La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo le negó en dos oportunidades un pedido que formuló el exministro de Agroindustria durante la presidencia de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, efectuar una ampliación de su declaración indagatoria por escrito, vía correo electrónico, y no en forma personal ante la magistrada, como lo establece el ordenamiento legal.

En una resolución que adoptó el jueves 10 del actual, la jueza Bacaluzzo afirmó que "la declaración indagatoria es un acto procesal que debe realizar personalmente el imputado en audiencia ante el Juez a cargo de la investigación. Si Luis Miguel Etchevehere pretende ampliar su defensa material y -según explica su defensor técnico- ´aclarar situaciones, momentos, sucesos, sentido y alcance de las pruebas rendidas y demás aspectos de la causa´, debe así expresarlo a fin de que se fije la pertinente audiencia, no siendo factible admitir una declaración indagatoria escrita, so pena de incumplir la concreta legislación procesal penal vigente en la provincia de Entre Ríos y que como directora de este proceso penal estoy obligada a aplicar y hacer cumplir a todos los sujetos procesales".

Echevehere está denunciado en una causa por estafa que inició en 2013 su hermana, Dolores Etchevehere, y en la que también están involucrados sus otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y la madre de los cuatro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

Dolores Etchevehere denunció, entre otros delitos, el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario y también una serie de manioebras para apartarla de los beneficios hereditarios de la familia.

En esa causa, ya declararon, en 202o, los tres hermanos, Luis Miguel Etchevehere, extitular de la Sociedad Rural Argentina, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, y Arturo Sebastián y Juan Diego. En tanto, la madre de los cuatro, pidió hacerlo en etapas. La úlima vez que estuvo ante la jueza que tramita la causa, Carola Bacaluzzo, fue el 19 de noviembre. Fue el tercer tramo de su indagotoria. La mujer ya había declarado en dos oportunidades: el 12 de marzo y el 20 de abril. Se esperaba una tercera para el 30 de abril. Pero en medio ocurrió que el juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, contrajo Covid-19, y no pudo recuperarse: falleció a principios de junio último.

El juez que tomó a su cargo el caso, Juan Hipólito Carlin, dispuso una serie de aplazamientos. La continuidad de las indagatorias, que empezaron con los hijos de Etchevehere en octubre de 2020, se había suspendido. En mayo pasado, y por segunda vez, la Justicia frenó el trámite que debía cumplir Barbero Marcial en la causa penal que enfrenta a raíz de la denuncia por estafa.

El 4 de mayo, el juez subrogante Juan Hipólito Carlin emitió una resolución en la que dispuso que ese trámite se cumpliría el 9 de junio. Pero tampoco pudo darse en esa fecha. El lunes 17 de junio el magistrado firmó un nuevo escrito en el que comunicó que la indagatoria no tendría lugar hasta que "las condiciones sanitarias" lo permitieran.

Esa indagatoria había sido programada para los días 5 y 9 de agosto, pero el abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto justificó el pedido de aplazamiento en dos motivos: sus propios problemas de salud, y los de Barbero Marcial, de 84 años, a quien su cardiólogo recomendó 10 días de reposo. Debió declarar el 13 de octubre, pero un informe de la médica  Lilian Inés Pereyra, del Departamento Médico Forense del Poder Judicial, dictaminó que no podía ser sometida a factores estresores por el término de 30 días. El último turno, entonces, fue el 19 de noviembre pasado.

La jueza ha demostrado un accionar estricto con los Etchevehere, denunciante y denunciados.

En una declaración que firmó la magistrada a finales de noviembre de 2021 y tras la solicitud insistente de Dolores Etchevehere de declarar nuevamente en la causa, planteó que "la reiterada incomparecencia de la denunciante resulta manifiestamente injustificada, toda vez que en las dos oportunidades en la que estaba citada aludió simplemente a ´razones de índole personal´, sin siquiera intentar dar una explicación razonable y plausible de los motivos que le impidieron presentarse a las audiencias fijadas y debidamente notificadas".

Ahora, el asunto es con el hermano denunciado, publicó Entre Ríos Ahora.

El 7 del actual, la jueza Bacaluzzo respondió a un primer escrito presentado por Luis Miguel Etchevehere, "y que según se enuncia en su encabezado tendría por objeto la ampliación de la declaración indagatoria del nombrado", y al respecto dijo que "es menester recordar que de acuerdo a lo normado (…) la declaración indagatoria es un acto procesal que debe realizarse personalmente, en audiencia, ante el Juez a cargo de la investigación".

"Por lo expuesto, corresponde devolver el escrito presentado y hacer saber al imputado y a su defensa técnica que puede declarar cuantes veces quiera (…) de conformidad al procedimiento establecido legalmente".

