Daniel Santoro*

Especial para ANÁLISIS

El kirchnerismo creó una nueva forma de ataque contra los periodistas en la Argentina. Durante la dictadura, hubo cien periodistas desaparecidos, durante el menemismo otro centenar de periodistas querellados por calumnias e injurias o por desacato a la figura del presidente. Durante el gobierno de Cristina Kirchner se multiplicaron los ataques verbales a los periodistas desde el “atril” (basta recordar la caricatura “cuasimafiosa” de Menchi Sábat) y también el espionaje ilegal sobre nuestros teléfonos y mails. Pero luego del fallo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el caso Kimel, la ex presidenta mandó al Congreso un proyecto de ley que derogó el delito de calumnias e injurias contra periodistas. Así en la Argentina solo quedan los juicios civiles contra la prensa.

Sin embargo, a través de sus operadores judiciales y periodísticos, Cristina reemplazó esos juicios por calumnias e injurias por una “máquina para destruir el prestigio profesional” de los periodistas, como dice el profesor Fernando Ruiz. Un abogado hace una denuncia penal, los medios oficialistas financiados con fondos del gobierno la replican y los militantes, trolls y bots la difunden hasta el infinito en las redes sociales. No discuten el contenido de nuestras notas a pesar de que tienen todo el derecho de hacerlo porque ellas son verídicas. Nos tratan falsamente de espías, extorsionadores o pedófilos para matar nuestro prestigio, como sucede ahora con nuestro colega Daniel Enz. Además, a diferencia del menemismo, el kirchnerismo se mete con nuestras familias, límite que antes era sagrado. El periodista K Horacio Verbitsky publicó el nombre de mi esposa y la dirección de mi casa en la primera nota de la campaña del caso del falso abogado Marcelo D’Alessio que no tenía nada que ver con la historia. Los periodistas entendemos que somos personajes públicos, pero nuestras familiares no lo son.

La ex presidenta, condenada a 6 años de prisión por corrupción en el caso Vialidad y procesada en otras cuatro causas, impulsó el concepto de “lawfare”, una supuesta alianza entre medios de comunicación, jueces y la embajada de EE.UU. contra los políticos nacionales y populares de América Latina. Esa falsa teoría alimentó conceptualmente su máquina de matar prestigios de periodistas.

En mi caso el juez K Alejo Ramos Padilla tomó esa teoría y  luego ordenó que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) investigara si mis notas constituyeron “operaciones de acción psicológicas”. La última vez que se había tomado una medida de este tipo fue durante la última dictadura y contra Jacobo Timerman por notas en el diario La Opinión. El informe de la CPM afirmó al Juez que de las comunicaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio “emergen indicios de una posible interacción de inteligencia ilegal” con periodistas y medios de comunicación. Según el organismo, que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, D’Alessio “instaba a diferentes periodistas a que la información colectada y analizada de manera ilegal sobre sus “blancos” de investigación fuera publicada”.

Si ese concepto se extendiera a otros jueces, llevaría a penalizar a gran parte del periodismo de investigación de América Latina. Estas y otras decisiones de Ramos Padilla han creado miedo a investigar la corrupción del kirchnerismo entre el periodismo argentino, lo que en inglés se llama la búsqueda del “efecto escalofriante”.

El juez Ramos Padilla y los querellantes atacaron el derecho al secreto profesional periodístico y el derecho constitucional a ejercer el periodismo para que los funcionarios rindan cuentas sobre cuestiones públicas, como dijo el constitucionalista argentino Daniel Sabsay. Se metieron en el método de recopilación de información de los periodistas y tratan de penalizar a los periodistas por lo que dicen o hacen sus fuentes.

Además, junto a estos intentar de “matar nuestro prestigio” nos acosan judicialmente en tribunales penales como supuestos espías o extorsionadores y en tribunales civiles por daños y perjuicios. Este tipo de juicios se llaman  Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAPPs por sus siglas en inglés). Así un periodista tienen que pagar abogados durante años y cuando gana, no hay forma de resarcimiento viable. Y es peligroso que el presidente Javier Milei copia los ataques verbales contra los periodistas y sus militantes y trolls, a la usanza de Cristina Kirchner, los repliquen en las redes sociales.

*Editor del diario Clarín