"El que dispuso ese tiempo de cinco años no tiene la más mínima idea de lo que significa el manejo de la política criminal dentro de un sistema jerárquico”, afirmó Federik.
“No podemos seguir con esta utilización de un poder del Estado para triturar al adversario político. Hay que pensar en otro sistema para resolver el problema de los delitos cometidos dentro de la función pública”, analizó Federik.