El defensor de Etchevehere, Rubén Pagliotto, no estuvo de acuerdo con la decisión de la jueza y efectuó una nueva presentación.

"Del análisis de la ´ratificación´ de la ampliación de la declaración indagatoria que el imputado Luis Miguel Etchevehere presentó en fecha 2 de febrero de 2022 y que nuevamente se adjunta al correo electrónico enviado por el Dr. Pagliotto emerge que, a pesar de que el letrado defensor manifiesta su disconformidad con lo resuelto –aludiendo a que es lacónico, infundado, arbitario, demodé, excesivamente formal y burocrático-,  omite utilizar las específicas herramientas procesales previstas en la ley de rito para cuestionar decisiones jurisdiccionales, las cuales quedan firmes en tanto y en cuanto no sean recurridas", resolvió la jueza.

Y agregó: "En consecuencia,  reitero que la declaración indagatoria es un acto procesal que debe realizar personalmente el imputado en audiencia ante el Juez a cargo de la investigación. Si Luis Miguel Etchevehere pretende ampliar su defensa material y -según explica su defensor técnico- ´aclarar situaciones, momentos, sucesos, sentido y alcance de las pruebas rendidas y demás aspectos de la causa´, debe así expresarlo a fin de que se fije la pertinente audiencia, no siendo factible admitir una declaración indagatoria escrita, so pena de incumplir la concreta legislación procesal penal vigente en la provincia de Entre Ríos y que como directora de este proceso penal estoy obligada a aplicar y hacer cumplir a todos los sujetos procesales.

Así, es menester aclarar que no se está limitando o coartando  el derecho de defensa material del que goza el imputado sino garantizando que ese derecho sea ejercido de manera válida y de conformidad al procedimiento procesal penal regulado en nuestro Código de forma".

Bacaluzzo dispuso además no hacer lugar a "la génerica e imprecisa ´reserva recursiva´ efectuada por el letrado defensor, toda vez que no existe previsión alguna dentro del digesto procesal que avale esa mera mención, que carece de efecto alguno".

El caso

Luego de la presentación de la denuncia judicial de Dolores Etchevehere contra su familia ocurrieron situaciones llamativas.

Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: “Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación”.

El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere.

Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó  la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)”.

De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué modo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)

En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado  por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos  y su madre.

Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000.  Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.

Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.

Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.

Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo.

Nada que ver

Todo lo tramitado hasta entonces en la causa Etchevehere fue nada ante un dictamen que firmó el 3 de noviembre de 2014 la fiscal Laura Irene Cattáneo, tercera fiscal que interviene en la causa en menos de un año. Después de analizar la denuncia, Cattáneo concluyó que el caso “no reviste gravedad y es de escasa trascendencia o impacto social por cuanto se trata de un conflicto económico intrafamiliar, sin afectación de intereses colectivos”.

La fiscal dijo que el tema denunciado “escapa a la órbita del Derecho Penal”, y, oh sorpresa, apeló a “una dosis de prudencia en la aplicación del sistema penal, justificándose su intervención sólo cuando medie una afectación de un bien jurídico importante o porque no existan otros canales para resolverlos”.

En base a esos argumentos, la fiscal Cattáneo pidió a la segunda jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, que la denuncia de Dolores Etchevehere “sea desestimada y se disponga el archivo” .

Firpo catalogó como un “enjundioso dictamen” el de la fiscal, y “siendo la representante del Ministerio Público Fiscal la titular del ejercicio de la acción penal pública, entiendo que no puedo adoptar una decisión diferente a la propugnada”. En ese marco –“amén de compartir en su totalidad lo dictaminado por la señora Agente Fiscal», aclaró- corresponde, dictaminó, «dictar sin más el archivo de las presentes actuaciones”.

Eso dispuso la jueza Firpo el 14 de noviembre de 2014,

Contragolpe

Dolores Etchevehere apeló el archivo de la causa con artillería pesada, y dijo en su escrito que “bajo el ropaje que le otorgan los arbitrarios y antojadizos argumentos señalados en el pedido de desistimiento fiscal de fecha 3 de noviembre  pasado, se esconde un enorme temor de investigar hechos que ostensiblemente exceden la órbita familiar y que derivan en irregularidades”. Y habló del “temor reverencial que muchos aquí en la ciudad de Paraná le tienen a mi familia en general y a mi madre y hermano Luis Miguel en particular: ahora lo confirmo”.

El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación.

Desde el vamos, la causa se caratuló como “Estafa”.

Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó “prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito”.

De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa.

El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que “corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación”.

El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etchevehere al despacho de la jueza Firpo. Entonces, interviene una quinta fiscal, Viviana Margarita Ferreyra.

