El último día de febrero de 2018, en horas de la siesta, Carla F., entonces de 19 años, visitó en la Unidad Penal de Gualeguay a un interno llamado Emanuel Brian Alaniz, que estaba detenido por un homicidio. En la requisa el personal penitenciario le detectó en el rodete del cabello 1,27 gramos de marihuana, cantidad con la que se puede armar un porro.

La joven fue imputada por el delito de tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito para consumo personal. El fiscal de entonces, Carlos García Escalada – a cargo de la Fiscalía de Victoria – pidió aplicar el trámite de flagrancia y en abril de 2018 solicitó que la causa se eleve a juicio. En una audiencia, el defensor señaló que la joven no tenía antecedentes penales y destacó que podía desempeñar tareas en la Municipalidad de Gualeguay. El fiscal no planteó objeción, pero subsidiariamente dejó sentado el pedido de elevación a juicio en caso de incumplimiento.

Durante seis meses la joven debía cumplir cuatro horas semanales de trabajo comunitario no remunerado en la Secretaría de Prevención de Adicciones del municipio de Gualeguay. En septiembre del año pasado, se informó al Juzgado que la mujer no había asistido ningún día al trabajo comunitario y que, cuando fue requerida en el domicilio, su madre les informó que ya no vivía allí, que se había ido al campo, con su nueva pareja, a empezar una nueva vida.

En un fallo fechado el 26 de octubre de 2020, el juez federal Leandro Ríos consideró que la suspensión del juicio a prueba debía revocarse por el incumplimiento de la joven, al mismo tiempo que reanudaba el trámite de flagrancia y elevaba la causa a juicio.

Tras el fallecimiento del fiscal original – víctima del Covid – el fiscal a cargo de la Fiscalía de Victoria que lo reemplazó, Walter Rodríguez, hizo una serie de planteos que puso en jaque a gran parte del proceso.

En primer lugar, Rodríguez objetó el fallo de Ríos y pidió su nulidad, al mismo tiempo que observó que el trámite se reanudó en octubre pasado, casi cuatro años después de iniciarse la causa bajo el procedimiento de flagrancia. 

El juez federal Daniel Edgardo Alonso hizo lugar al planteo, pero siguió firmando resoluciones sobre el expediente, que debería haber regresado al despacho de Ríos para que cumpla con el requisito de escuchar a la imputada y en consecuencia dictar un nuevo fallo.

El fiscal Rodríguez volvió a insistir en que Alonso no podía seguir interviniendo en el proceso, una vez admitido el planteo de nulidad del fallo de Ríos que hacía caer la suspensión del juicio a prueba. Por eso le envió un escrito al juez –que había fijado una audiencia para el 10 de noviembre pasado– señalándole que no asistiría por todo lo mencionado anteriormente, además de agregar el exceso de trabajo que le generaba estar a cargo como titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, subrogando entonces la Fiscalía N°1 –con competencia electoral- y la Unidad de Victoria.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que la posición de Alonso se daba de bruces con las disposiciones vigentes en el nuevo Código Procesal Penal en cuento establece la necesidad de resolver los conflictos surgidos como consecuencia de un hecho punible dando preferencias a soluciones armónicas entre los protagonistas y en pos de la paz social. Para el fiscal, la resolución del juez no hizo otra cosa que afectar el debido proceso legal y el derecho de la víctima a ser escuchada con presencia de su defensor, “vulnerados con motivo de la no realización de la audiencia regulada en el Código, lo cual justifica la declaración de nulidad absoluta” del fallo de Ríos de octubre del año pasado.

“Párrafo aparte merece la capacidad de abstracción judicial para llevar a juicio a como dé lugar a Carla F., una joven de poco más de 20 años, con instrucción secundaria incompleta de profesión ama de casa”, destacó Rodríguez, que un día antes de la audiencia fijada por el juez Alonso se eximió de asistir.

El 15 de noviembre pasado el fiscal interpuso un recurso de Casación en respuesta a la convocatoria que había hecho Alonso para fundamentar el plateo de nulidad, que él mismo había admitido como juez correccional y por lo tanto – según el fiscal – ya lo dejaba afuera de seguir participando como juez del caso. En el escrito se señala que el Tribunal Unipersonal “ocasionó un gravamen irreparable o de insuficiente reparación ulterior, poniendo en riesgo la normal continuidad del proceso en la medida que, pese a admitir el planteo de nulidad, no aplicó la regla que establece aquellos efectos, sobre todos los actos consecutivos que de él dependan (…) el juez Alonso ha ignorado en términos absolutos desde una perspectiva de género con el que el caso debe ser analizado (…) fue indiferente al cambio de vida la imputada, a su intimidad, como rehacer su vida con nuevos vínculos afectivos, que le implicó irse a vivir al campo con su actual pareja”. La defensora de la mujer también interpuso un recurso en Casación, en sintonía con los argumentos del MPF. El trámite está aún sin resolución.

Mientras tanto, Carla F. sigue ligada a una causa penal, con gran parte del aparato judicial federal de Entre Ríos queriendo enjuiciarla por poco más de un gramo de marihuana en el rodete.

Fuente y foto: Zona Crítica