De ANÁLISIS
Se reanudará la audiencia por el megajuicio por corrupción. Para este lunes está previsto que concluya su testimonial Gustavo Pérez. Deberá responder a las preguntas de la defensa. Pérez declaró el jueves pasado extensamente. Es empleado del Partido Justicialista y contó que en alguna oportunidad encabezó una empresa de publicidad. Más allá de eso, estuvo vinculado a distintas empresas publicitarias, desde lo laboral. Supo hacer favores cobrando pagos y haciendo seguimiento de cheques. Declaró sobre las empresas que la Fiscalía adjudica al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera. En la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, los fiscales le mostraron variada documentación. Sobre algunos de esos documentos requirió consultarlo el defensor Miguel Cullen este lunes.
También se prevé la testimonial de Florencia Della Ghelfa. La mujer iba a declarar el jueves pero no alcanzó el tiempo. A ella se sumarán Carlos Ramírez y Luis Fernández.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón retomarán la audiencia a las 9.
En el debate que comenzó los últimos días de septiembre y se prevé, en principio, hasta mediados de noviembre. Participan los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez.
Los imputados son Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación; Juan Pablo Aguilera, empleado del Senado; Gustavo Tamay, empleado de Turismo; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada, Luciana Almada, pareja de Aguilera; Gustavo Tórtul, empleado del Gobierno de Entre Ríos; Germán Buffa, comerciante; Gerardo Caruso, empresario; Hugo Marsó, exministro de Turismo; y Corina Cargniel.
Se ventilan cinco legajos investigados por el Ministerio Público Fiscal. El conocido como “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, donde se acusa direccionamiento de publicidad en la vía pública a las empresas TEP y NEXT desde 2010 a 2015; el legajo por la publicación de dos anuncios del Gobierno de Entre Ríos en 18 medios gráficos del país, adjudicado a la empresa Global Menas que no estaba constituida como tal al momento de la contratación, según la acusación fiscal; y los tres legajos acumulados en la causa conocida como “sueño entrerriano” que investigó contrataciones en el Marco de la Cumbre del Mercosur; una solicitada contra los fondos buitre; y la instalación de un parador playero en Mar del Plata. Los delitos achacados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado y defraudación a la administración pública.
