De ANALISIS DIGITAL

Las partes expusieron este lunes los argumentos en torno a sus respectivos pedidos de condena y absolución a Pacayut y Klein. En las audiencias anteriores el ex senador declaró ante la Sala Primera y aseguró que ya estaba “condenado socialmente”; al tiempo que casi una veintena de vecinos de Mazacura brindaron su testimonio.

Alegato del Ministerio Público

Ríos inició su alegato con una aclaración metodológica: “En un Estado constitucional de derecho a las personas se las juzga por su conducta, no por quienes son, por su ideología ni por sus concepciones de la política y sus formas de hacer política”, apuntó. Para luego sentenciar: “Por más que el pueblo esté agradecido y tolere e incluso apoye la comisión del ilícito, eso no elimina la ilegalidad de lo cometido”.

En esa línea, precisó que el Ministerio Público se basó “en el código binario licitud e ilicitud”, y por ende pidió la pena de tres años y medio de prisión efectiva para Pacayut, su inhabilitación perpetua y una multa de 90 mil pesos. Por el mismo delito pidió dos años de prisión efectiva y una multa de 90 mil pesos para Klein. Además, requirió el desalojo de los imputados de la vivienda de Mazacura.

También demandó que se investigue a Vergara, Goy y Venturini por su eventual participación primaria en el ilícito.

Detalle de los hechos

Acto seguido, el fiscal enumeró los hechos que desencadenaron en el proceso judicial, según consta en la prueba documental presentada. “No caben dudas que desde 1975 a 1987 Pacayut usó regularmente la casa, como trabajador de YCF. Tras el cierre de la empresa, el 11 de mayo de 1988 se creó un comité ejecutivo para encontrar una solución favorable a los pobladores de Mazaruca. Fue la primera intervención de Pacayut como senador”, indicó.

“Años más tarde, el 13 de octubre de 1993, se firmó el traspaso de inmuebles de Nación a la provincia, que fue modificado en 1997. De esta forma, se ordenaba la transferencia gratuita al Ejecutivo entrerriano, y los inmuebles ocupados podían ser transferidos a los vecinos mediante una suma onerosa. Entonces, la provincia asumía el cargo de destinar esos lotes para urbanizarlos, pero para personas sin propiedades”, continuó.

“El 22 de octubre de 1992 la provincia firmó un comodato que estableció un impass legal por cinco años, pero el 30 de noviembre por decreto del Ejecutivo nacional se remata el establecimiento de YCF. En tanto, la obligación de no poseer bienes en el momento de la transferencia se establece el 24 de abril de 1993, mediante un decreto firmado por el ex presidente (Carlos) Menem. Más adelante se aprueba el primer comodato. Hasta aquí no hay ilicitud. En un paso posterior comienzan los actos preparatorios de la estafa, que no son punibles”, agregó.

Más adelante, señaló que “el 21 de marzo de 1996 Pacayut, firmando la nota como senador, inició un expediente ante el IAPV solicitando a las autoridades que tengan a bien considerar la continuación de los ocupantes”. Sobre esta nota, el fiscal remarcó que el ex legislador habló en “tercera persona”, y destacó que allí requirió al organismo que se realice un relevamiento socioeconómico del poblado: “Esa fue su primera oportunidad de presentar su situación patrimonial”, disparó.

De inmediato, puntualizó que “el 9 de septiembre de 1997 comenzó la ejecución de la defraudación a la administración pública, oportunidad en la que Pacayut, mediante una nota al IAPV, adjuntó las planillas de los ocupantes” de las viviendas en Mazaruca. “Nuevamente omitió especificar los ingresos personales y familiares. Era una segunda buena oportunidad para advertirle a la administración”, insistió.

Párrafo aparte, realzó que 1999 “fue un año particular”, y mencionó que “el 23 de febrero se rubricó el acta de entrega de tenencia precaria de Nación a la provincia, que lleva la firma del ex gobernador Jorge Busti”. Según manifestó, “esto ratifica que la relación jurídica siempre la tuvo la provincia, y que la provincia se comprometió a terminar el proceso de traspaso a los particulares que cumplan los requisitos”. Incluso comentó que “en ese año se declara de interés la regularización nominal que lleva el IAPV en Mazaruca”.

“El 20 de septiembre se dicta un decreto que ratificó el convenio con Nación y se encomendó al IAPV que se encargue del tema. Y el 15 de octubre Pacayut dirige otra nota al IAPV, en la que le solicita que cumpla el decreto, nota en la que tampoco aclara que es morador. A los seis días, el IAPV acoge su pedido y el 21 de octubre va a firmar el comodato con Pacayut y Klein”, acotó. Y alertó que “tres días antes la ingeniera Mónica López Alfaro expresó que en el listado figuraba Pacayut”.

Finalmente, “los comodatos se firmaron en dos tandas: el 21 de octubre y el 4 de noviembre de 1999”, el 17 de noviembre Pacayut “presentó otra nota persiguiendo que se dicte una resolución con el listado definitivo de los adjudicatarios”. Teniendo en cuenta que los datos del matrimonio aparecen en la documentación, “el 18 de noviembre se produce el segundo alerta administrativa y se solicitan instrucciones al respecto, pero Vergara ordenó seguir con el trámite”.

“El 4 de diciembre se hizo un acto y se capitalizó el logro, a partir de ahí pasan los años y se va logrando el objetivo. El 14 de marzo de 2003 se pregunta al IAPV si sigue vigente el comodato, y se responde que sí. Y el 17 de julio de 2009 se verifica que el convenio de tenencia precaria de 1999 entre Nación y provincia no ha caducado”, remató.

