Cristina Kirchner está acusada de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos de sobornos por 17 millones de dólares en el caso de los Cuadernos de las Coimas. Se trata de los desembolsos de empresarios para mantener sus contratos de obras públicas, según la acusación fiscal leída este jueves, al comienzo del mega juicio en su contra y de otras 86 personas más, entre exfuncionarios y empresarios de los más poderosos del país.
Durante el primer día del juicio, que se realiza por Zoom, la expresidenta participó junto a su abogado Carlos Beraldi desde su casa de San José 1111, donde está presa condenada a 6 años por otro caso de corrupción: la causa Vialidad.
Apenas se adivinaba su perfil en la cámara. Solo se la vio completa cuando el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, les pidió a todos los acusados que se dejaran ver para constatar que estuvieran presentes.
El juicio oral, que está a cargo de Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, comenzó con la lectura de la acusación del fiscal Carlos Stornelli, que fue quien instruyó el caso.
La causa de los cuadernos de las coimas, iniciada por una investigación de La Nación, trata sobre las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que transportó a funcionarios del kirchnerismo cuando recogían los sobornos en las empresas y los llevaban a la Quinta de Olivos y al departamento de Recoleta de la expresidenta entre otros destinos, según la acusación.
El expediente son en realidad seis causas. Este jueves se leyeron 132 páginas de las 678 de la acusación correspondiente a la primera causa (número 9608). Se continuará luego con la lectura de la acusación de las otras cinco causas.
A partir de lo leído hasta ahora, el fiscal Stornelli consideró a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y beneficiaria final de al menos 38 pagos por 17.200.00 dólares, más otro, por 1,5 millones de pesos.
Se mencionan en el dictamen leído otros seis pagos adicionales de sumas de dinero no cuantificadas en el requerimiento de elevación a juicio.
El fiscal señaló que Cristina Kirchner es coautora del delito o destinataria final del dinero recaudado en numerosos hechos de cohecho pasivo a través de los funcionarios de la organización.
El dinero -según la acusación- fue aportado, por ejemplo, por Juan Carlos de Goycochea, del Grupo Isolux, que está acusado de haber efectuado, a través del exfuncionario Roberto Baratta, seis entregas por 300.000 dólares entre abril de 2009 y mayo de 2010.
Según relata la acusación, Guillermo Wagner, en tanto, entregó a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, 500.000 dólares, que fueron llevados a la Quinta de Olivos. En otra entrega, Muñoz recibió 800.000 dólares, una cifra que, según figura en uno de los cuadernos, era parte de una suma separada por Baratta. En otro hecho, del 22 de septiembre de 2010, se recaudaron aproximadamente 1.000.000 de dólares, dinero que fue llevado al departamento de Recoleta de Cristina Kirchner para ser entregado a Muñoz, según las pruebas que esgrime la acusación.
Otro de los empresarios que aportaron dinero, supuestamente destinados a Cristina Kirchner, es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, con 3.500.000 dólares en una valija subida al auto de Centeno y enviada al departamento de Recoleta, de donde la recogió Muñoz, según la acusación.
Claudio Glazman hizo al menos 13 hechos pagos, también según la acusación. Son cifras que van de los 200.000 dólares a los 2,5 millones de dólares. La plata era entregada a Hernán Gómez, asistente de Baratta, que lo lleva a los domicilios del matrimonio Kirchner. Glazman pagó 200.000 dólares en una caja el 17 de septiembre de 2009; 250.000 dólares en una caja el 23 de septiembre de 2009; y un total de 500.000 dólares (en dos bolsos) el 30 de septiembre de 2009.
Otros empresarios mencionados como pagadores de sobornos en esta primera audiencia del juicio son Hugo Dragonetti, de Panedile Argentina; Benjamín Gabriel Romero y Rodolfo Armando Poblete, de la Hidrovía; Raúl Vertúa, de Servicios Vertúa; Jorge Juan Mauricio Balán, Miguel Ángel Marconi, Rubén David Aranda y Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Valenti, de IMPSA.
