En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Federik consideró que para el tema del espionaje “la solución es política y cultural, en primer lugar porque tiene que colocarse dentro de la cabeza de los espías o de la gente que trabaja en los servicios de inteligencia, que la ley no es un papel para no tener en cuenta”.

“La ley de inteligencia nacional –la N°25.520- salió después de que empezara el juicio de la AMIA y establece una serie de disposiciones muy claras que deben ser seguidas y cumplidas, pero si el Estado nacional saca una ley que organismos específicos como la Secretaría de Inteligencia o las Oficinas de Inteligencia del país, que son varias, no la cumplen o buscan atajos para no cumplirla, estamos mal”, analizó.

“Por eso digo que no solamente es una cuestión política sino cultural porque quien está a cargo debe hacer cumplir la ley; y si no se cumple, la ley es letra muerta. La ley está para ser cumplida”, sentenció.

En ese marco, explicó que “la inteligencia es la que se hace fuera del país y la contrainteligencia es la que hacen los agentes de nuestro país dentro del territorio nacional. De este modo, acá actúan fuerzas de inteligencia de distintos países y la que debe controlar la actuación de esta inteligencia que nos hacen a nosotros, es la contrainteligencia que tiene una cantidad importante de personal, que era la que estaba a cargo de Jaime Stiuso”.

Y como ejemplo, mencionó que “en el juicio de la AMIA, nos dábamos cuenta que antes de la investigación del Juzgado o de que llegue la Policía Federal ya había pasado un grupo de contrainteligencia que había recolectado y habían sacado todos los datos, ya habían sacado las cámaras de seguridad, entonces nuestra preocupación era si esa información le llegaba al juez de la causa”.

Apuntó que “acá la ley de inteligencia impide que los servicios intervengan en las causas judiciales, no pueden realizar tareas represivas, ni recolectar datos sobre cuestiones  vinculadas a razas, partidos políticos, religiones, y demás como también la de pinchar cualquier tipo de comunicación de las personas”.

Admitió en este contexto que “el poder suele enamorarse de los servicios de inteligencia” pero aclaró que “el poder debe saber que tiene que disciplinar a sus fuerzas de inteligencia y colocarlas dentro del marco legal, lo cual no implica hacerlos ineficaces, porque en la formulación de esta ley también trabajaron las agencias de inteligencia”. “Lo que debe hacer todo poder político, además de morigerar su enamoramiento con los espías, es hacerles cumplir la ley y hacerles saber que si no la cumplen serán castigados, porque la misma ley establece penas rigurosas a los que violan los secretos”, sentenció.

Explicó que “el problema está en que el funcionario divulgue información clasificada, pero si se divulgó a una persona que no tiene nada que ver con los servicios, la pena se carga sobre el funcionario, no sobre quien recibe la información”.

“Si hay pruebas suficientes para que ameriten una indagatoria, el juez competente debe intervenir. Pero quienes cometen los delitos tipificados por la Ley de Seguridad Nacional, son los funcionarios públicos que intervienen, y si ese funcionario de la Secretaría de Inteligencia transmite información clasificada a un pariente, un amigo o un vecino, quien incumple la ley y recae en la tipificación delictual es el funcionario; si el amigo o pariente le pasa la información a un periodista es otra historia, quien comete el delito es el funcionario público”, concluyó.