Mientras se aguarda que se resuelva un planteo de competencia con la Justicia Federal, la investigación penal por los contratos truchos en la Legislatura, con pedido fiscal de remisión de la causa a juicio oral, continúa tropezando con planteos de los imputados.

Además de la petición para que el caso pase al fuero federal, hay en trámite una recusación contra los fiscales que investigaron, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y también el pedido de uno de los 32 imputados, Jorge Enrique De Breuil, para que se dicte su sobreseimiento.

En primera instancia, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata –que tiene en sus manos resolver si se aparta y cede el caso a la Justicia Federal y también definir el planteo recusatorio de los fiscales– rechazó la petición de De Breuil. Ahora, el caso llegó al Tribunal de Juicios y Apelaciones. Será la camarista María Carolina Castagno la que deba resolver el entuerto.

El pedido de De Breuil

El pedido de De Breuil –que tuvo contrato en el Congreso cuando Pedro Guastavino fue senador nacional por Entre Ríos– se resume en 7 puntos:

a) Que “se reconozca y restablezca mi estado de inocencia”.

b) Además, que se “expliciten las acusaciones tácitas contenidas en el acta de apertura de la causa y se me entreguen las pruebas de la supuesta doble dependencia laboral, de las supuestas inversiones agrícolas ganaderas y del supuesto enriquecimiento ilícito, o de lo contrario se rectifique dicha acta”.

c) Pide que se “meriten las pruebas ofrecidas a los efectos de poder ofrecer las diligencias que considero útiles y pertinentes para averiguar la verdad”.

e) También que se “esclarezca la participación de los fiscales en las acciones mediáticas que me calumnian y difaman, citando como origen y fuente de dichas noticias a la misma fiscalía”.

f) “Se garantice que la investigación penal se sujete plenamente a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad”.

g) Solicita que se “garantice plenamente el ejercicio de mi derecho a la defensa”.

h) Y al final, que se “garantice ser juzgado en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas”.

La Fiscalía, al adelantar las penas, pidió para De Breuil seis años de cárcel, consignó Entre Ríos Ahora.

Insiste en su inocencia

Pero De Breuil insiste en su inocencia y reprocha el modo cómo se investigó y de qué manera quedó ligado a la causa.

Señala que desde el inicio de la investigación penal de la causa de los contratos en la Legislatura, en septiembre de 2018, “se ha buscado generar a través de numerosas falacias y filtraciones a la prensa, una imagen delictual de mi persona que va incluso muchísimo más allá de la imputación concreta de la Fiscalía. Publicaciones, que han citado invariablemente a la Procuración como fuente de sus aseveraciones, con el fin evidente de darle verosimilitud a lo publicado, cuentan cosas que no existen en el expediente. Así lo denuncié ya el 7 de junio y lo reiteré el 3 de julio de 2019, sin consecuencia alguna”.

“Desde un inicio, la Fiscalía me endilgó un doble vínculo laboral que nunca tuve, violatorio de las normas constitucionales y de las que regulan el empleo público y, pese a las explicaciones dadas personalmente el 8 de febrero de 2019, al día de hoy lo mantiene. Debo creer que lo hizo y lo hace con conocimiento y deliberación, porque una simple consulta a la página de internet del Senado de la Nación hubiese sido suficiente para desestimar tal afirmación. Y no descarto que se hizo, porque en el oficio que la Fiscalía remitió al Senado de la Nación y fuera recibido en su Secretaría Administrativa el 9 de noviembre de 2018, requirió los antecedentes laborales y los legajos de todas las personas mencionadas en la investigación penal preparatoria que se encontraban o habían sido contratadas por los senadores (Sigrid) Kunath y (Pedro) Guastavino, y algunos más, pero no incluyó mi nombre.

Si lo hubiese hecho, desde luego hubiera encontrado una respuesta negativa, que dejaba en evidencia la falacia de la imputación”.

Apunta en su escrito ante la Justicia que los fiscales han “interpretado maliciosamente las anotaciones de Alfredo Bilbao transformando los aportes en dádivas. Un análisis pormenorizado de las planillas, no puede más que concluir que la interpretación plasmada en la imputación sobre los montos supuestamente recibidos es absolutamente descabellada y tendenciosa. Una simple operación de sumas y restas es suficiente para demostrar la inconsistencia de la imputación. Asimismo, existen otras pruebas, que están desde un comienzo en poder de la fiscalía, que no merecieron su atención y en cierto modo hasta fueron ocultadas. Pruebas que también desvirtúan por entero la imputación. Vale decir, se optó por aducir una visión fantasiosa con el fin de imputarme una conducta ilícita, soslayando cualquier otra alternativa, aún cuando éstas resultaran infinitamente más plausibles y se encuentran debidamente fundadas. Así lo fundamenté en mi escrito presentado en diciembre de 2019”.

“Desde un primer momento la Fiscalía me ha asignado inversiones agrícolas ganaderas que no tengo y cuyas pruebas hasta el día de hoy sigo reclamando”, subraya. “Con el argumento de que ‘el incremento patrimonial de los imputados es producto de los ilícitos que constituyen la atribución delictiva’, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry solicitaron la traba del embargos preventivos por tres mil millones de pesos a mí y otros tantos a mi esposa, y la inhibición general de nuestros bienes”, agrega.

Dice en el escrito judicial que “en mi declaración de diciembre de 2019, en mi caso particular me embargaron 17 cuentas, siendo que solo poseía 4 cuentas activas. Una de ellas perteneciente a la seguridad social, donde el ANSES deposita mensualmente el beneficio otorgado por la ley nacional 26.913, y las otras tres pertenecen a un único paquete del mismo banco, pero de monedas de distinta nominación, siendo que en la cuenta en pesos, el Senado de Entre Ríos me depositaba el sueldo por transferencia electrónica”.

“Desconozco cuál fue la fuente de información que le permitió a los fiscales reunir esas 35 cuentas bancarias que fueron embargadas. Pero aún admitiendo que el fraude perteneciera a la fuente, es evidente que en tal caso los fiscales no realizaron el menor de los análisis sobre la información recolectada ni respetaron la normativa vigente, porque para llegar a ese número de cuentas fue preciso obviar al empleador para que sea éste quien efectúe las retenciones que por derecho corresponden, necesitaron sumar cuentas inexistentes, cuentas pertenecientes a la seguridad social o a empresas, y duplicar y hasta triplicar algunas otras cuentas”, reprocha. Y luego observa que su difusión posterior, “solo vino a confirmar que se trataba de alimentar una campaña de condena mediática y desprestigio público, alejando definitivamente al ministerio fiscal de su único objetivo, que es buscar la realidad de lo acontecido”.