César Baudino
Nuestro sistema jubilatorio entrerriano es solidario intergeneracional especial para la docencia -y algunos otros subsistemas- que garantiza una movilidad cercana al 82% del sueldo en actividad.
También este sistema, es memoria colectiva viva de muchas luchas llevadas adelante por sindicatos y personas fraternas, ocupadas en la búsqueda de mayores grados de dignidad. Resaltamos la conducta y coherencia de muchos que han luchado por trabajo con condiciones laborales y salarios blanqueados, como manda nuestra constitución.
Este valorado sistema, enaltece la calidad de vida de jubilados y pensionados de la provincia, eso no quiere decir que los salarios sean holgados, sino que apenas se puede sobrevivir en un contexto de alta vulnerabilidad. La jubilación de un maestro -cargo testigo- con todos los requisitos de ley, ronda al millón de pesos de jubilación. Entonces estamos hablando de un escaso sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza.
El gobierno libertario de Entre Ríos, está empeñado en atacar estos principios previsionales mediante una campaña mediática, comparando regímenes de otras provincias y con el salvaje e inhumano régimen de la nación. Quieren mostrar las conquistas de trabajadores y trabajadoras como privilegios, e intentar ir a la baja de los ingresos contrarios a la manda constitucional progresiva.
El ingreso a la administración pública y a la docencia – por concurso- se hace con requisitos encuadrados en las leyes vigentes. Dentro de la normativa al ingreso se hace una declaración jurada del cargo y/o horas cátedra que se toma, y si existe alguna incompatibilidad; se aporta obligatoriamente al régimen jubilatorio y la obra social, es decir, los trabajadores y trabajadoras acceden al trabajo enmarcados en la ley. Ahora si los gobiernos quieren cambiar las reglas de juego, la pueden hacer, pero respetando los derechos adquiridos. Entonces la sustentabilidad del sistema es responsabilidad de los gobiernos de turno, por ejemplo, sostener el 82% y la movilidad.
Otro ardid publicitario, intenta resaltar que somos la provincia en que sus trabajadores se jubilan con menos edad, muy jóvenes. 57 años mujeres y 62 varones es la edad más los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria común. En el caso de la docencia el régimen es especial 52 mujeres y 54 varones frente a alumnos, y no tiene que ver con que sea un privilegio, sino que es por el envejecimiento prematuro, es decir el desgaste físico-emocional de la tarea docente.
Otro artilugio que se utiliza, es que se gobierna para el millón y medio de entrerrianos y que no es justo sostener a los empleados dependientes del estado. Los trabajadores y trabajadoras no somos responsables de los manejos o desmanejos de la administración de la Caja de jubilaciones y pensiones, ni tampoco de los ingresos de sectores sin los aportes correspondientes. Hemos aportado durante la vida laboral, mucho más que la media a nivel nacional, hoy es del porcentaje más alto de todas las jurisdicciones, 19% personal y el 19% patronal per cápita. Es decir que a la Caja y a nuestro sistema jubilatorio, los sostenemos con parte importante de nuestro salario. Además, los docentes perdieron el derecho adquirido del régimen especial, porque a partir de 2024 aportan el 3%, más allá de jubilarse, hasta los 57 las mujeres y 62 los varones.
Los gobiernos, están para mejorar la vida de sus ciudadanos, no para empeorarla. La jubilación es un derecho humano que se debería honrar y no descalificar sus virtudes.
(*) Docente y ex secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Artículo publicado en el sitio Orilla y Media.
