, su ciudad de origen, un altercado que comenzó de modo verbal y pasó al intercambio físico en un comercio lindero a su domicilio. En ese marco se pronunció públicamente la Asociación de la Magistratura, en un duro comunicado, donde llamó la atención sobre la conducta pública que se espera de una persona con la investidura de Castrillón. Fue entonces que el propio Castrillón envió mensajes de WhatsApp a dos mujeres de la Asociación. Esa última actitud de Castrillón originó el pedido al STJ para que evalúen la conducta del vocal, en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial.   

“Ratificamos el comunicado emitido por esta Asociación el día 29/3/2021, con relación a lo sucedido días pasados en la ciudad de La Paz, pues de su texto surge claramente que el rechazo allí manifestado no refirió a los hechos que se encuentran sujetos a investigación judicial, sino a la ética judicial que allí se vio, a nuestro entender, claramente comprometida. Las exigencias éticas a la judicatura son mayores que las reclamadas a la ciudadanía y ello no implica una carga desmedida o una violación del principio de igualdad, sino una consecuencia que deriva de la alta tarea de juzgar que aquella desempeña”, subrayaron.

Por último reiteraron “el compromiso de esta Asociación de seguir bregando por la defensa de la independencia judicial, por el aprendizaje y fortalecimiento de la ética judicial, por la prevención y erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito en el que desempeñamos, ya sea laboral o institucional, con la indispensable perspectiva de género que se impone, todo lo cual contribuirá a la calidad del servicio de justicia que queremos brindar”.