En 2016 la causa tiene nuevo juez, Pablo Zoff –hoy agente fiscal- y se incorpora otro miembro del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Joel Cánepa –actual juez de juicio- y se produce una petición que ya había hecho Dolores Etchevehere: los fiscales Cánepa y Ferreyra le piden al juez que libre orden de allanamiento a Las Margaritas y el secuestro de libros contables, que se libre oficio al Banco Central para que aporte toda información referida a esa compañía de los Etchevehere, y se pida al Registro del Notariado de la Provincia un informe de los inmuebles registrados como propiedad de esa sociedad. También, que luego de levantar el secreto fiscal, la AFIP y la ATER informen declaraciones juradas de los períodos 2010 a 2016 de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y también de Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

También, los fiscales pidieron la indagatoria de los tres hermanos Etchevehere y su madre, pero el 23 de diciembre de 2016 los fiscales solicitan que se suspenda la indagatoria en virtud de la nueva prueba incorporada a la investigación penal.

Allanamiento y sorpresa

El juez Pablo Zoff hace lugar al pedido y, además, dispone que la Dirección de Investigaciones y la División Delitos Económicos de la Policía realicen el allanamiento en la sede de Las Margaritas.

El 26 de diciembre de 2016, un día después de la Navidad, la Policía allanó la sede de Las Margaritas SA, en el edificio de El Diario.

Un informe que produjo el oficial Enzo Gutiérrez el 27 de diciembre, y que dirigió al juez Zoff, dio cuenta de un imponderable: no se pudo dar con los libros contables por cuanto la mater familias, Leonor Barbero Marcial, los anotició de en un hecho policial: en 2012, habiendo viajado a Buenos Aires a visitar a su hija Dolores –a quien no encontró en su casa- fue sorprendida por desconocidos que le arrebataron esos documentos.

La causa siguió tramitándose, incorporando pruebas e informes contables y periciales, y el 28 de diciembre de 2017, un año después de la primera petición, los fiscales Cánepa y Ferreyra solicitan que se fije fecha de indagatoria para los hermanos Etchevehere y su madre.

Uno días antes, el 20 de diciembre de 2017, Firpo reasume en el Juzgado de Transición y retoma el manejo de la causa.

Pero ocurre un incidente procesal planteado por los defensores de la familia Etchevehere, Julio Federick y Leopoldo Lambruschini, y en ese marco la jueza Firpo decide aplazar ese trámite, la indagatoria, sin fecha.

Federik y Lambruschini recusaron a la jueza Firpo por declaraciones periodísticas a Entre Ríos Ahora, y todo eso llevó a un berenjenal. Después, los letrados desistieron de la recusación, pero la jueza se autopercibió como inmersa en una situación de “violencia moral” y pidió ser apartada de la causa Etchevehere.

El caso llegó a manos del juez Gustavo Maldonado, que entendió que las razones de Firpo para inhibirse “resultan un tanto excesivas de susceptibilidad”, y por tanto rechazó el pedido para apartarse de la causa.

La decisión se tomó el 14 de marzo de 2018.

Otra vez

El 18 de marzo de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra reiteran el pedido de indagatoria para el clan Etchevehere. No prospera. Lo vuelven a plantear el 18 de abril de ese año en un escrito en el que precisan el requerimiento de instrucción fiscal y detallan, de modo minucioso, de qué modo, mediante un sistema de triangulación, se vacía a SAER, la editora de El Diario, de todas sus propiedades a través de un complejo mecanismo en el que intervinieron Construcciones del Paraná, SA, de los Etchevehere, y Arroyo Ubajay y Nexfin SA, de los hermanos Walter y Viviana Grenón, dueños también de la Mutual AMUS.

Toma y daca

“Se advierte relevante que el producido de la venta de aquellos inmuebles fue a parar a manos tanto de aquellas empresas dirigidas por Grenón, como por Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere y que solo dos meses después, SAER buscaba obligarse con otras instituciones, distintas de las bancarias, para obtener más dinero ´fresco´para hacer frente a los compromisos económicos contraídos (…) lo que da la pauta que la venta de inmuebles tenía como destino exclusivo hacer circular el dinero  entre las empresas de los socios de SAER, vaciando a esta última y quedándose con sus bienes”, dice el dictamen fiscal.

