“La nueva ley determina una importante pérdida en el uso de biocombustibles y un aumento equivalente en el uso de derivados de petróleos. Eso provocará el cierre de plantas y la pérdida de al menos 1500 puestos de trabajo genuinos y federales”, afirmó la diputada nacional Gabriela Lena (UCR) al fundamentar su voto negativo a la norma aprobada en la Cámara Baja.

El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel,

“El marco regulatorio de los biocombustibles en nuestro país debe tratarse con sumo cuidado y responsabilidad, dada su incidencia en la política energética, agropecuaria, industrial, ambiental, y de comercio exterior. Nuestro país goza de amplias condiciones para el desarrollo armónico de un próspero sector de biocombustibles, que deben ser acompañadas de políticas públicas sensatas, en el marco de amplios acuerdos que otorguen previsibilidad y continuidad de las grandes líneas estratégicas”, remarcó la legisladora.

Lena hizo notar que el proyecto oficialista “modifica, sin fundamentación técnica ni ambiental, los niveles de corte para el biodiesel” y permite a la Secretaría de Energía “modificar de forma unilateral esos niveles de corte, fijar y asignar cupos, regular precios y rentabilidades, cuestiones que sin un marco de referencia y objetivos claros atentan contra la certidumbre y seguridad jurídica, necesarias para garantizar inversiones, y contra la competitividad del sector”.

Asimismo, la legisladora recordó que las Cámaras de Biocombustibles e Hidrógeno y de Bioetanol de Maíz y sus cadenas de valor, advirtieron que el proyecto de Ley de Biocombustibles: “Pone a nuestro país frente a un riesgo inminente de cierre de empresas, pérdida de miles de puestos de trabajo y un gravísimo impacto ambiental, en abierta contradicción con nuestra Constitución Nacional y con nuestros compromisos internacionales”.

Debido a esos “numerosos vicios” del proyecto oficialista, Lena propuso en la sesión que se prorrogue “la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina”.