El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos solicitó mediante un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia que los tribunales entrerrianos vuelvan a funcionar con normalidad, y que se encuentre “una solución real” al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales.

En la nota enviada a ANÁLISIS, los abogados pidieron formalmente “que no se continúe con la forma de prestación del Servicio de Justicia conforme el Acuerdo Especial de fecha 21.05.21”.

La solicitud se fundamenta en la flexibilización de las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicio respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita, habiendo los abogados/as respetado en todas sus formas, contando con protocolos propios aprobado por el COES Provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales.

Desde el CAER remarcaron que “a los fines de garantizar el servicio de justicia amparado por el art. 65 de la Constitución Provincial, es necesario la activación de la presencialidad, préstamos de expedientes, restablecimiento de audiencias, retiro de oficios, firma de poderes, producción de prueba, tener continua y efectiva capacidad de respuesta del servicio de justicia lo que implica un pleno ejercicio profesional de la abogacía y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad”.

Además resaltaron que “la medida de fuerza tomada por AJER, agrava la prestación del servicio de justicia en la provincia”, lo que llevó al Colegio de la Abogacía a convocar  un mesa de diálogo, cursando invitación de todas las partes. En dicho encuentro participaron además de este Colegio, la Secretaria de Justicia de la Provincia, AJER y Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, comprometiéndose las partes comprometido a brindar el servicio de justicia con celeridad, pero resultando necesario para ello que el Poder Judicial como autoridad del Gobierno, dé una pronta solución a los reclamos de los empleados judiciales y magistrados de la Provincia”.

“El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental,  como lo es el de brindar la tutela judicial efectiva de los derechos a los ciudadanos, también garantizada no solo en la Constitución Nacional, sino también en la Provincial. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, se hace necesario profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución”, finaliza el escrito.