El movimiento “circular” de dinero se explica así: la mutual AMUS (bajo la dirección de Walter Grenón) “prestó dinero a SAER y a Construcciones del Paraná SA (Flia Etchevehere); con el mismo, ésta última adquirió distintos bienes inmuebles a SAER, con cuyo producido se abonaron las deudas de ésta con Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere; es decir, que la firma Construcciones del Paraná se quedó con los bienes de SAER, y sus socios, los miembros de la Flia Etchevehere ya referidos, con parte del producido de dicha venta. Por otro lado, también similar operación habría realizado Walter Grenón a través de sus empresas, quien le presta dinero a SAER a través de AMUS, y luego compra sus bienes a través de Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA, quedándose también con parte del producido de dichas ventas”.

El dato que agregan los fiscales es que en la decisión de la venta de los inmuebles de SAER, que compraron las empresas de los Etchevehere y de los Grenón, “intervinieron siempre las mismas personas: Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere, como miembros del directorio, y luego Walter Grenón, Arturo Sebastián Etchevehere,y aquella última en representación de Luis Miguel y Juan Diego Etchevehrere”.

A la par de la descapitalización de SAER, editora de El Diario, dice el informe fiscal, “también se decidió ceder en garantía de distintos créditos con las mutuales descriptas –Mutual 10 de Abril, Mutual AMUS- los derechos de cobro de publicidad realizada al Gobierno de Entre Ríos por El Diario, que derivó en embargos judiciales sobre las cuentas de la empresa. Esa situación se originó por cuanto los Etchevehere y los Grenón “privilegiaron” la cancelación de las acreencias de los propios socios con la venta de inmuebles  “antes que a cualquier otro” acreedor.

En el dictamen que firmaron el 18 de abril de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra pidieron la formal instrucción de causa penal y la indagatoria de los hermanos y la madre de los Etchevehere y también, por primera vez, de Walter y Viviana Grenón, dueños de Red Mutual, Nexfin SA, Arroyo Ubajay y Mutual AMUS; de Luis Alberto Guevara y Germán Coronel, socios en SAER.

Pero en vez de resolver el planteo del Ministeiro Público Fiscal, la jueza Firpo se enredó en una polémica con los fiscales.

El 24 de mayo de 2018 la jueza Firpo firmó un escrito en el que pidió a los fiscales que dictaminen “fundadamente”: les mojó la oreja. Los fiscales Cánepa y Ferreyra le respondieron que el escrito elevado “contiene de modo fundado en la evidencia recabada hasta la fecha” todos los datos necesarios. Y que resolviera como mejor le plazca, traducido esto del dialecto tribunalicio.

No sos vos, soy yo, y así.

La causa llevaba entonces cinco años tramitándose en la Justicia entrerriana.

El 11 de septiembre de 2018 interviene en la causa otro fiscal, el séptimo, Ávaro Piérola, para plantear su disconformidad al pedido de sobreseimiento formulado por los Etchevehere.

El 16 de octubre, y tras la declaración en sede judicial de Dolores Etchevehere, Piérola insiste en que resulta prematuro abordar el pedido de sobreseimiento de los imputados.

En aquella declaración ante la jueza Firpo, Dolores Etchevehere no menciona, como lo diría en 2020, a partir del episodio de la toma del campo Casa Nueva, en Santa Elena, que fue presionada a firmar un acuerdo para desistir de todas sus reclamaciones.

“Recuerdo que ellos me ofrecen dos parcelas de tierra y eso es lo que recuerdo. No se ha efectivizado, son dos parcelas de partes de campo acá en Entre Ríos, que acepté”, dice respecto del acuerdo privado que su familia exhibe, rubricado en 2018. “Necesito esa cesión, sí, claro, cómo no”, declaró ante la jueza Firpo.

El 9 de marzo de 2020, el fiscal Piérola insistió en el pedido de citación a declaración indagatoria de los Etchevehere, los hermanos Grenón, Guevara y Buffa. La petición fue acogida favorablemente por el cuarto juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, pero sin fecha. El magistrado, en un escrito del 20 de mayo, dispuso que las audiencias serían “a determinar y conforme a la posibilidad de realización de las mismas, en el marco de la situación planteado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio».

En los 10 cuerpos que acumula la causa -casi 2.000 fojas- hay relatadas situaciones hilarantes, como la observación hecha por la abogada María Florencia Sieber, de la Sección Penal Tributaria de la Afip Paraná, quejándose de que al intentar enviar al Juzgado de Transición N° 1 diferentes informes requeridos, los mails rebotaban una y otra vez.

El 25 de agosto de 2020 le responde la abogada María Belén López Vargas, secretaria del Juzgado de Transición, anunciándole que “ya liberaron espacio en la cuenta para que puedan enviar la información requerida”.

Así, de ese modo tan ramplón, y de otros modos posibles, con planteos, recusaciones, excusaciones, dudas, observaciones, demoras, apelaciones, la causa por estafa que denunció Dolores Etchevehere lleva tramitándose en la Justicia 7 largos años.