Ríos rebatió los fundamentos de la defensa

En la última parte de su alegato, Ríos refutó los 17 argumentos defensivos “que no pueden ser admitidos”, y llamó la atención sobre cuál es el domicilio de Pacayut de 1987 en adelante. “En la primera indagatoria, el 17 de marzo de 2004 dijo que se domiciliaba en calle Santa Fe de Paraná. Pero en 1992 mudan el domicilio de una sociedad que tenía con su hermano al inmueble de calle Laprida al 500, hecho que salió en el Boletín Oficial”, observó.

Posteriormente, manifestó que la defensa tiene un “argumento reiterativo en el que confunde patrocinio con dominio, es decir, derecho penal con derecho civil”. Asimismo, ratificó la competencia del IAPV en el comodato, y volvió a preguntarse por qué el ex senador “no aprovechó las oportunidades que tuvo para aclarar sus ingresos y bienes inmuebles”.

“Incluso realizó una confesión calificada durante la declaración, donde dijo que se quedan cortos y que lo volvería a firmar”, deslizó, al tiempo que aseguró: “Se trata de un delito por convicción, porque no se actúa conforma a la legalidad, sino conforme a las convicciones”.

Ríos también remarcó que los vecinos no estaban informados sobre las condiciones del comodato y aludió a la tesis de la co-delincuencia, “que no es factor excluyente de la ilicitud” del ex legislador. “De los 17 testigos contabilicé 12 personas de escasos recursos. El resto tenía propiedades, pero sólo algunos tenían escritura. Sin embargo, ninguno de ellos era funcionario y mucho menos promocionó el expediente ante el IAPV”, subrayó.

Argumentos de la defensa

En la primera parte del alegato de la defensa, Guillermo Bonabota señaló que Pacayut es ocupante lícito y que no eligió la casa a habitar. “Nunca dejó de ser un mero tenedor precario”, afianzó el letrado, quien subrayó que “la provincia estaba en conocimiento de que el predio era ocupado por los ex trabajadores de YCF”.

En esa línea, reafirmó que “la autoridad de aplicación era Nación, por lo que la decisión o pasos a seguir sobre el predio estaba en manos del organismo nacional de administración de bienes del Estado”. Para el abogado, quedó claro la “incapacidad real” de la provincia de decidir: “La provincia no tenía el derecho de uso y goce, sino que tenía una relación de hecho a través de la figura de la tenencia, de modo que no hay derecho patrimonial agravado”, aseveró.

“Lo que es material e ideológicamente falso es el comodato. El único perjudicado es el estado nacional, nunca pudo ser el IAPV ni la provincia. Es inoficioso el mecanismo que realiza el IAPV, además se descontextualizó el comodato”, ahondó; y añadió que “la provincia nunca peticionó para sí la vivienda que utilizaba Pacayut”, así es que no se encuentra “qué delito se le pueda imputar”.

“No hay un reproche o carga penal real, sino aparente”, arremetió. Luego, discrepó con el fiscal: “Es cierto que se juzga conductas, pero no podemos olvidarnos de la situación que vivó esta provincia y el contexto en que se realizó la denuncia. No es cuestión menor que era un senador justicialista”, enfatizó.

A su turno, Rubén Cabrera insistió en que la causa “está estructurada con alto contenido político”, y evaluó: “En el fragor político se utilizan herramientas como la difamación y la calumnia, llegando a veces a causas judiciales”. En ese orden, cargó contra la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que comenzó la denuncia. “La provincia fue la iniciadora de este expediente, que por una cuestión meramente administrativa juntó tres cuerpos”, se lamentó.

“Para nosotros la principal dificultad fue determinar de qué defender a los acusados”, confió, y aprovechó para cuestionar los argumentos del Ministerio Público: “La requisitoria fiscal ha sido sostenida con una gran dosis de creatividad, porque hay una acusación sin fundamentos desde la etapa instructoria”, fustigó.

“El ardid aparece como el nudo de la cuestión, el fiscal pretende que ese ardid haya durado 20 años, pero en ningún momento pudo describir el ardid de Pacayut”, prosiguió. A su vez, manifestó que “resulta inadmisible que se les adjudique al ex senador y su esposa la condición de estos delitos”, y negó “enfáticamente que sus conductas hayan estado incursas en la figura legal contemplada en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal”. También expresó que la defensa mantiene la reserva para presentarse ante Casación.

El caso

Una vez que YCF desactivó a mitad de la década de 1990 un establecimiento forestal que poseía en Mazaruca, una población ubicada a 25 kilómetros de Ibicuy, quedó allí un grupo de viviendas de estilo inglés totalmente deshabitadas.

En la Legislatura se impulsó un proyecto para que el IAPV tomara a su cargo esas viviendas y distribuirlas entre familias más necesitadas. Entre los postulantes, se presentó Klein. Puntualmente, la Justicia pretende probar que al momento de adjudicarse esa vivienda, la esposa de Pacayut no era indigente, sino propietaria de una vivienda en Paraná, ubicada en Laprida al 500.

Cabe señalar que el ex titular de la desaparecida FIA, Oscar Rovira, fue quien inició la investigación. El 11 de diciembre de 2006 se había dictado el procesamiento de Pacayut en la causa, pero desde esa fecha el expediente estaba a la espera en la Sala I de la Cámara del Crimen, aguardando ser anexado a la causa Puerto Ibicuy, que también se sustancia en ese mismo tribunal. Esto último, reclamado por los abogados defensores, finamente no se concretó.

Fotos: ANALISIS DIGITAL