Luego de que se generara un gran revuelo por la manera en que el Gobierno consiguió los US$7000 millones por Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registradas por los exportadores de granos, dos diputados de la Coalición Cívica solicitaron al ministro de Economía, Luis Caputo, que informe “si los bienes declarados efectivamente existían y estaban bajo la tenencia del exportador en la fecha de la declaración”. Vale recordar que los exportadores tienen 360 días para embarcar la mercadería declarada. Anotaron ventas al exterior por más de 19,5 millones de toneladas con cero retenciones. Como no tienen toda la mercadería en físico la deberán comprar ahora, pero con una alícuota del 26% en la soja que les abarata el valor.
Lo que pasó con las retenciones generó un fuerte malestar en el campo. Hoy, en esa línea, Coninagro dijo: “Desde Coninagro observamos con espíritu reflexivo la reciente medida que permitió, por un breve lapso, liquidar cereales y oleaginosas sin retenciones. Si bien la iniciativa fue recibida con expectativas, en la práctica dejó en el productor una sensación amarga. Celebramos el camino iniciado por el gobierno en la eliminación gradual y permanente de la alícuota, y en la convicción de que se plantee la necesidad de revisar este tributo distorsivo. Valoramos el gesto de avanzar en esa dirección. Sin embargo, entendemos que la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume".
En una carta a Caputo donde formulan un pedido de acceso a la información, Victoria Borrego y Juan Manuel López le preguntaron qué pasa en caso de no verificarse la tenencia de la mercadería declarada. “¿Adoptará el Estado nacional alguna medida para exigir el pago de la alícuota correspondiente por fuera del programa conforme lo previsto por la ley N° 21.453?“, interpelaron.
En este contexto, a efectos de dar debida publicidad a la información solicitada, pidieron que indiquen la dirección web de acceso. “Del mismo modo, se solicita que en virtud de lo estipulado en la Ley 27.275 de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional, dicha información sea entregada preferentemente en formato electrónico o soporte digital, y si se tratase de información tabular, preferentemente en extensiones de archivo correspondientes a software de planillas de cálculo que permitan su procesamiento y reutilización", solicitaron.
Proyecto de ley para eliminar retenciones
En esa línea, también enviaron una misiva a los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y, de Agricultura y Ganadería del Congreso, José Luis Espert y Atilio Benedetti, respectivamente, para que convoquen a un plenario en las dichas comisiones con el objeto de dar tratamiento a los proyectos de ley que proponen la eliminación de los DEX a los productos agropecuarios".
Además requirieron analizar los "efectos del decreto 682/2025″, que suspendió transitoriamente dicho tributo hasta el agotamiento del cupo de US$7000 millones o hasta el 31 de octubre próximo, lo que ocurra primero, pero en apenas 72 horas después de su entrada en vigencia se llegó a esa cifra.
“El sector agropecuario, que constituye uno de los motores de la economía argentina, viene atravesando en los últimos años una serie de dificultades que han deteriorado gravemente su rentabilidad, entre ellas la caída de los precios internacionales, las contingencias climáticas severas y un modelo económico que ha utilizado sistemáticamente a las retenciones como fuente de financiamiento, sumado a la estrategia oficial de no acumular reservas internacionales cuando era posible. Como consecuencia, los productores agropecuarios enfrentan una presión fiscal asfixiante, falta de previsibilidad y condiciones que limitan la posibilidad de planificar inversiones e incrementar la producción”, enfatizaron.
Frente a este panorama, señalaron que el decreto recientemente dictado por el Poder Ejecutivo, “lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica que se ha consolidado en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo".
“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’, implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que, en los hechos, tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores. Solo en lo que va de este año, el Gobierno redujo transitoriamente en enero las alícuotas de DEX en torno al 20%, medida que rigió hasta el 30 de junio. Pocos días antes de esa fecha prorrogó la vigencia para algunos cultivos hasta marzo de 2026 y, finalmente, en julio convirtió en permanente la rebaja del 20%”, recordaron.
Sin embargo, días atrás, sostuvieron que, frente a una nueva necesidad de divisas, volvió a modificar el esquema fijando en 0% las alícuotas hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar DJVE por un total de US$7000 millones.
“El resultado fue una vigencia ineditamente breve: en apenas 72 horas el cupo se agotó y los productos agropecuarios volvieron a quedar alcanzados por retenciones. Durante los primeros meses del año la Comisión de Agricultura y Ganadería se reunió en varias oportunidades para trabajar en la elaboración de un dictamen que recogiera los distintos proyectos de eliminación de los DEX al sector agropecuario", detallaron.
“A pesar del alto nivel de consenso alcanzado, no fue posible arribar a un dictamen por la negativa de los diputados del bloque oficialista, quienes fundamentaron su posición en la imposibilidad de afrontar la pérdida de recaudación que implicaría la sanción de la ley. Tampoco conseguimos que el Presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda convoque a una reunión para dar tratamiento al tema en el seno de su comisión”, agregaron.
Sin embargo, “el tiempo demostró que aquel argumento fiscal no tenía sustento y que, en realidad, lo que el oficialismo no quiso perder fue la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para servirse del sector agropecuario según las necesidades coyunturales”.
“En los hechos, las medidas que posteriormente adoptó el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar y que, a diferencia de las decisiones transitorias e improvisadas del Ejecutivo, sí habrían producido un impacto positivo sobre los productores y la producción".
Por todas estas razones, los legisladores solicitaron que, habida cuenta del inicio del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio 2026, que se convoquen a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería “a fin de retomar el debate sobre los proyectos de ley de eliminación de los DEX, con el propósito de alcanzar un dictamen que pueda ser tratado en el recinto previamente al inicio del nuevo ejercicio fiscal”.
