Natalia Buiatti
De ANÁLISIS Digital

Para pedir la absolución de su representada, la contadora Corina Cargnel, el defensor Miguel Cullen la homenajeó con la imagen de una escultura crítica de la Justicia.

Al promediar el alegato defensivo de quien para Fiscalía es una especie de “mano derecha” de Juan Pablo Aguilera, se exhibió en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos -donde se desarrolla el megajuicio-, la imagen de la obra “Survival of the fattest” -supervivencia del más gordo, según la traducción al español-, del escultor danés Jens Galschiot.

“La ‘causa de las imprentas’ es el paradigma de lo que no se debe hacer en un Estado de Derecho. Traté de sintetizar en Corina Cargnel esta imagen, porque fue la que más sufrió los atropellos y vulneración de derechos. Lo que se resuelva aquí no tendrá incidencia sólo en ella. Porque si se permite que una persona no habilitada haga informes, no morirá en esta causa. Si se permite la intromisión a la intimidad sin fundamento, no tiene que ver con Cargnel, ni con Emiliano Giacopuzzi, ni con Alejandro Almada, ni con Maximiliano Sena, ni con Luciana Almada”, alertó el abogado en defensa de sus pupilos, la mayoría imputados en la causa que investigó el presunto direccionamiento de publicidad oficial a las empresas que se adjudican a Aguilera.

“Estando en una causa donde lo gráfico expresa mucho más que las palabras, y en homenaje a Corina quiero mostrar esta imagen, es la estatua de un escultor danés”, dijo Cullen y en la pantalla del salón se observó la imagen.

“Hoy es el Día de la Mujer. Brindo por ella, la felicito y pido su absolución”, requirió.

Cargnel no fue la única persona por la que habló Cullen este martes, también lo hizo por Gustavo Tórtul, imputado en la causa por la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur y, ayer lunes, alegó en favor de los imputados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Alejandro Almada. Queda pendiente su defensa a Cargnel en el expediente por la instalación del parador playero en Mar del Plata, que si bien había previsto desarrollarla este martes, pasó para el próximo jueves. De modo que el cronograma acordado hasta ayer, volvió a correrse en la jornada actual.

Según se indicó antes de pasar a un cuarto intermedio, el jueves la audiencia se reanudará con el tramo que le falta al Cullen; seguirá el abogado Marcos Rodríguez Allende, que defiende los intereses de Aguilera y su esposa, Luciana Almada.

Para el lunes quedó previsto el alegato defensivo del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. El abogado Raúl Barrandeguy, representante legal junto a Candelario Pérez del exmandatario provincial, adelantó que su defendido quiere decir unas palabras antes que se declare cerrado el debate y el tribunal pase a deliberar para dictar sentencia. Teniendo en cuenta esto, el lunes alegarían los abogados de Urribarri, el martes se harían réplicas y dúplicas y el jueves los imputados dirían sus últimas palabras.

“Cargnel simboliza el ataque a los derechos constitucionales”

“Si hay alguien que se erigió como monumento, destinataria de todos los atropellos, de todos los agravios constitucionales que podemos observar es Corina Cargnel. Si hay alguien que podría simplificar en una estatua cómo se le violaron los derechos y garantías más elementales es Corina Cargnel. Si tendríamos que contraponer a la imagen del monumento de la reforma constitucional y tendríamos que simbolizar el ataque a derechos constitucionales, no me cabe duda que deberíamos utilizar a Corina Cargnel”.

Así arrancó su alegato el defensor Miguel Cullen, en defensa de la imputación que se hizo a Cargnel en la causa de las imprentas. “En el alegato de apertura se manifestó que Cargnel realizó la caja negra de la corrupción. Que todo estaba sintetizado en arrojar el disco externo a través del ventiluz de un baño. Cargnel se nos presenta en el debate como blanco central de cada agravio constitucional”, insistió.

Remarcó que en el teléfono de su representada no se encontraron contactos con funcionarios públicos, puntualmente aquellos acusados como autores -Urribarri y Báez-. Aseguró que con el transcurrir del proceso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) cambió el hecho imputado. “En el despliegue de plumas, como no encontraron el dolo porque no existe una sola comunicación entre Cargnel y funcionarios, presumieron el dolo y le achacaron que tiró el disco externo”, subrayó.  

Se mostró molesto con el alegato de la fiscal Patricia Yedro, a cargo de la investigación y acusación en la causa de las imprentas. “Si era una empleada más de Aguilera ¿por qué imputada como partícipe necesaria?”, preguntó. Habló de “hipótesis mentirosas y testimoniales poco creíbles de Fiscalía”. “Cambian la acusación y en esa locura de acusarla nos olvidamos de la civilización, del derecho penal que progresó al bienestar de los seres humanos y le decimos: ‘Lo que no podemos desconocer o dejar de admitir es que niegue haber sido contadora interna de la empresa y mano derecha de Aguilera, porque le rendía cuentas, no lo hacía para Giacopuzzi, ni Almada ni Sena’”, dijo y de ese modo retomó las palabras finales de Yedro.

Agregó que “todos los libros de Tep están aprobados y avalados por la AFIP”. “Este es el juicio al que se quiere someter a Corina Cargnel, todo el fundamento de la acusación fue sacado de computadoras, celulares y el disco externo que fue secuestrado de manera harto irregular. En este proceso se obvió cumplir con la ley y constitución”, reafirmó.

Reeditó cuestionamientos a la investigación que se hicieron durante el juicio. En esa línea, criticó el secuestro del disco externo y el procedimiento de extracción de información. Aseguró que no se respetaron las cadenas de custodia, agregó que se secuestraron dispositivos informáticos sobre los que no hubo intervención posterior. “Si me animo a plantearlo es porque sé que voy a tener eco, si no ni lo digo”, expuso.  

