La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner el sábado, en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, se refirió a la necesidad de proteger a los consumidores ante los "abusos de empresas".

Varios empresarios consultados por este diario señalaron que más allá de las citaciones de la CNDC, está el fantasma del proyecto del diputado Héctor Recalde presentado el mes pasado que modifica las leyes de Lealtad Comercial, Abastecimiento y Defensa del Consumidor y que directamente habla de expropiaciones para evitar los desabastecimientos. No se avizora que avance aún su tratamiento en el Congreso, pero, al igual que las citaciones de la CNDC, son mensajes directos.

Según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Defensa de la Competencia, "quedan sometidas todas las personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro que realicen actividades en todo o en parte del territorio nacional".

La CNDC fue creada para "promover la cultura de la competencia en todos los sectores de la economía nacional". Instruye las actuaciones, emite los dictámenes que tienen el carácter de recomendación para que luego la Secretaría de Comercio a cargo hoy de Augusto Costa, decida sobre "prácticas anticompetitivas y análisis de los efectos de las concentraciones económicas que deban ser notificadas".

El organismo es presidido por Ricardo Napolitani, un abogado que en su CV muestra su actividad con base en Chubut y Santa Cruz en sus inicios, juez federal subrogante, magistrado en el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz para luego recaer en esta estratégica dependencia.

Los sectores que deberán justificar sus aumentos y abrir su estructura de costos son el alimenticio, metalúrgico y siderúrgico. Concretamente apuntan a los llamados "formadores de precios", un clásico del "inflation targeting" oficial. Más allá de las señales o mensajes con las citaciones, en el peor escenario, la CNDC aplicará multas a empresas que pueden ser luego apeladas ante la Justicia. De hecho, entre los proyectos presentados en el Congreso tras la devaluación, uno de ellos versa sobre la obligación del pago antes de recurrir las multas ante la Justicia. Se abre así otro frente con las empresas, que se cerrará en la medida en que se reduzca la inflación, lo que en el corto plazo depende más de las paritarias o de la política monetaria que haga el BCRA, publicó Ámbito Financiero.