Sebastián Sabo
Resulta alarmante, cuando no grotescamente cómico, que el mismo día en que la senadora Patricia Díaz ofrece su voto crucial para que el gobernador Rogelio Frigerio hipoteque el futuro de la provincia con la toma de una megadeuda en dolares, la justicia de Paraná se trabe de manera "casual" y suspenda por segunda vez el juicio oral que debía comenzar contra su esposo, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. La sincronía de los acontecimientos es demasiado perfecta para ser una simple coincidencia. Mientras ella, desde la tribuna legislativa, aboga por "oxígeno financiero" para municipios como el que administra su cónyuge, el sistema judicial sufre una súbita parálisis que beneficia directamente al acusado. Este no es el primer pero si uno de los más claros indicios de un entramado de favores cruzados que opera con un descaro que insulta la inteligencia de los entrerrianos.
La causa que pesa sobre Rossi no es un mero trámite burocrático; es un emblemático caso de corrupción que involucra supuesto peculado, falsificación de documentos públicos y el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación, con un perito clave fallecido y un coimputado que ya gozó de una probation. La senadora Díaz pide, con una candidez calculada, que no se vuelvan a tomar deudas en dólares, mientras vota a favor de un plan que hace exactamente eso, y al mismo tiempo, la maquinaria judicial se engrasa para proteger a su familia de rendir cuentas por una deuda de otro tipo: la de su honorabilidad. La defensa de Rossi, que alega temor a una denuncia por prevaricato, parece más una coartada previamente pactada que una estrategia legal legítima.
Este trueque político es la esencia misma del acuerdo espurio: un voto legislativo vital para el Ejecutivo a cambio de una impunidad judicial fabricada para un imputado por corrupción. El mensaje que envía el oficialismo es nítido y perverso: la lealtad política se paga con inmunidad. Mientras la provincia se encadena a una deuda millonaria, la familia Rossi-Díaz consolida su impunidad, libre de las molestias de un juicio y financiada con recursos que, irónicamente, la senadora dice querer destinar a "obras y servicios". La justicia suspendida y la deuda aprobada el mismo día no son una casualidad; son la prueba de un sistema corrupto que funciona con una precisión vergonzosa.
(*) Dirigente del PJ de Santa Elena.