Según el requerimiento de elevación a juicio (hasta la página 132), la calificación legal de los hechos imputados a Cristina Kirchner es como jefa de una asociación ilícita y como coautora de cohecho pasivo reiterado en 22 oportunidades.
La asociación ilícita desarrolló sus actividades al menos desde mayo de 2003 y hasta noviembre de 2015.
Su finalidad -según el fiscal- era organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de “enriquecerse ilegalmente” y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos.
El Tribunal Oral Federal N°7 finalizó la audiencia a las 14:30 y continuará el próximo jueves con la lectura de esta primera acusación.
Minutos después de iniciado el proceso, pasadas las 10.20, el juez Enrique Méndez Signori, al frente del tribunal, les pidió a los acusados: “Arbitren las medidas necesarias para que se los pueda ver”. Todos debían mostrarse frente a su cámara.
Varios acusados se escondían hasta entonces detrás de sus abogados. Tras la advertencia del juez, el abogado Alberto Beraldi cambió el encuadre de su cámara y Cristina Kirchner apareció sentada a su lado, con una polera blanca y un saco oscuro.
La lectura de la acusación, que arrancó una hora más tarde lo previsto porque algunos imputados demoraron en conectarse al Zoom, comenzó con la declaración del periodista de La Nación Diego Cabot, que narró cómo recibió los cuadernos de las coimas de manos de Jorge Bacigalupo, y las primeras comprobaciones que realizó sobre esos datos.
Luego, el escrito relató que tras las comprobaciones judiciales iniciales, se realizaron los primeros allanamientos, donde fueron detenidos empresarios y exfuncionarios.
Luego, la acusación narró la evaluación que hizo el fiscal al considerar a Cristina Kirchner jefa de una asociación ilícita y coautora de los cobros de coimas.
La fiscalía relató en su requerimiento cada pago que recogieron Baratta -que era un funcionario muy cercano al ministro Julio De Vido- y otros funcionarios de mano de los empresarios
Quien comenzó este jueves con la lectura de los requerimientos fue la secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola.
Entre lo que leyó, decía también que la destinataria final del dinero de los sobornos era Cristina Kirchner.
Cerca de las 11.30, la lectura continuó a cargo del otro secretario, Ernesto Ruiz, y a las 12.25 se dispuso un cuarto intermedio.
“Llevamos ya dos horas de lectura”, dijo Méndez Signori. A las 12.57, se retomó la audiencia.
Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli estuvieron físicamente en una sala de audiencias en el sexto piso del Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550. Los 87 acusados, en cambio, siguieron el juicio desde sus casas o desde los estudios de sus abogados, conectados por Zoom.
Por ahora, las audiencias de este juicio serán solo los jueves, entre las 9.30 y las 13.30. Desde el 3 de marzo, se sumarán los martes como segundo día de audiencias. La etapa de la lectura se extenderá hasta el 11 de diciembre, según lo previsto.
La fiscalía está a cargo de la fiscal general Fabiana León, el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.
Tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, se abrió formalmente el juicio oral.
Los jueces suelen posponer su resolución para el final del juicio, excepto asuntos urgentes. Una vez completada esta etapa comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Es la oportunidad que tienen los imputados de realizar su defensa. Todo esto podrá verse por Zoom abierto. La fiscalía quiere que las indagatorias sean presenciales.
Tras esas declaraciones comenzará a exhibirse la prueba a través de las declaraciones de los testigos. Esa etapa no se podrá ver por YouTube abierto, sino que solo podrán asistir los periodistas y público acreditado en un Zoom cerrado.
Esto es para que un testigo que debe declarar no sepa de antemano lo que declaró el testigo anterior y pueda acomodar así su relato. Una vez finalizadas las declaraciones de testigos y peritos, comenzarán los alegatos donde se volverá a conectar el YouTube para que todo el mundo pueda ver el cierre del proceso y la lectura del veredicto.
Se estima que todo el juicio durará varios años, porque los testigos previstos son más de 440 y los acusados son 86.