Criticó la declaración como testigo de la empleada doméstica de la vivienda donde se secuestró el disco externo. Afirmó que los registros documentales contrastados a los testimonios, muestran incongruencias. “Cargnel no arrojó nada, porque siempre estuvo en custodia policial”, afirmó y de ese modo descartó la acusación de Fiscalía.

Se refirió después a los supuestos retornos achacados por Fiscalía. Cabe recordar la acusación: las empresas publicitarias Tep y Next llevaron adelante una especie de cartelización de la publicidad en vía pública y crearon un sistema a partir del cual, otras empresas publicitarias como Montañana y Bustamante, cuando resultaron adjudicadas con contratos del Gobierno provincial, debieron retornar una parte del dinero a las empresas que funcionan bajo la denominación comercial Formato Urbano en Paraná y se adjudican a Aguilera. En ese sistema, los fiscales identificaron a Cargnel con el rol de “mano derecha” de Aguilera, encargada de hacer funcionar la maquinaria de las presuntas devoluciones. Remesas de dinero que también, siempre según la acusación fiscal, se nombraron como “compensaciones”.

“Es muy común que entre empresas, los contadores se digan cuando hay que facturar para descargar IVA. Nunca estuvo en discusión lo que paga el Estado en publicidad, el valor de los carteles en crisis, la licitud de cada contratación, lo que estuvo en discusión fue sólo la titularidad de las empresas, y lo que terminó en la tercera fase de acusación fue ver si existió cartelización. El Estado demoraba un año en pagar las órdenes de publicidad, eso generaba saldos a favor y en contra”, explicó Cullen y ejemplificó: “Corina preguntaba a Bustamante o Montañana si ya habían cobrado para pedirles que les pague lo que debían. No es un retorno, Cargnel se interesaba en saber si Bustamente había cobrado o no, no para manejar sus finanzas, sino para que le paguen lo que le deben. ¿Qué es lo ilícito?”.

Pedido para desechar la propia prueba

En otro tramo de su alegato, Cullen volvió sobre las garantías constitucionales, cuestionó la intervención de los dos bioingenieros del MPF que no están matriculados en el colegio Profesional de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier) y realizaron informes. “Acá si son miembros del MPF no necesitas ley de colegiación, ni matrícula, y podés hacer lo que querés”, arremetió.

Pidió desechar el trabajo que él mismo mandó hacer. Se trata de un informe que no era parte del acuerdo probatorio entre las partes pero, en una medida excepcional, el tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón permitió que se produzca en el debate oral. “Como estaba matriculado a nivel nacional pensé que era suficiente. Eso debe ser desechado también”, dijo en referencia a Maximiliano Macedo -el perito informático de parte-, al mismo tiempo que pidió la exclusión probatoria de los informes de los bioingenieros Guillermo Ferrari y Martín Herrlein. “No es una cuestión formal. Admitir que quien no está matriculado pueda hacer un acto de quien sí tiene matrícula, es como poner a operar en quirófano a quien no está capacitado”, comparó.

En el mismo sentido reclamó que no se consideren los informes telefónicos que indican cruce de llamados, algo que para Fiscalía constituyen una prueba sobre las negociaciones incompatibles. “¿Puede el Estado indagar a quien llamé ayer, a qué hora? Sí, pero es necesario una orden judicial. La causa de las imprentas es el paradigma de lo que no se debe hacer en un Estado de Derecho”, cerró.

“Signos malvados del demonio”

Cullen alegó también por la imputación que enfrenta Gustavo Tórtul, excoordinador contable de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur. El contador que se desempeña en el Gobierno provincial fue imputado junto a Hugo Céspedes -falleció cuando inició el debate- por disponer las partidas presupuestarias para difundir cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre que, según entiende Fiscalía, fueron para promover la figura del exgobernador Urribarri.

Habló también de Céspedes: “Se rodeó de gente intachable, fue excelente y no podía discutirse su honorabilidad.  Estaba orgulloso dela Cumbre del Mercosur y de las personalidades que llegarían a Paraná”.

“No creyeron que los spots fueron cedidos gratuitamente por los hermanos Berger. Esa idea que nos muestra signos malvados del demonio. Teniendo los spots se llama a licitación pública para la difusión, algo decidido por Céspedes cuando podía hacer una contratación directa. Creo que si hubiese decidido una contratación directa, hubiese terminado preso, porque con licitación pública fue imputado”, advirtió.

“Céspedes le ahorró 3 millones de pesos al Estado entrerriano y está traído a juicio. Y Gustavo Tórtul pagó la difusión de los spots, eso hizo. Todo estaba aprobado por los órganos de control. Pero acá se imputan negociaciones incompatibles y Gustavo Tórtul ¿qué tiene que ver?”, preguntó.

La referencia a Benedetti

En el mismo alegato, Cullen citó el fallo en el que se rechazó la incorporación de listados de cruces telefónicos en la elevación a juicio de la causa supuestos sobreprecios de cuadras de asfalto en Larroque. “Un fallo señero que rechazó estos listados cuando no son pedidos por orden judicial ni están suficientemente fundamentados. Es la causa donde se discute la realización de las cuadras de asfalto con el plan Más Cerca Más Municipio y el denunciante no es un cuatro de copas, es quien fue candidato a gobernador de esta provincia por el radicalismo, el señor Benedetti”, mencionó casi al final de su exposición. “A veces cumplir la ley es cosa de valientes”, valoró.

“¿Tenía la posibilidad Tórtul de oponerse a lo que sostenían los órganos de control? No la tenía, si se hubiese pretendido oponer no hubiera zafado de estar frente a ustedes por entorpecimiento de la realización de la Cumbre del Mercosur”, completó.