17 de Septiembre de 2025 - 18:19
Sebastián Sabo
El intendente Domingo Daniel Rossi no es un error, es un sistema. Un sistema perverso de corrupción que se nutre de la opacidad, el desprecio por la ley y la complicidad de su entorno. Su intento de saldar una deuda millonaria regalando un inmueble público no es más que la punta de un iceberg podrido: el historial de un hombre condenado por enriquecimiento ilícito, acorralado por juicios por sobreprecios y que gobierna Santa Elena como si su municipalidad fuera su feudo personal. Cada acto de su gestión, desde los subsidios sin control hasta los pagos en efectivo, huele a premeditación y a un afán de robarle al pueblo hasta el último peso. Es la impunidad hecha persona.
Pero Rossi no actúa solo. Detrás de este entramado de irregularidades se encuentra la sombra de su esposa, la senadora Patricia Díaz. Esta sociedad conyugal delictiva es el verdadero poder detrás del trono. Mientras él desguaza el patrimonio municipal desde la intendencia, ella ejerce su influencia desde la legislatura. La investigación por enriquecimiento ilícito que los involucra a ambos no hace sino confirmar la naturaleza de un dúo que concibe la función pública como un negocio familiar. Su complicidad es el escudo que pretende blindar la impunidad y prolongar este saqueo a cuenta de los contribuyentes.
Santa Elena es el ejemplo crudo de la corrupción sistemática que carcome las instituciones. No se trata de hechos aislados, sino de una maquinaria perfectamente engrasada para evadir controles, violar leyes y vaciar el erario público. Este caso debería ser una bisagra: la justicia no puede permitirse otra suspensión o dilación. Exigimos condenas ejemplares, inhabilitaciones perpetuas y la recuperación de todo lo robado. Basta de cómplices silenciosos y de políticos que creen que el poder es su propiedad. Santa Elena se merece algo mejor que una banda de delincuentes trajeados.
(*) Dirigente del PJ de Santa Elena.
