En el Poder Judicial de Entre Ríos hay cientos de cargos vacantes y suplencias que son ocupados por funcionarios y magistrados interinos. Algunos de los nombramientos que se producen son señalados públicamente por supuestos favores entre familiares, amigos o allegados políticos. Las autoridades no lo reconocen públicamente pero sí admiten que buena parte ingresan y luego validan el puesto con concursos en el Consejo de la Magistratura. En este informe, ANÁLISIS retoma las relaciones más evidentes y cuenta cómo funciona un sistema de nombramientos observado por fuera de la estructura con cierto recelo.

Natalia Buiatti

Las puertas judiciales son anchas y generosas o no lo son tanto, según la simpatía o vinculación que se tenga con algunos sectores políticos. En los pasillos de tribunales se habla de las facilidades para ingresar, incorporarse y ascender a algunos espacios judiciales, con cargos codiciados y los mejores sueldos de la provincia; se traza un patrón que en algunos casos puntuales parece repetirse como un loop, un bucle sincronizado que a lo largo del tiempo, permitió el fortalecimiento de los lazos con la política y el afianzamiento de la llamada “familia judicial”.

Así, pese al funcionamiento de un Consejo de la Magistratura que cuenta casi dos décadas haciendo concursos y que, según el razonamiento de los más críticos, las últimas reformas que sufrió terminaron perjudicando y empañando más la transparencia de los procesos para validar los cargos.

Lo concreto es que buena parte de esos puestos en los dos ministerios públicos y también los que dependen del Superior Tribunal de Justicia (STJ), están o fueron ocupados por funcionarios y/o magistrados interinos que, después de un buen tiempo, titularizaron a través de un concurso público. En efecto, varios de los juristas encumbrados que hoy dictan sentencias y disponen sobre la vida de los “justiciables” -como prefieren decirle a los ciudadanos de a pie-, ingresaron al Poder Judicial como interinos, de la mano de algún dirigente político. Una vez adentro, sellaron su permanencia dentro de la estructura concursando el cargo. Pero ese mecanismo debería ser exactamente al revés.

Los interinatos existen en todos los estamentos judiciales. Pero los puestos de magistrados y funcionarios deben ser cubiertos a partir de concursos del Consejo de la Magistratura, la referencia no es para empleados rasos. Es allí donde los vocales del STJ, el procurador o defensor general -que accedieron a la cúspide de la administración judicial a partir de la designación política-, tienen la facultad de los nombramientos.

En los interinatos más distinguidos no se designa a cualquier abogado de la matrícula. Y no existen criterios establecidos respecto de cómo llevar adelante esos nombramientos en los cargos que dependen directamente del STJ, no hay un sistema definido ni un listado de méritos. Esas designaciones quedan a criterio de las autoridades judiciales. A eso se suman otras cuestiones. Por ejemplo las supuestas ventajas laborales: los sueldos abultados; la posibilidad de sumar antecedentes y puntaje en el cargo; la posibilidad de tomar licencias para estudiar y preparar concursos o realizar especializaciones. ¿Cómo un abogado más de la matrícula, que debe trabajar para mantenerse, que no tienen contactos políticos, puede competir con tales condiciones?

(Más información en la edición 1144 de la revista ANALISIS del jueves 21 de septiembre de 2023)